La sombra de cuatro años de Vox en Andalucía: sin avances en Igualdad y parálisis en Memoria Democrática

“Tenga por seguro que acabaremos con sus chiringuitos”. “Si en esta legislatura lo que han hecho es aprobar por ley que los menas [menores inmigrantes no acompañados] tendrán acceso preferente a todo tipo de ayudas, nosotros queremos conseguir que no sean nuestros hijos y nietos quienes se vean sometidos a una pena de destierro”. Son dos de las frases que la candidata de Vox a la Junta de Andalucía, Macarena Olona, ha pronunciado durante la campaña electoral y en las que sienta las bases de dos de sus ejes ideológicos: contra la igualdad y la migración. Son órdagos similares a los que hace tres años y medio lanzó el entonces líder de Vox en la comunidad, Francisco Serrano, que pidió cambiar el nombre al Instituto Andaluz de la Mujer por el de Violencia Intrafamiliar. Las organizaciones y expertos consultados advierten de los riesgos de no haber rechazado con contundencia unos discursos que han ido permeando en parte de la sociedad; de que tampoco se han hecho avances, condicionados por la presencia y contrapartidas de Vox para sus apoyos parlamentarios; y del riesgo real si en un futuro entraran en el Gobierno.

Suspensión de ayudas contra la violencia machista, pero fondos para asociaciones provida

En 2019, la asociación Aprende a Vivir Chiclana había alquilado un piso para dar atención continuada a siete mujeres drogodependientes y víctimas de violencia machista. Era el inicio de un programa pionero en Andalucía para brindar una ayuda integral a este colectivo de mujeres que contaba con apoyo psicológico, acompañamiento en los juzgados y atención diaria de profesionales y para el que contaban con los 11.000 euros concedidos en la convocatoria de ese año de las ayudas de la Junta para fomentar la igualdad y combatir la violencia machista. En diciembre, la Consejería de Igualdad suspendió la mayoría de esas partidas alegando un cambio de criterio de la Intervención General para el reparto de cuatro millones de euros.

Como Aprende a Vivir, otras 240 organizaciones de mujeres se quedaron de la noche a la mañana sin subvención (el 76% de todas a las que se les había concedido en un primer momento). En 2020 tampoco salieron a concurso ninguna de esas ayudas porque la mayoría de esas partidas presupuestadas se destinaron a luchar contra la pandemia. “No pudimos concurrir entonces, pero tampoco lo haríamos ahora porque no nos fíamos”, explica Ángeles Moreno, presidenta de Aprende a Vivir Chiclana. Esta supresión de las ayudas contra la violencia machista a las asociaciones de mujeres, en plena ofensiva de Vox contra lo que ese partido considera “chiringuitos de género”, es junto con la creación de un teléfono de violencia intrafamiliar, uno de los principales reproches que se le hacen a la Junta de Andalucía en materia de políticas de Igualdad, por entender que representan claras cesiones a la presión ejercida por el partido de extrema derecha a cambio del apoyo parlamentario al Gobierno de coalición.

“Esto ha marcado la legislatura, sin duda”, reconoce Andrea Barbotta, vicepresidenta del Consejo Andaluz de Participación de las Mujeres, que también recuerda que el órgano que dirige y que representa los intereses de las organizaciones de mujeres en la Junta no empezó a reunirse con la consejería hasta 2020.

Pero mientras no se convocaron ayudas para la prevención de la violencia de género, en 2020 la consejería de Salud y Familias sí sacó a concurso dos líneas de subvenciones por 1,5 millones de euros para ONG dedicadas a proyectos de asesoramiento y acompañamiento de mujeres embarazadas y madres sin recursos con hijos de cero a tres años, dando cumplimiento a una de las medidas incluidas en el acuerdo presupuestario firmado por PP, Cs y Vox. Unas ayudas que se han seguido convocando año tras año por la misma cuantía, muy similar al total de la convocatoria de 2022 para promoción de la igualdad de género y la prevención de la violencia contra las mujeres, que asciende a 1,8 millones de euros, y que viene subvencionada en buena parte por los fondos del Pacto de Estado contra la Violencia de Género.

El peligro de criminalizar a quienes acaban trabajando donde nadie más quiere

El marroquí Annas tenía 17 años cuando hace siete meses cruzó el Estrecho en patera. Hasta que cumplió la mayoría de edad estuvo en un centro de menores extranjeros no acompañados de Écija (Sevilla). Al cumplir los 18, la Junta decidió no incorporarlo al programa +18 que desarrolla a través de la colaboración de ONG y entidades privadas y que ofrece asesoramiento, seguimiento socioeducativo, alojamiento y ayudas económicas a los jóvenes extutelados a través de pisos de acogida o recursos de día. Annas se quedó en la calle y gracias a una de sus educadoras encontró plaza en un albergue de la capital. La insistencia de la monitora llevó a la ONG Familias Solidarias a asignarle una de las plazas de su propio programa en uno de los pisos que gestiona en Triana, en el que convive con otros cuatro chicos acogidos, ellos sí, a través de la iniciativa +18.

Annas cumple con el perfil de menor extranjero no acompañado que ha llegado a Andalucía desde 2019, cuando empezaron a gobernar PP y Cs. De los 5.036 niños solos que arribaron a la comunidad, el 79,4% tenía más de 17 años y el 67% procedía de Marruecos, de acuerdo con los datos de la Consejería de Igualdad. Aunque en este tiempo las plazas para menores no acompañados han aumentado, el presupuesto ha ido bajando año tras año, atendiendo a las exigencias de Vox para aprobar las cuentas. “No se han dado situaciones de masificación de los centros como en 2018, porque la presión migratoria no ha sido comparable, pero lo que se ha hecho ha sido una política de imagen, que puede rendir electoralmente, pero cuando ha habido un mensaje duro de criminalización por parte de la ultraderecha, se han replegado”, sostiene Diego Boza, coordinador general de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía.

“A la mayoría de estos chavales solo se les imparte clase de español, básico para poder terminar los estudios y poder encontrar un trabajo que nadie quiere”, advierte Juan Molina, responsable de la ONG Familias Solidarias de Cádiz..

No hacer nada para no reabrir heridas

Una de las primeras exigencias de Vox para investir a Moreno como presidente de Andalucía fue la sustitución de la ley de memoria andaluza por otra de concordia, un compromiso que acató desde el arranque de su legislatura, pero cuyo cumplimiento ha ido posponiendo. Sí sustituyó la figura del comisionado de Memoria Democrática por el de la Concordia, Francisco Javier Arroyo, quien según las asociaciones que forman parte del Consejo de la Memoria apenas ha reunido el organismo con la frecuencia estipulada —cada cuatro meses―. El presupuesto ha ido menguando cada año y en 2021 apenas se ejecutó el 14% de los 1,38 millones previstos —en 2020 fue del 17%―. Solo para exhumaciones, el Gobierno central ha transferido a Andalucía entre 2020 y 2021 más dinero (2.199.213 euros) que lo presupuestado por la Junta en toda la legislatura (1.533.000 euros), según la Coordinadora andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.

“Ha habido un retroceso en todos los planos de la memoria democrática y no solo se ha sustituido el término por concordia, sino por un tipo de negacionismo y revisionismo de lo que ocurrió en Andalucía desde el franquismo”, asegura Luis Naranjo, el primer comisionado para la Memoria Democrática de la Junta y miembro de la Asamblea Andaluza Memorialista. “La política en materia democrática ha sido un erial”, suscribe Pepe Barragán, uno de los portavoces de la Coordinadora andaluza por la Memoria Histórica y Democrática.