ERC hace guiños a Junts para configurar la Mesa del Parlament mientras pone condiciones a Illa para la investidura

Queda una semana para que comience oficialmente la nueva legislatura en Cataluña y los posicionamientos de los partidos ante la conformación de la Mesa del Parlament y el debate de investidura comienzan a ganar algo de concreción. Esquerra Republicana, cuyos 20 diputados son clave en ambas situaciones, redobló la presión hacia el PSC y Junts per Catalunya, las dos formaciones que le han pedido el apoyo. La portavoz republicana Raquel Sans dejó clara este lunes la apuesta de su partido por una Mesa que denominan “antirrepresiva” —donde Junts, CUP y los comunes puedan tener el control pactando su presidencia— y fijó su exigencia para decantarse en la elección del nuevo jefe del Govern: “Quien tenga intenciones de ser investido, como mínimo, que ponga la financiación singular sobre la mesa”, dijo en la rueda de prensa semanal de ERC.

La secretaria general de los republicanos, Marta Rovira, ya había dado el paso el pasado sábado al aterrizar las exigencias. En un mitin en Vic, la encargada de capitanear las negociaciones abrió el melón de las peticiones. “No usaremos nuestros votos para un presidente sin programa en Cataluña. Toca exigir la financiación justa y singular que necesita el país”, aseguró a través de videoconferencia. Una de las portavoces de la formación, Raquel Sans, tras la reunión semanal del partido, se encargó de redoblar la presión. “Pedimos la financiación singular porque tenemos que defender los intereses de todos los catalanes y, por tanto, que aquellos recursos que se generan aquí sirvan para pagar los servicios públicos que necesitan”, dijo.

En las filas de ERC siguen insistiendo en la necesidad de pactar las condiciones para la celebración de un referéndum de independencia —no una fecha—, pero se ha puesto la meta de lograr la financiación singular. La propuesta la presentó el president en funciones, Pere Aragonès, antes de las elecciones, dando así contenido a lo acordado con el PSOE para la investidura de Pedro Sánchez. Las pretensiones de los republicanos pasan porque la Agencia Tributaria de Cataluña recaude y gestione todos los impuestos, pactando con el Gobierno una aportación a un fondo de solidaridad interterritorial y el pago de los servicios estatales, como el Ejército. Los socialistas, si bien aceptan que la Generalitat está mal financiada, apuestan por una mejora del modelo autonómico y el desarrollo del Estatut en lo que se refiere a la creación de un consorcio tributario integrado por la administración tributaria catalana y la estatal.

“Que nadie dé por sentados nuestros votos”, pidió Sans, tras recordar que a su partido no le da miedo una repetición electoral a la que llegarían con el pie cambiado. Sin candidato elegido y con sus filas completamente divididas por el pulso interno entre el presidente de la formación, Oriol Junqueras, y los que defienden la necesidad de un cambio de caras en la dirección de los republicanos. La portavoz ha insistido en que tienen los recursos y posibles candidatos, aunque no ha puntualizado quiénes o si se ha avanzado en este escenario. “Estamos preparados para todo”, apostilló.

Sans negó que “formalmente” el PSC o Junts le hayan ofrecido la presidencia de la Cámara dentro de las negociaciones que se están llevando a cabo estos días entre los partidos y ratificó de manera nítida la apuesta por una Mesa de la Cámara cuya presidencia pueda no estar en manos del PSC, el partido más votado. El objetivo de este planteamiento, que necesitaría que los comunes se sumaran, es que los diputados que residen en el extranjero puedan votar y se pueda “debatir todo”. La portavoz se esmeró en sacar de ese grupo al PSC, recordando que en el pasado se ha posicionado en contra de las delegaciones de voto de los diputados huidos de la justicia española en el exterior. Con todo, la también diputada electa ha evitado entrar en el juego de nombres de posibles republicanos que ocuparan la presidencia y ha instado a Comunes Sumar a que muevan ficha sobre qué piensan hacer en la Mesa del Parlament.

Òmnium Cultural, por su parte, ha anunciado que creará una “sindicatura” para fiscalizar la aplicación de la ley de amnistía y asegurarse de que todos los afectados puedan verse beneficiados. La entidad cultural pretende que ese observatorio sirva para “coordinar las defensas de los represaliados”, que cifra en más de 1.600 personas, pese a que el Gobierno siempre ha hablado de que la cifra de amnistiables está en torno a los 400. El equipo de abogados de Òmnium denunciará posibles “vulneraciones” en la aplicación de la ley por parte de los tribunales. “Somos conscientes de que la máquina represiva del Estado sigue en marcha y la obsesión por dinamitar la amnistía y criminalizar al independentismo continuará”, ha afirmado en un acto este lunes el presidente de la entidad, Xavier Antich.