Sergio Blasco, sobrino de un consejero del PP condenado por corrupción, pide anular su juicio por fraude en un hospital de Valencia

“Una investigación prospectiva”, “Es una inquisición general”, "No hay indicios criminales“, “El apellido como indicio”. Son algunos de los argumentos empleados este martes por los abogados de la defensas de los 11 acusados en el llamado caso Osvaldos, un presunto entramado de empresas para desviar fondos, cifrados en 14 millones de euros, de contratos públicos del Hospital General de Valencia, entre 2005 y 2014, para pedir la nulidad de la causa.

El principal acusado es Sergio Blasco, exgerente del centro sanitario gestionado por la Generalitat por el que la Fiscalía Anticorrupción pide 20 años de prisión. Sergio Blasco es sobrino del exconsejero en varios gobiernos autonómicos del PP Rafael Blasco, que fue condenado en 2015 a seis años de prisión (ya cumplió la pena) por el saqueo de los fondos de cooperación cuando era el titular de la cartera de Solidaridad.

El nombre de Rafael Blasco, que también fue consejero de Sanidad entre 2006 y 2007, ha salido a colación en numerosas ocasiones en esta primera sesión de la vista, que se celebra en la Audiencia Provincial de Valencia, para recordar que el exconsejero no guarda ninguna relación con la causa (fue investigado también en la instrucción pero eximido de responsabilidades) y sí con el escrito de denuncia que presentaron en 2014 a la fiscalía dos diputadas de Esquerra Unida (Marina Albiol y Rosa Pérez) y que inició todo el procedimiento.

A los 11 encausados, entre los que se incluye a Francisco José Blasco (administrador de una empresa), hermano de Sergio, se les atribuyen los presuntos delitos de prevaricación, malversación, fraude a la Administración, tráfico de influencia y cohecho. Aunque no se descartaba un posible acuerdo de conformidad entre las defensas y la Fiscalía para rebajar las penas a cambio de admitir los hechos, finalmente no ha habido pacto y el juicio ha empezado en la sección primera de la Audiencia y se prevé que se prolongue hasta diciembre.

La defensa de Sergio Blasco ha marcado el tenor del resto de los letrados al alegar falta de indicios y asegurar que la causa es una “inquisición general contra múltiples personas, muchas de ellas ni siquiera investigadas ni acusadas”. Ha reiterado que se ha practicado una investigación prospectiva: “No hay relato de hechos ni indicios que soporten ningún hecho”, ha insistido. Además, el abogado ha alegado vulneración del derecho a la intimidad de Sergio Blasco por incorporar sus viajes personales y laborales al procedimiento y ha pedido que se exima a su representado de asistir a todas las sesiones del juicio por cuestiones laborales, puesto que actualmente dirige un hospital en República Dominicana.

La fiscal ha incidido, por su parte, en que en el apartado de cuestiones previas con que se ha iniciado la vista oral, las alegaciones para pedir la nulidad de la causa deben hacer referencia a la vulneración de derechos fundamentales y no a otras derivadas, como han hecho las defensas, a su entender. Además, ha recordado que el “procedimiento ha sido depurado por el juzgado de instrucción y también por la Audiencia” y también ha esgrimido sentencias del Tribunal Supremo, pero en el sentido contrario a las citadas por las defensas, sobre la legalidad de la investigación cuando hay ”indicios racionales de criminalidad". Finalmente, ha desgranado el entramado societario en torno a Sergio Blasco.

Según la instrucción de la causa, los acusados se servían del entramado de empresas para cobrar comisiones directas e indirectas con unos beneficios que revertían en los integrantes de la organización. En concreto, según detalla el escrito del instructor, la organización adjudicaba contratos administrativos, en muchos casos con irregularidades, de prestación de servicios por realización de obras, a mercantiles de actividad contrastadas y dirigidas por personas vinculadas a Sergio Blasco y entre sí. Estas, a su vez, subcontrataban con otras empresas pertenecientes a la organización que, en muchos casos carecían de actividad empresarial y personal, “sin que puedan justificar los trabajos o servicios que supuestamente habían efectuado pero los que habían cobrado”, subrayaba en el auto de procesamiento.

Los ingresos se repartían entre las personas de la organización. Estas empresas, en ocasiones, recibían pagos sin justificación de otras mercantiles ajenas a la red y vinculadas con contratos administrativos sanitarios “sin causa o motivo que lo justifique, salvo la gestión de cobro de comisiones”, existiendo un “constante trasvase de cantidades de dinero sin justificación entre las distintas mercantiles que, a su vez, efectuaban pagos, adquirían bienes o prestaban servicios a personas vinculadas con la organización o con el Hospital General”.

Este juicio se suma al largo historial de litigios encabezados por Rafael Blasco que también afecta a sus familiares y colaboradores más cercanos, algunos de los cuales también han sido condenados como él. Su mujer, Consuelo Ciscar, directora del IVAM entre 2004 y 2014, fue condenada a un año y medio de prisión por prevaricación y malversación al utilizar los recursos del museo, de titularidad autonómica, para beneficiar la incipiente carrera artística de su hijo Rafal Blasco Ciscar, conocido por el acrónimo Rablaci. Fue una sentencia de conformidad. Posteriormente, fue absuelta en otra causa, también en 2021, por los delitos de prevaricación, falsedad, malversación y estafa en la compra de obras del artista Gerardo Rueda.