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El PP andaluz reconoce que derogará la ley de memoria histórica

Vox había trasladado esta mañana su malestar por lo que consideraban un incumplimiento de los populares de su pacto de investidura

El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, en rueda de prensa.rn
El portavoz parlamentario del PP-A, José Antonio Nieto, en rueda de prensa.

El PP andaluz ha reconocido por primera vez que derogará la actual ley de Memoria Histórica para elaborar una ley de la concordia, tal y como le ha venido exigiendo Vox desde el comienzo de esta legislatura, esgrimiendo su pacto para la investidura de Juan Manuel Moreno como presidente de la Junta. “Espero que sea posible la derogación”, ha reconocido esta mañana el portavoz de los populares en el Parlamento andaluz, José Antonio Nieto. Sus palabras venían precedidas por la advertencia del diputado de la extrema derecha en la Cámara, Alejandro Hernández, que ha acusado a los conservadores de contravenir su acuerdo bilateral, al no oponerse a una proposición no de ley del PSOE que proponía desarrollar puntos de la ley de memoria en vigor. “Tomamos nota”, ha advertido Hernández.

La sustitución de la ley de memoria histórica por una ley de concordia, recogida en el pacto de investidura entre PP y Vox, ha sido uno de los principales quebraderos de cabeza de los populares desde que se dio a conocer y ha sido motivo de desencuentro político con Ciudadanos. El mismo día de la firma, el actual presidente de la Junta reconoció que la reforma de la norma no entraba dentro de sus prioridades en materia de Gobierno, y fue muy poco preciso a la hora de explicar cómo iba a acometer los cambios. “Queremos mejorar y poner de relieve la concordia, el elemento fundamental sobre el que se basó la Transición española”, aseguró. Su socio de Gobierno y vicepresidente, Juan Marín, fue igualmente tajante asegurando que el acuerdo no vinculaba a su partido y que su formación no apoyaría una reforma de la norma. En estos meses, la formación de extrema derecha no ha cejado de reclamar la derogación vinculando su apoyo a los presupuestos a la adopción de esa decisión.

Las declaraciones de Nieto de esta mañana, reconociendo que su formación tiene intención de dejar sin efecto esa ley, tal y como demandaba Vox, van un paso más allá, si bien el diputado ha reconocido que mientras esté en vigor la actual norma hay que cumplirla. La intención de los populares es “modificarla a través de una ley integradora". Desde el PSOE, su portavoz parlamentario, Mario Jiménez, ha pedido al Gobierno de la Junta “que no entregue a los herederos del franquismo la herencia democrática de la comunidad",

El nuevo Gobierno de la Junta ha relegado todo lo relacionado con la Memoria Histórica, pasando las competencias de la Vicepresidencia a la Consejería de Cultura, la última en el orden de prelación del Gabinete. Una de sus primeras medidas fue cambiar el nombre a la Dirección General de Memoria Histórica por la del Comisionado para la Concordia, un cargo que aún no ha sido nombrado, lo que supone dejar sin efecto el desarrollo de la norma desde el punto del vista del Ejecutivo. En el ámbito parlamentario, el hecho de que una diputada de Vox, Ana Gil, sea quien presida la comisión de Cultura y Patrimonio histórico, encargada de fiscalizar e impulsar las medidas relacionadas con la ley, también parece abocar a la vía muerta su aplicación.

En anuncio del PP andaluz de que su intención es derogar la ley de memoria democrática sirve de preludio al debate de jueves en el Parlamento regional donde el PSOE ha presentado una proposición no de ley para que la norma se estudie en las aulas. Los populares han anunciado que presentarán enmiendas para que este tema “no sea utilizado electoralmente”.

La Ley de la Ley de Memoria Histórica y Democrática andaluza de 28 de marzo de 2017 fue aprobada por todos los grupos de la Cámara, con la abstención de PP y Ciudadanos. Solo ha sido desarrollada normativamente en lo que se refiere a la creación del Consejo de Memoria Histórica, creado el 4 de octubre de 2018, un órgano consultivo integrado por historiadores y representantes de asociaciones e instituciones y que funciona como un ente multidisciplinar cuya principal función es facilitar la reparación de las víctimas.

Aún falta por aprobar el proyecto de decreto sobre símbolos y actos contrarios a la memoria histórica y democrática; el decreto para la creación del registro de entidades de memoria histórica en Andalucía, el decreto que regula el censo de víctimas, el de recuperación de víctimas de la Guerra Civil y el franquismo en fosas comunes o el de la creación del Instituto de la Memoria Democrática de Andalucía.

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