El Gobierno aprobará un paquete millonario de ayudas directas al campo por la sequía en el arranque de la campaña

Si la vivienda ha sido uno de los asuntos centrales de la precampaña electoral, la sequía puede ser uno de los principales de la campaña. El Gobierno ha decidido convocar un Consejo de Ministros justo el día que comienzan, en la noche del jueves, las dos semanas frenéticas para buscar el voto de las elecciones municipales y autonómicas del 28 de mayo en el que se aprobará un gran paquete de ayudas directas al campo por la sequía, según fuentes del Ejecutivo. Hasta ahora, el Gobierno había aprobado una enorme rebaja fiscal al campo, con reducciones del IRPF en el sistema de módulos de 1.807 millones de euros en 2023, y había presentado 317 millones de euros para fomentar los seguros agrarios frente a la sequía, que este año están suponiendo cifras récord para compensar las pérdidas. Pero no basta. La sequía es devastadora y muchos agricultores están pensando en no plantar, lo que pararía la producción y dispararía aún más los precios de los alimentos. Por eso, este jueves el ministro de Agricultura, Luis Planas, presentará un plan que incluirá muchas medidas, pero sobre todo una gran cantidad, que el Ejecutivo aún no detalla, de ayudas directas a los agricultores para paliar la sequía y sobre todo para intentar que no detengan por completo la producción.

Las ayudas no serán indiscriminadas, porque no todas las zonas de España y no todos los cultivos están sufriendo por igual la sequía, pero sí será una de las mayores inyecciones de dinero en el campo de la historia, también adelantando ayudas de la PAC (política agraria común) para rescatar a agricultores y ganaderos, un sector decisivo en España y con grandes cotas de exportación, también para evitar que se disparen los precios de los alimentos. Agroseguro, la Agrupación Española de Entidades Aseguradoras de los Seguros Agrarios Combinados, estima que las indemnizaciones por los daños provocados por esta sequía ya alcanza los 300 millones de euros, lo que la convierte “en el mayor siniestro en la historia del seguro agrario”, por encima de los 210 millones de euros de la de 2012.

El plan de Planas no irá solo, estará acompañado por otro liderado por la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, que supondrá también una gran inyección directa de fondos para acelerar las obras hidráulicas que ya están previstas para optimizar el regadío y buscar alternativas a las actuales reservas de agua, muy disminuidas por la sequía. Ambos ministros comparecerán en La Moncloa para ofrecer los detalles. Además, el Ejecutivo aprobará también un plan de Trabajo, liderado por la vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, para prohibir la actividad de trabajadores al aire libre cuando el calor sea muy intenso, sobre todo allí donde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) haya activado un aviso por riesgo de altas temperaturas naranja (importante) o rojo (extremo). La oposición critica que el Gobierno apruebe ahora un plan así porque lo considera “electoralista”.

El abril más árido que se recuerda ha dado paso a un mayo también escaso en lluvias, dentro de un año que ya es el “más seco de la serie histórica”, según los datos de la Aemet. La reserva hídrica ha caído al 48,9%, con lo que encadena cinco semanas a la baja, y el agostamiento que agrava el cambio climático ya es uno de los elementos de discusión política central en muchas autonomías, especialmente las más agrícolas. Frente a esta situación, el Gobierno opta por una lluvia de millones para intentar impedir que se paralice el campo más afectado por la sequía.

En las últimas semanas, ya ha comparecido varias veces tras el Consejo de Ministros el propio Planas y la vicepresidenta Ribera, para anunciar medidas frente a la escasez de lluvias. Sin embargo, es la primera vez que se convoca un Consejo de Ministros extraordinario específico sobre este asunto, lo que da idea de la prioridad que le da el Gobierno. El Ejecutivo ya ha entrado de lleno en este asunto como una de las cuestiones decisivas de la precampaña electoral, al ir al choque con la Junta de Andalucía por la iniciativa del PP y Vox de legalizar pozos ilegales en el entorno de Doñana. La cuestión ha llegado a Bruselas y el PP ha pospuesto cualquier avance en este asunto hasta después de las elecciones, a la vista de que le perjudicaba. Pero más allá de Doñana, la guerra del agua es un asunto político de primera magnitud. La sequía y la lucha contra el cambio climático es una cuestión central en la política del Gobierno, el primero que cuenta con una vicepresidencia de Transición Ecológica. Pero este consejo dará un salto y se colocará en primera línea política el día del arranque de la campaña.

El PP, a través de su presidente, Alberto Núñez Feijóo, ha reprochado al Gobierno que después de cinco años se ponga ahora a hacer un plan de choque contra la sequía. Pero el Ejecutivo contesta con los datos de lo que ha hecho hasta ahora. “Este Gobierno está del lado de agricultores y ganaderos y combate las consecuencias de la emergencia climática, como muestra la batería de ayudas e inversiones adoptadas”, explica una nota de La Moncloa. La batería empezó con 450 millones de euros en ayudas el 15 de marzo de 2022, “a los que se suman unos 650 millones de euros en ayudas directas extraordinarias ya pagadas a sectores ganaderos, cítricos y para paliar el coste de fertilizantes”. Además, se han aplazado cuotas sociales para empresas y autónomos, así como la reducción de las peonadas necesarias para percibir el subsidio agrario. También se llevó a cabo una gran rebaja fiscal, con 1.807 millones en 2023 para más de 800.000 agricultores y ganaderos.

El Ejecutivo detalla además todas las inversiones que se han realizado en estos años para hacer frente a la sequía, algo que le reclama con insistencia el PP. La Moncloa asegura que desde 2018, cuando llegó Pedro Sánchez a la presidencia, “ha incrementado la inversión en agua casi un 70% hasta los 541 millones”, y que “los planes hidrológicos aprobados prevén inversiones de 22.844 millones de euros y más de 6.500 medidas”, con fondos europeos de 3.167 millones de euros hasta 2026 dedicados al agua, con un proyecto estratégico para la recuperación y transformación económica (PERTE) específico. También detalla 1.600 millones de inversión para la depuración, saneamiento, reutilización, eficiencia, digitalización, restauración de ecosistemas y seguridad y 2.150 para modernización de regadíos.

Por el contrario, en el PP insisten en que el Gobierno no ha hecho nada y no confían en que lo haga en esta reunión extraordinaria, que ven como un gesto propagandista. El presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla (PP), ha calificado de “electoralista” el Consejo de Ministros extraordinario. Moreno Bonilla, uno de los barones del PP más afectados por la falta de agua, se ha mostrado en Madrid muy escéptico por el anuncio del Gobierno, que encuentra “claramente electoral”, informa Elsa García de Blas.

En cualquier caso, el Gobierno sí está logrando que la campaña electoral se centre en asunto de contenido real, debates sobre política pública —vivienda, agua, jóvenes, educación, sanidad— en los que cree que está más fuerte, mientras el PP trata de centrar la campaña en la “derogación del sanchismo”, esto es, movilizar a los votantes contra el presidente del Gobierno y su gestión para que perjudique a los candidatos socialistas. Las dos campañas son completamente diferentes, y en La Moncloa creen que con una estrategia de anuncios constantes y decisiones de impacto están logrando controlar la agenda política y que se hable del trabajo del Ejecutivo, que es el terreno en el que prefiere moverse el PSOE.

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