Cirugía y brocha gorda

Las elecciones hacen aflorar una supuesta dialéctica entre preocupaciones reales y ficticias de la ciudadanía. Se suele considerar que la vivienda, la educación, la sanidad, la inmigración, los servicios sociales y, por supuesto la financiación autonómica son el grueso de los problemas reales, mientras los asuntos más ideológicos quedan en el universo metafísico. Pero no es así. En campaña electoral, la ideología se impone e incluso falsifica datos y alimenta preocupaciones ciudadanas con el objetivo de atraer al mayor número de votantes posible y compactar a los propios.

La campaña ya concluida ha dado numerosos ejemplos de ello. La derecha ha hecho bandera, entre otras cosas, de las ocupaciones de viviendas. Alberto Núñez Feijóo ha llegado a afirmar que la autonomía es poco menos que territorio de anarquía, desorden y falta de respeto a la propiedad. En la Cataluña, donde 20 familias son diariamente desahuciadas de su vivienda, en 2023 hubo 445 ocupaciones ilegales del total de las 2.261 de toda España, según datos del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Se prometen oficinas contra la ocupación, como las que ya existen en comunidades y municipios donde gobiernan los cultivadores del miedo: PP y Vox. Sus resultados son tan exiguos que no se hacen públicos, como sucede en Badalona, Castilla-León o Comunidad Valenciana. Propagandísticamente, sin embargo, logran su objetivo de transmitir la sensación de seguridad y salvaguarda de los principios.

Pero la derecha y la extrema derecha no están solos. Quienes aspiran a la hegemonía o a sumar una mayoría suelen, en ocasiones, acompañarlos. Junts per Catalunya puso como condición para aprobar los fracasados presupuestos de la Generalitat para 2024 dar luz verde a una unidad policial contra las ocupaciones. El PSC ha recogido el guante y lo ha incorporado a su programa electoral.

Es cierto que hay narcopisos ocupados, pero son desalojados de manera inmediata. Extender la anécdota a categoría es esconder el problema de la vivienda. El 90% largo de los desahucios corresponden a pisos de grandes tenedores a quien la banca –que el año pasado obtuvo 23.000 millones de beneficios– traspasó sus carteras inmobiliarias. Los partidos responsables deberían acabar con los espejos distorsionadores.

Además de la vivienda, la seguridad es otra de las piedras sobre las que asienta el razonamiento conservador. Se puede remachar hasta la saciedad, como hace el PP, que Cataluña es la comunidad con mayores tasas de criminalidad. Pero tal afirmación pierde fuelle confrontándola con datos: 60,6 por 100.000 habitantes, cuando el índice en Baleares es superior (63,4) y que en Madrid (59,2) solo es un punto inferior. En la capital de España, por cierto, es donde más robos en domicilios se producen: uno cada 20 minutos. Y a nadie se le ocurre presentar el Madrid de Ayuso y Almeida como la patria de los desvalijadores de domicilios.

Pero al margen de espejos distorsionadores y campañas ideologizadas, el Govern que surja de las urnas el 12-M no lo va a tener fácil. Cataluña es la penúltima comunidad autónoma en inversión por habitante y año en sanidad (1.362 euros en 2022). Después de los recortes de los gobiernos de Artur Mas es un milagro que solo el Madrid de la libertad (1.249 euros) gaste menos. En políticas sociales, por detrás de Cataluña (2.781 euros por habitante) solo está, otra vez, Madrid (2.399 euros). En Educación, Cataluña –en mitad de la tabla– invierte 1.005 euros por habitante, contra los 826 de Madrid del dumping fiscal.

Tampoco hay que olvidar que en Cataluña 700.000 personas están en situación de pobreza material y social severa, y que la Generalitat apenas da cobertura a 140.000. Excepto el País Vasco y Navarra –que cuentan con el cupo– las autonomías de régimen común cojean en muchas partidas por falta de una financiación tan ajustada como injusta. Pero eso no lo es todo. Venimos de 10 convulsos años de procés y es precisa una gestión de los problemas que se asiente más en la cirugía que en la brocha gorda del populismo y la demagogia.