Un juzgado rechaza la demanda de los dueños del Sidi Saler, hotel de lujo cerrado en 2011, para reabrirlo

Un juzgado de lo contencioso-administrativo ha rechazado el recurso interpuesto por las sociedades propietarias del Hotel Sidi Saler de Valencia —Divarian y Coral Homes—, contra una resolución del Ayuntamiento de Valencia que declaraba caducada la licencia de actividad del establecimiento, que cerró al público en 2011, según recoge la sentencia —que no es firme—, distribuida por Acció Ecologista-Agró, personada en el procedimiento. El actual gobierno municipal, que preside María José Catalá, ha manifestado su deseo de que el establecimiento hotelero reabra sus puertas.

Tanto Divarian como Coral Homes, dueños del hotel, recurrieron en su día dos resoluciones municipales adoptadas por el anterior gobierno local, de Compromís y PSPV, que daba por caducada las licencia de apertura del complejo, declarado fuera de ordenación. Los dos demandantes argumentaron entonces en sus recursos que, aunque la concesión de dominio público por parte de la Demarcación de Costas se produjo en 2020, la complejidad del proyecto y la epidemia de la covid-19 no permitieron poner en marcha de nuevo el hotel.

La entidad Acció Ecologista-Agró se ha mostrado satisfecha con la resolución judicial e insiste en que continuará defendiendo el parque natural de L’Albufera, lugar en el que se emplaza el hotel, “ya que el único proyecto compatible con la conservación del espacio protegido es demoler el edificio y restaurar en el terreno sobre el que se asienta el hotel el cordón dunar”. La organización ecologista espera ahora que se resuelva el otro procedimiento pendiente relativo a la desestimación de la licencia de obras que solicitaron los propietarios.

La ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana prevé que las licencias ambientales caduquen cuando la actividad o instalación se paralice durante un plazo superior a dos años excepto en caso de fuerza mayor.

El Ayuntamiento de Valencia replicó que el hotel estaba cerrado desde el año 2011, que no se solicitó prórroga hasta 2022, así como que las posibles situaciones de fuerza mayor tan sólo se daban desde el 2019, pero no, desde 2011. La sentencia rechaza los argumentos de Divarian y Coral Homes, “atendiendo a que el plazo de dos años había transcurrido y no existe ninguna fuerza mayor que pueda justificar la falta de solicitud de prórroga o la falta de actividad del hotel”. El juzgado añade además que hubo paralización desde el año 2011 al 2019 y no existe justificación para este caso.

El retraso por parte de la Demarcación de Costas al otorgar la concesión demanial a los titulares del hotel no es motivo imprevisible “pues la delimitación se produjo en 2008, y no fue hasta 2018 cuando se solicitó una concesión compensatoria por parte de los dueños”.

El juzgado descarta que exista desviación de poder en las decisiones municipales porque “la ubicación de un hotel en un parque natural supone una controversia de naturaleza política que puede transcurrir en paralelo al ejercicio de la potestad administrativa. En este caso, por el carácter reglado del contenido del acto administrativo no dejaba margen para su libre ejercicio, por lo que no cabe apreciar el empleo de potestades administrativas para atender a finalidades distintas de las establecidas por el ordenamiento.”

Según explica Agró en un comunicado, “los argumentos se han tumbado por su propio peso” y recuerda que, pese a las declaraciones del actual Gobierno valenciano, el único proyecto compatible con la conservación de este humedal de importancia internacional es el de la demolición del edificio y, consiguiente, recuperación de los ecosistemas dunares.

Actualmente, existe todavía un procedimiento en el Juzgado de lo contencioso número 9, por la desestimación de la licencia de obras, del que se espera la sentencia este mes o el siguiente, estima la organización ecologista.

Años de vicisitudes

La compleja situación en que se encuentra el edificio viene de lejos. La Devesa de El Saler, una franja de bosque litoral valioso por su flora y su fauna —forma parte de la Red Natura 2000— estuvo a punto de ser arrasada en los años 60 cuando se desató la fiebre del turismo en España. El alcalde franquista Adolfo Rincón de Arellano aprobó un plan para urbanizar 800 hectáreas y llenar la zona de hoteles, torres de apartamentos, campo de golf, puerto deportivo y hasta un hipódromo. Llegaron a levantarse unas cuantas torres de apartamentos, el hotel y un paseo marítimo pero un potente movimiento de protesta ciudadano logró detenerlo.

El hotel abrió en los 70 y fue durante años el hotel más prestigioso de la capital. Cerró en 2011 dejando un reguero de acreedores y convertido en propiedad pública porque tras los deslindes de la ley de Costas invadía el dominio marítimo-terrestre. El Ministerio de Transición Ecológica compensó en 2018 a los dueños del negocio —entonces BBVA y Caixabank— con una concesión de ocupación y aprovechamiento del edificio sujeta a la obtención de las licencias necesarias para volver a la actividad. Pero el Gobierno local dio por caducado el permiso.