Investigado el gerente del Hospital General de Valencia por sus negocios

La fiscalía ve indicios de malversación y fraude en la actividad de Sergio Blasco

Sergio Blasco (con traje negro) y el consejero de Sanidad, Manuel Llombart.
Sergio Blasco (con traje negro) y el consejero de Sanidad, Manuel Llombart.Tania Castro

La justicia investiga a Sergio Blasco, gerente del Hospital General de Valencia y sobrino del exconsejero Rafael Blasco, condenado a ocho años de cárcel por desviar ayudas al desarrollo. Las pesquisas, confirmadas por fuentes judiciales, están relacionadas con la participación de Sergio Blasco en iniciativas sanitarias público-privadas en Perú, impulsadas por empresas contratistas del hospital que dirige en Valencia.

La Fiscalía Anticorrupción recibió en junio una denuncia de Esquerra Unida. Después de interrogar a testigos y cotejar documentos, la fiscalía ha puesto los hechos en manos de un juez al apreciar indicios de malversación de caudales públicos y de fraude a la Administración, explican fuentes del caso. El gerente del hospital valenciano niega irregularidades y afirma que su actividad está amparada por el contrato de alta dirección que le une a la Consejería de Sanidad. Las empresas mencionadas en la denuncia original, que no les atribuye ninguna actuación ilegal concreta, rechazan también haber cometido o conocido irregularidades.

Blasco asegura que su labor en dos hospitales de Perú fue altruista

El alto cargo de la Generalitat admite haber hecho labores de “asesoramiento” en Perú. Algunas, relacionadas con dos hospitales público-privados en cuyo lanzamiento participaron empresas contratistas tanto del centro sanitario que Blasco gestiona en Valencia como de la Generalitat. Es el caso de Ribera Salud, Exploraciones Radiológicas Eresa y BM3.

Blasco afirma, sin embargo, que su labor fue “altruista” y no cobró. Se le pidió ayuda, explica, por su trayectoria como gestor y su conocimiento de ese “modelo” sanitario, parecido al que se implantó por primera vez en España en el Hospital de Alzira.

El gerente sabía que al menos una de las empresas integradas en las dos sociedades constituidas en Perú “trabajaba” para el Hospital General de Valencia, la firma Eresa. Y afirma que por ello declinó recibir dinero a cambio.

Permiso para trabajar fuera de España

La cláusula número 14 del contrato de alta dirección de Sergio Blasco como gerente del Hospital General de Valencia, incluido en la denuncia, reza: “Serán compatibles con el presente contrato la actividad docente (clases, seminarios, jornadas, etcétera) y las colaboraciones internacionales fuera del ámbito español”.

El abanico de posibilidades que ello abre fuera de España es tan grande como parece, a juzgar por la explicación que da la Consejería de Sanidad sobre su alcance: “La colaboración internacional fuera del territorio español es cualquiera que sea compatible con sus obligaciones en el contrato de alta dirección como gerente del Hospital General y que cumpla con el ordenamiento jurídico español”.

Dos juzgados de Valencia indagan la gestión de Blasco, aseguran fuentes judiciales. Uno investiga su actividad en Perú. Y el otro, que ya investigaba a su tío, el exconsejero Rafael Blasco, por las ayudas a la cooperación y por su etapa en Sanidad, las adjudicaciones del gerente del Hospital General a lo que parece otra trama. El nexo principal de esa red es un electricista de Alzira, Francisco Escandell Vila, que ha sido apoderado, administrador o accionista de seis sociedades que recibieron contratos de Sanidad en la etapa de Rafael Blasco y del Hospital General.

Las nuevas adjudicaciones a empresas de esa supuesta red aportados por EU a la fiscalía revelan que una de las sociedades de Escandell, Mantenimientos Integrales Turia, recibió en 2013 un contrato menor del IVAM, que entonces dirigía la esposa de Rafael Blasco, Consuelo Ciscar.

La diputada de EU en la Diputación de Valencia, Rosa Pérez, considera que Sergio Blasco “ha exportado a otros países una trama” como la que supuestamente funcionaba en Valencia, “usando para ello presuntamente recursos públicos”.

Blasco reconoce haber hecho viajes profesionales a Perú, el último este verano con otras cuatro personas de su hospital. “El único que no cobró fui yo”, afirma. El dinero lo ingresó la Fundación de Investigación del Hospital General Universitario de Valencia. Y después esta pagó “en concepto de formación” a los cuatro empleados públicos valencianos que lo acompañaban, señala el gerente. La denuncia de EU apunta a que la fundación hospitalaria habría sido utilizada como “pantalla” por el gerente.

Entre los documentos examinados por fiscalía hay un índice de una conferencia, sacado de la “página web del Congreso de la República de Perú”, en el que Blasco aparece identificado como “representante” de las dos sociedades constituidas por contratistas del Hospital General de Valencia y la Generalitat.

Anticorrupción también ha examinado los “acuerdos de asociación” que ambas sociedades firmaron con Essalud (organismo similar a la Seguridad Social española) en la etapa del anterior Gobierno peruano. Los acuerdos establecen que el objetivo de los mismos es la “constitución del derecho de superficie, diseño, construcción de infraestructura, dotación de equipamiento, operación y mantenimiento” de dos hospitales público-privados.

Los miembros de estas dos sociedades eran inicialmente la empresa Ribera Salud, que gestiona una parte de la red sanitaria de la Comunidad Valenciana, y otras tres compañías que tienen o han tenido contratos con el hospital de Sergio Blasco. La firma de obras y servicios BM3, Exploraciones Radiológicas Eresa, y la consultora Galenica Health Service, que ya no existe como tal.

Ribera Salud señala que solo posee un 5% de los dos hospitales y que su intervención “se buscó” por ser “referente en el modelo de colaboración público privada en sanidad”: “La participación es para tareas de asesoramiento y no de control en la gestión, por lo que desconocemos la naturaleza de otros servicios contratados”.

Eresa tiene una parte aún más “testimonial” de las sociedades, en torno al 1%. Y afirma que se sumó al proyecto a petición la constructora BM3 para ayudarle cumplir el requisito de la “solvencia técnica”. Un portavoz de BM3 comenta que la empresa “perdió dinero” con la aventura en Perú y hoy está desvinculada.

La denuncia de la que nació la investigación judicial afirma que otra empresa, Sivsa, entre otras labores coincidentes gestiona para los dos hospitales de Perú y el de Valencia “la misma aplicación informática”. Este periódico preguntó a Sivsa por tal circunstancia sin obtener respuesta.

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