El Govern intenta desvincular del turismo el alquiler de 13 desalinizadoras para el verano: “No tiene que ver”

La gestión de la sequía está llenando de piedras el último tramo del mandato de Pere Aragonès. El Govern ha logrado una ampliación de crédito a los presupuestos prorrogados por valor de 145,2 millones de euros para combatir y paliar los efectos de la falta de lluvias, pero no ha podido evitar una dura reprobación de la totalidad de grupos representados en el Parlament. El consejero de Acción Climática David Mascort ha repetido que Cataluña afronta “la peor sequía de la historia” y alega que “el Govern hace los deberes”, pero todos los partidos sin excepción lo acusan de improvisación y de falta de planificación. Mascort ha defendido la última medida avalada por el Ejecutivo de ERC: el alquiler de 13 desaladoras para abastecer de agua a Barcelona y a varios municipios del norte de la Costa Brava durante el verano. “No tiene que ver con el turismo, se trata de llevar agua allí donde viven personas”, ha subrayado. “Nunca lo habían puesto encima de la mesa y cuando lo propusieron los hoteleros ustedes no parecieron muy entusiasmados”, le ha recordado a Mascort la portavoz del PSC, Alicia Romero. “Deberíamos tener agotada la capacidad de sorpresa, pero nos siguen sorprendiendo”, ha expuesto el diputado de Junts, Francesc de Dalmases.

La convocatoria de elecciones conlleva que la actividad parlamentaria se concentre en la diputación permanente del Parlament. En ese escenario el Govern ha defendido este viernes la conveniencia de aprobar dos decretos ley claves para poder gestionar el trecho final de la legislatura. El primero buscaba un suplemento de crédito de casi 1.850 millones de euros, un extra a los presupuestos de la Generalitat del 2023, que han tenido que ser prorrogados. La consejera de Economía Natàlia Mas ha afirmado que este decreto, que busca oxígeno financiero para asegurar el pago de servicios que presta la Generalitat, es fruto del rechazo del Parlamento al proyecto presupuestario del Govern para este año, por la “irresponsabilidad” de quienes votaron en contra, lo que precipitó el adelanto de las elecciones catalanas. Ha recibido los votos a favor de ERC, PSC, JxCat y En Comú Podem, las abstenciones de la CUP, Ciudadanos y el PP, y el voto en contra de Vox. “Votamos a favor por responsabilidad, porque nuestro papel es facilitarle la vida a la gente, no facilitarle la vida al Govern”, ha señalado Jèssica Albiach, de los comunes, y un argumento parecido ha sostenido el PSC. “No sufra que aquí estamos la gente de Junts, que siempre llevamos las gafas de país y no las de partido”, ha razonado el diputado de Junts Francesc de Dalmases.

El Govern también ha llevado a la diputación permanente un decreto para poder desplegar medidas para abordar la escasez de agua que afecta a Cataluña. El consejero David Mascort ha afirmado que es “imprescindible e improrrogable contar con más recursos” para hacer frente a la sequía “más larga, dura y persistente”. La Generalitat acordó a comienzos de febrero con el Gobierno central el uso diario de barcos cargados con siete hectómetros cúbicos de agua procedentes de Sagunto (Valencia), que descargarían en el puerto de Barcelona, para abastecer este verano a la capital catalana, pero esa opción se ha descartado y ahora la apuesta pasa por la instalación de desaladoras móviles financiadas con fondos del Ejecutivo catalán. La medida, que supone una factura de 30 millones de euros, no solo se contempla para el área metropolitana sino también para la Costa Brava norte. “No tiene nada que ver con el turismo”, ha insistido Mascort, y ha reprochado a los grupos políticos que no apoyasen los presupuestos para 2024, ya que eran “los más expansivos de la historia” y “destinaban 1.000 millones para hacer frente a la sequía”.

A pesar del descarte definitivo a los buques cisterna del Ejecutivo catalán, fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica informan a EL PAÍS que continuarán con las obras en la planta valenciana para producir los recursos hídricos. “Es una infraestructura necesaria, ya no solo para este año, sino para futuros episodios de este tipo”, afirman desde el órgano que dirige Teresa Ribera. Las mismas voces aseguran que el Gobierno estará “disponible para ayudar como hemos hecho hasta ahora” si la Generalitat lo solicita.

El decreto ha salido adelante con los votos a favor de PSC, ERC, Junts y comunes, el rechazo de Vox y la abstención de CUP, Ciudadanos y PP. La portavoz el PSC en el Parlament, Alícia Romero, ha asegurado que se trata de un decreto urgente, pero ha afeado la improvisación que considera que está llevando a cabo el Govern en la gestión de la sequía, tras lo que ha pedido al conseller que “ejecuten con celeridad” todas las obras programadas.

Francesc de Dalmases (Junts) ha reprochado la falta de autocrítica del Govern, que considera que va tarde en la gestión de la sequía, y ha asegurado que el trabajo del Ejecutivo catalán no genera ninguna confianza: “Cada día cuenta, aunque esté en funciones no decepcione el crédito que le otorga hoy este Parlament”, ha pedido a Mascort.

El diputado de la CUP Xavier Pellicer ha asegurado que el decreto “es poner parches” a la gestión de la sequía, y ha criticado que se destinen 30 millones a construir desaladoras, ya que considera que alimenta una burbuja de producción de agua. La líder de los comunes, Jéssica Albiach, ha criticado que el Govern de ERC esté “acelerando la toma de decisiones” durante la precampaña electoral, y les ha acusado de llegar tarde y no tener un plan para la sequía, tras haber cambiado de opinión sobre traer agua en barcos y habilitar desaladoras temporales.

A su turno, el diputado del PP catalán, Alejandro Fernández, ha defendido que la solución a corto plazo para la sequía es la interconexión del Ebro para llevar agua desde Tarragona a Barcelona, ha acusado al Govern de proponer medidas “improvisadas, algunas desconcertantes, otras incluso ridículas” e insuficientes y ha instado al conseller a ser realista.