La Junta Electoral retira el escaño a Laura Borràs y sanciona a la ministra portavoz del Gobierno por criticar a Feijóo

La Junta Electoral Central (JEC) decidió en una larga reunión que duró toda la tarde del miércoles retirar el escaño a la expresidenta del Parlamento de Cataluña, Laura Borràs, y abrir un expediente sancionador a la portavoz del Gobierno, Isabel Rodríguez, por criticar al PP y al líder de la oposición, Alberto Núñez Feijóo, desde el Palacio de la Moncloa durante diversas ruedas de prensa posteriores al Consejo de Ministros en las últimas semanas, ya en periodo preelectoral. Según adelantó Abc y confirmó EL PAÍS, la Junta tomó la decisión sobre la portavoz gubernamental después de varias reclamaciones del PP, aunque aún no se la ha comunicado oficialmente al Ejecutivo. La decisión contra Borrás se trasladará también este jueves formalmente. Esos dos acuerdos se adoptaron por unanimidad de los 13 miembros de la Junta.

La sesión de la Junta Electoral Central del miércoles duró tanto que formalmente han dejado para este jueves una nueva convocatoria para redactar sus resoluciones, que en cualquier caso quedaron resueltas, y para comunicarlas a las partes afectadas.

Los miembros de la JEC estudiaron las numerosas alegaciones presentadas por parte de la defensa de la diputada de JuntsxCAT Laura Borrás, expresidenta del Parlamento catalán, y por esa misma institución, y se limitaron a constatar las cuatro sentencias del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y su ratificación por el Supremo confirmando la decisión sobre la retirada de su escaño tras haber sido condenada a 4 años y medio de cárcel, a 13 de inhabilitación y al pago de una multa de 36.000 euros por falsedad en documento oficial y prevaricación administrativa. La JEC acuerda en su respuesta, que se conocerá este jueves, que según la Ley Electoral General, el Parlamento catalán debe “dejar sin efecto la credencial de Laura Borràs” como diputada autonómica, tiene que entregar su escaño, y esa credencial debe expedirse para el siguiente candidato de la lista, en este caso Antoni Castellà. El asunto apenas despertó discusión entre los 13 integrantes de la Junta Electoral, de diferentes procedencias, según fuentes internas de ese órgano. “La JEC culmina su despropósito con una nueva filtración antes de informar a Laura Borràs. Una nueva injerencia del Estado en la política catalana donde un órgano administrativo puede alterar el poder legislativo”, escribió en Twitter Jordi Turull, secretario general de Junts.

La discusión sobre el futuro parlamentario y político de Borràs fue “más bien técnica y pacífica”, según fuentes de la institución, como resultó también el debate sobre las intervenciones de la ministra portavoz desde La Moncloa. La JEC ya había apercibido en dos ocasiones a Rodríguez y finalmente el miércoles, optó por un tercer apercibimiento, que supone, como está reglado, un procedimiento de sanción que terminará con toda probabilidad en una multa. Aunque para llegar a ese punto aún faltan al menos dos o tres meses de largo proceso, con varias fases de alegaciones y recursos, con lo que la multa llegará en cualquier caso tras las elecciones municipales y locales del día 28. La sanción que se le podría imponer oscila entre los 300 y los 3.000 euros.

El PP acudió a la Junta Electoral porque entiende que la portavoz, y también la vicepresidenta tercera, Teresa Ribera, con la polémica por la legalización de regadíos en Doñana tramitada en el Parlamento andaluz por el Gobierno de Juan Manuel Moreno (PP), han aprovechado las ruedas de prensa de los martes tras el Consejo de Ministros para “hacer mítines electorales” contra la oposición. El Gobierno alegó que la portavoz no hace ninguna crítica a Feijóo en su exposición inicial, cuando da cuenta de los asuntos tratados en el Consejo de Ministros, y solo hay algún análisis político cuando los periodistas preguntan por asuntos concretos, y no a iniciativa de la ministra. Si no lo hiciera así, señalan en el Ejecutivo, se anularía la utilidad de las ruedas de prensa de los martes, en las que los periodistas preguntan por cuestiones de actualidad y buscan respuestas de contenido político, y no solo información de los asuntos resueltos en el Consejo. La rueda de prensa de los martes, que antes era los viernes, ha sido siempre un referente de la actualidad política donde se da un mensaje del Gobierno sobre los asuntos más dispares.

“La existencia de una rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros constituye, sin ningún género de dudas, una parte del normal funcionamiento de nuestro poder ejecutivo”, alega el Gobierno. “La obligación que recae en los representantes del Ejecutivo, y de manera singularizada en la persona que ostenta la portavocía, de contestar a las preguntas de los medios acreditados es una parte nuclear de las ruedas de prensa y de la normal fiscalización que los medios de comunicación llevan a cabo del Gobierno como elemento de transparencia. Que el Gobierno se someta al control que llevan a cabo los medios de comunicación es una manifestación de la misma esencia de los derechos fundamentales contenidos en los artículos 20.1.a y 20.1.d de la Constitución, y de absoluta normalidad democrática”.

Este debate sobre el alcance de lo que se puede decir y promocionar en estos periodos preelectorales desde La Moncloa estuvo presente en la cita de la Junta Electoral, que estudió al detalle las transcripciones y los vídeos enviados por el Ejecutivo en su defensa. La JEC observó así que no tenían sentido algunas de las reclamaciones del PP contra valoraciones efectuadas por la ministra Rodríguez sobre los debates cara a cara en el Senado entre el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y Feijóo, o sobre las consecuencias de la reciente huelga de los jueces. El PP metía en su recurso solo una parte de las respuestas de Rodríguez, en la que aludía a los logros que el Ejecutivo se apunta en materia de vivienda, pero ocultaba las referencias en la pregunta de la periodista a los otros asuntos. Los componentes de la Junta Electoral escrutaron toda la rueda de prensa y no estimaron una vulneración de la ley por parte de Rodríguez en toda su intervención, sino solo en la parte en la que conectaba la exhumación del valle de Cuelgamuros del fundador de la Falange, José Antonio Primo de Rivera, con críticas al PP.

El Gobierno argumenta que incluso en los periodos electorales los ministros deben contestar a las preguntas en las ruedas de prensa y rechaza que “las contestaciones espontáneas realizadas” se tengan que considerar una “campaña de logros”, sino una simple manifestación del normal intercambio de afirmaciones entre los profesionales del periodismo y los representantes del Ejecutivo. El Ejecutivo defiende que esas cuestiones “se desconocen previamente” y “no están en el objeto del acto, que es informar del contenido del Consejo de Ministros, siendo absolutamente espontáneas y solo como respuesta al deber de contestar a los medios que cumplen su finalidad constitucional en garantía del derecho a la información”.