Macarena Olona alza el látigo de Vox contra el PP andaluz

Macarena Olona (Alicante, 42 años) es el único rostro popular de Vox que no forma parte de su núcleo fundador, de los pata negra que acompañaron a Santiago Abascal desde el principio. Uno de ellos, Iván Espinosa de los Monteros, la contactó en marzo de 2019 a través de la red social Linkedin y al domingo siguiente se reunían ambos con Abascal en el Hotel Intercontinental de Madrid.

Vox, un partido hasta entonces marginal, había cosechado un inesperado éxito en Andalucía y se enfrentaba a las elecciones generales sin cuadros para llenar sus candidaturas. Como jefa de la Abogacía del Estado en Euskadi durante cinco años, Olona había ganado notoriedad pública por liderar el recurso contra la llamada ley vasca de abusos policiales y sentar en el banquillo a cargos del PNV implicados en escándalos como el de la planta de purines de Carranza, donde se dilapidaron más de 10 millones. La entonces vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, también abogada del Estado, la cesó en octubre de 2017, coincidiendo con la negociación de los presupuestos con el PNV, y se convirtió en secretaria de Mercasa, la empresa pública que gestiona la red de mercados centrales. Desde este puesto impulsó la investigación que destaparía el reparto de casi 20 millones en comisiones ilegales por el mercado central de Luanda (Angola), entre otras irregularidades. En octubre de 2018, pocos días antes de que declarase ante el juez de la Audiencia Nacional, fue destituida. Pese a los sucesivos ceses no salió malparada económicamente: acabó como directora de negocios de la sociedad pública Sepides. Su último sueldo antes de dar el salto a la política fue de 121.728 euros, más de lo que cobra el presidente del Gobierno, aunque inexplicablemente (EL PAÍS ha pedido una explicación sin obtenerla) solo pagó 17.553,12 euros de IRPF, el 14,4%, según su declaración de bienes y rentas al Congreso.

Olona encajaba en el perfil que buscaba Vox: con sólida formación jurídica, había sido purgada por el PP y el PSOE y se había enfrentado al PNV. Abascal le ofreció encabezar la candidatura por Granada (una provincia con la que no tenía ninguna vinculación) y ella pidió tiempo para pensárselo. Le dio 48 horas, el plazo que faltaba para presentar las listas.

En una legislatura repleta de insultos y palabras gruesas, pronto destacó entre sus compañeros de bancada por la crudeza de su lenguaje. La exquisita corrección e incluso dulzura de su trato personal contrasta con sus intervenciones implacables desde la tribuna. A la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, la comparó con Tejero: a la ministra de Justicia, Pilar Llop, le dijo que “los ciudadanos tienen la percepción de estar gobernados por auténticos delincuentes”; a la vicepresidenta Yolanda Díaz la acusó de haber “sobornado a los sindicatos”; al titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska, le soltó una insinuación envenenada: que su supuesto “odio profundo a la Guardia Civil” se debía a un oscuro episodio sucedido 20 años atrás cuando era juez en Bilbao, lo que desató toda clase de especulaciones. Tres días después, aseguró que se refería a que Marlaska imputó a un etrzaina que disparó al aire acosado por manifestantes abertzales. Nunca aclaró qué tenía eso que ver con la Guardia Civil.

Olona es muy celosa de su vida personal. No la mostraba en las redes sociales hasta que, en diciembre de 2019, nació su hijo y publicó una foto del bebé con un gorrito de la Guardia Civil (cuerpo al que pertenece su actual pareja). En enero de 2021, cuando murió su padrastro por la covid y no pudo despedirlo al estar cerrada la Comunidad Valenciana, lo homenajeó a través de Instagram. Su padre es Pablo Olona, un empresario nacionalista catalán vinculado al clan Pujol. Condenado a más de tres años de cárcel por insolvencia punible, aprovechó un permiso para fugarse a Andorra, donde fue detenido y extraditado en 2016. Tras la separación de sus padres, cuando tenía 13 años, Olona se crio con su madre, dueña de una agencia inmobiliaria en Alicante. Según quienes la conocen, los episodios de su infancia y adolescencia forjaron su carácter.

Vox aún no ha confirmado si su hasta ahora portavoz adjunta y secretaria general en el Congreso se presentará a las elecciones andaluzas que el presidente Juan Manuel Moreno ha situado entre abril y octubre de 2022, pero ella lleva meses calentando en la banda: en julio recorrió la provincia de Cádiz, la fiesta del 12 de octubre la celebró en Sevilla y el pasado día 2 estaba en Huelva, entre otros actos y entrevistas por toda Andalucía. Aunque Ignacio Garriga fue designado candidato a la Generalitat catalana seis meses antes de las autonómicas, Vox asegura ahora que no lo hará hasta que se convoquen las elecciones a la Junta.

Los periodistas del Congreso la han nominado para el premio de diputada “azote del Gobierno” y “castigo de la prensa”. Algunos dirigentes de Vox piensan que su agresividad es lo que necesitan para una campaña que, al contrario de lo que sucedió en Madrid con Rocío Monasterio e Isabel Díaz Ayuso, no será de guante blanco sino a cara de perro con el PP. Otros recelan de que se pueda acabar convirtiendo en una baronesa con poder. Su vídeo bailando Macarena de Los del Río en la fiesta de su partido en octubre pasado ha superado las 800.000 visualizaciones, pero en Vox se suprimieron las primarias, así que será Abascal quien decida. De momento, ha escandalizado asegurando que Federico García Lorca votaría a su partido y que el fallecido líder de Izquierda Unida Julio Anguita estaría orgulloso de Vox. No es una técnica nueva: la empleó el Frente Nacional en Francia para atraer a antiguos votantes comunistas.

Más allá de sus intervenciones públicas, sigue ejerciendo como jurista. El 11 de noviembre presentaba el recurso número 27 de Vox ante el Constitucional en menos de dos años de legislatura. Su objetivo esta vez era el decreto que autorizaba a los jueces a suspender, excepcionalmente y solo hasta el pasado 31 de octubre, el desahucio de familias vulnerables, siempre que el dueño de la casa fuera un gran propietario con más de 10 inmuebles. A la salida del tribunal, acusó al Gobierno de atacar el derecho a la propiedad y de proteger a “criminales antisistema que son sus votantes”.