La jueza de la dana destaca que la Generalitat conocía el peligro del barranco que desató la tragedia

Nuevo varapalo de la jueza de Catarroja (Valencia) que investiga penalmente la dana, Nuria Ruiz Tobarra, al Ejecutivo popular que pilota Carlos Mazón por la gestión de la tragedia que dejó 225 muertos y tres desaparecidos el pasado 29 de octubre. La instructora asegura en su último auto que la Generalitat “conocía perfectamente” el desbordamiento a la altura de Chiva (Valencia, 17.245 habitantes) del barranco del Poyo, detonante de la catástrofe al provocar decenas de fallecidos. Y apunta a que se acumulan las pruebas contra la consejera de Emergencias que gestionó la crisis, Salomé Pradas, y el que fuera su número dos, Emilio Argüeso, que están imputados por homicidios (castigado con entre uno y cuatro años de cárcel) y lesiones imprudentes (hasta tres años de prisión) y que fueron destituidos por Mazón cuatro semanas después de la riada.

La jueza califica la declaración de estos ex altos cargos de “imprescindible” e insiste en que la autonómica fue la administración “competente en materia de protección civil”. La resolución sostiene que la Generalitat manejaba información de primera mano del desbordamiento del barranco del Poyo a través del 112, el servicio de atención telefónica de emergencias autonómico. Y pone como ejemplo de este conocimiento la llamada desesperada a esta centralita de una mujer de Chiva que perdió en la gota fría a su marido y a dos de sus tres hijos y a la que “nadie alertó”.

Tras analizar la grabación del 112, Ruiz Tobarra concluye que el hijo de esta víctima llamó por primera vez a las 17.10 horas al servicio de emergencia. “[Mis familiares] no pueden salir por la cantidad de agua, se han quedado atrapados. Si salen, se los lleva el río. [...] El agua les llega a la altura de la mesa del comedor”, alertó el pariente de estos damnificados de Chiva, donde la tromba descargó 35 litros entre las 17.45 y las 17.50 horas de la fatídica jornada.

El hijo -prosigue el auto- avisa del desbordamiento del barranco del Poyo. “Mis padres, que tienen 70 y 74 años, se están ahogando en el chalet. He contactado con mi madre y el agua le llega al cuello”, precisa al operador del 112. Una tía de esta víctima recurre también a la centralita y pide que envíen un helicóptero para rescatar a sus familiares. “Hay cuatro personas enganchadas a una ventana. El río se ha desbordado. Se los va a llevar el agua de un momento a otro”, augura. La tía detalla el parentesco que guarda con las personas que están a punto de ser consumidas por las lluvias torrenciales: “Son dos chicos jóvenes. Mi hermana y su marido”.

A raíz del caso de esta familia, la magistrada expone: “Se han recibido los audios del 112 relativos al fallecimiento del marido y dos de los tres hijos de la víctima. Tienen una doble importancia, muestran el padecimiento que sufrió la víctima [...] y confirman que la administración autonómica, competente en materia de protección civil, a través del 112 Comunidad Valenciana, conocía perfectamente que el barranco se había desbordado a su paso por el término de Chiva, con tal intensidad que, finalmente, tres miembros de una misma familia acabaron pereciendo ante la impotencia de la víctima”.

La jueza recurre a esta detallada descripción para contestar a un escrito de Emilio Argüeso, secretario autonómico de Emergencias del Gobierno de Mazón durante la dana. El exalto cargo, que está investigado y declarará el próximo 11 de abril, solicitaba información sobre qué “hechos u omisiones” le imputaban y reclamaba una “aclaración”.

“Inexplicable ausencia de respuesta”

La magistrada estima que “no ha lugar a la aclaración” y recuerda que las imputaciones de Argüeso y Pradas son fruto de declaraciones de decenas de familiares de víctimas. En tres meses, han desfilado por el juzgado de Instrucción número 3 de Catarroja más de un centenar de testigos. “La causa sigue avanzando y se suman, no solo nuevas declaraciones, sino también nuevas pruebas que confirman la procedencia de lo resuelto, la imprescindible citación como investigados de Pradas y Argüeso”, señala la resolución. Un fallo que alude al auto de imputación de los ex altos cargos, que abría también la puerta a la declaración voluntaria de Mazón en calidad de imputado y que el president rechazó.

En su último auto, la jueza se sorprende de la “inexplicable ausencia de respuesta” de la Generalitat y la carencia de avisos a la población para alertar de la riada que asoló en octubre 78 municipios de Valencia. Ruiz Tobarra alude así a una de las piedras angulares de su instrucción, la tardanza en el envío de la alerta masiva a móviles, que llegó a las 20.11 horas, cuando se acumulaban decenas de fallecidos, desaparecidos y personas atrapadas en plantas bajas y garajes de poblaciones valencianas como Catarroja o Paiporta, donde perdieron la vida 25 y 45 personas, respectivamente.

La magistrada pone también el foco en la “ingente información” sobre la magnitud de la riada que manejaban instituciones y organismos como la Generalitat, el 112, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), que depende del Ministerio para la Transición Ecológica. Y cómo la administración autonómica no avisó a la población, que se encontraba el día de la aciaga jornada “en las calles, en el trabajo, de camino a casa, en su domicilio o en residencias de la tercera edad”.

En el escrito que ha originado el duro auto de la jueza Ruiz Tobarra, Argüeso, número dos en la gestión de la riada de Mazón, consideraba que se comportó “con absoluta responsabilidad y diligencia” durante la mayor catástrofe natural que ha asolado Valencia. Y, a través de su letrado, defendía que actuó “con encomiable diligencia”, que según la RAE significa “digno de alabanza”.

En su estrategia de defensa, el exresponsable de Emergencias ya admitió en un escrito que el 112 no envió “comunicación alguna” al Cecopi -el órgano de emergencias de la Generalitat que se reunió a las 17.00 horas el día de la dana- y al que fueron convocados representantes de 29 instituciones estatales, autonómicas y municipales. Una de las grandes incógnitas que planea sobre la tarde de la riada es por qué el president aterrizó en el Cecopi a las 20.28 horas, 17 minutos después del envío de la alerta a móviles. Y tras ausentarse desde las 14.30 horas. Los movimientos de Mazón desde entonces y hasta su desembarco por la noche en el dispositivo de emergencias son un enigma. Solo se sabe que el barón popular almorzó con una periodista en el restaurante El Ventorro de Valencia para ofrecerle la dirección de la televisión pública À Punt.