Macarena Olona dio a la Guardia Civil de Salobreña un domicilio de Madrid

La candidata de Vox a presidenta de Andalucía, Macarena Olona, acudió el pasado 23 de mayo al puesto de la Guardia Civil de Salobreña para denunciar a la alcaldesa de la localidad granadina, la socialista María Eugenia Rufino, por los presuntos delitos de prevaricación administrativa, delito electoral y vulneración de los derechos fundamentales. La política y abogada del Estado la acusa de “utilizar torticeramente las instituciones” para impedir su candidatura a la Junta por haber iniciado el procedimiento para darla de baja de oficio en el padrón municipal después de que el presidente provincial de Vox, Manuel Martín, declarase a la Cadena Ser que Olona no vive en su casa, pese a estar empadronada en ese domicilio. “No puedo decir que ella esté aquí regularmente porque estaría mintiendo. Ella viene a veces de vacaciones, porque obviamente trabaja en Madrid”, reconoció. La ley señala que todo residente en España “está obligado a inscribirse en el padrón del municipio en el que resida habitualmente. Quien viva en varios municipios deberá inscribirse en el que habite durante más tiempo al año”.

Lo sorprendente es que, en la denuncia que presentó en el puesto del instituto armado contra la alcaldesa por cuestionar su condición de vecina de Salobreña, Olona no facilitó ningún domicilio suyo en dicha localidad, ni la vivienda del presidente provincial de su partido, donde no paga alquiler, ni ningún otro. Pidió que las notificaciones que el instituto armado tuviera que dirigirle como consecuencia de su denuncia se enviaran al Grupo Parlamentario de Vox en el Congreso de los Diputados, en Madrid. Para entonces, Olona ya sabía que pocos días después de presentar esta denuncia iba a renunciar a su escaño en el Congreso para presentarse a las elecciones andaluzas.

En consecuencia, la Guardia Civil de Salobreña tendrá que remitir las notificaciones a Olona al Congreso de los Diputados, donde ella ya no tiene despacho, para que su antiguo grupo parlamentario se las reenvíe después a su domicilio. Y este, de ser veraz el empadronamiento de Olona, debe encontrarse en el mismo término municipal donde está el puesto del instituto armado al que acudió personalmente para presentar su denuncia.

El rocambolesco viaje de las notificaciones para Olona (de Salobreña a Madrid y vuelta a Salobreña) abona la sospecha de que el empadronamiento de la candidata de Voz es fraudulento; es decir, que esta nunca ha residido en la localidad granadina. El expediente para darla de baja en el padrón municipal aún no ha concluido, pero sea cual sea su resultado, no tendrá ningún efecto sobre las elecciones andaluzas. La Junta Electoral de Granada ya ha dejado claro que su eventual eliminación del padrón de Salobreña no impediría a Olona presentarse a las elecciones, ya que esta medida no puede tener carácter retroactivo. Lo único que exige la ley es que estuviera empadronada dos meses antes de iniciarse el proceso electoral andaluz y ella lo ha cumplido de sobra, pues el Parlamento autonómico se disolvió el 25 de abril y su empadronamiento se produjo el 2 de noviembre del año pasado.

Dieta polémica

Supuestamente, el Comité Nacional de Vox proclamó a Olona candidata a presidir la Junta el 28 de abril, pero casi seis meses antes ella ya había cumplido el requisito imprescindible para poder presentarse a las elecciones andaluzas: convertirse en vecina administrativa de la comunidad. En ese momento, todos los medios señalaban ya a Olona como candidata a la presidencia andaluza, pero Vox y la propia interesada lo seguían negando.

Nacida en Alicante y sin ninguna relación anterior con Andalucía, Olona fue elegida diputada cunera por Granada en abril de 2019. Al contrario que para ocupar un escaño en el Parlamento andaluz, no es necesario residir en la provincia a la que se representa en el Congreso. Sin embargo, ser diputado de fuera de Madrid tiene ventajas. Los parlamentarios “de provincias” cobran una dieta mensual de 1.959 euros, el doble que los de Madrid. Y esta dieta está exenta del pago de impuestos pues, según la Ley del IRPF, sirve para compensar los gastos de viaje y desplazamientos.

Se supone que los diputados de fuera de Madrid deben viajar a la capital cada vez que hay actividad parlamentaria, lo que les obliga a asumir gastos como el pago de un piso o un hotel en la capital. Olona, pese a residir en Madrid, ha estado cobrando esta dieta durante dos años. Fuentes parlamentarias señalan que no es ninguna irregularidad, pues todos los parlamentarios de fuera de Madrid la cobran y el Congreso no controla dónde residen. Sí es, sin embargo, una de las formas más escandalosas del “gasto político” que Vox dice querer recortar y al que ninguno de sus miembros ha renunciado.

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