Un juzgado rechaza la demanda de los dueños del Sidi Saler, hotel de lujo cerrado en 2011, para reabrirlo

Un juzgado de lo contencioso-administrativo de Valencia ha rechazado el recurso interpuesto por las sociedades propietarias del Hotel Sidi Saler de Valencia —Divarian y Coral Homes—, contra la decisión del Ayuntamiento de Valencia que declaró caducada la licencia de actividad de este establecimiento de lujo, que cerró al público en 2011, según la sentencia —que no es firme—, distribuida este jueves por Acció Ecologista-Agró, organización que está personada en el caso. Pese a todo, el actual gobierno municipal, que preside María José Catalá, del PP, ya ha manifestado su deseo de que el establecimiento hotelero reabra sus puertas y se convierta en un hotel para personas mayores.

Tanto Divarian como Coral Homes, dueños del hotel, recurrieron en su día dos resoluciones municipales adoptadas por el anterior gobierno local, de Compromís y PSPV, que daban por caducada las licencias de apertura del complejo, declarado fuera de ordenación. Los dos demandantes argumentaron entonces que, aunque la concesión de dominio público por parte de la Demarcación de Costas —el hotel está en primera línea del litoral— se produjo en 2020, la complejidad del proyecto y la epidemia de la covid-19 no permitieron reanudar el negocio hotelero.

Sin embargo, la ley de prevención, calidad y control ambiental de actividades en la Comunidad Valenciana prevé que las licencias ambientales caduquen cuando la actividad o instalación se paralice durante un plazo superior a dos años excepto en caso de fuerza mayor.

El Ayuntamiento de Valencia replicó que el hotel estaba cerrado desde el año 2011, que no se solicitó prórroga de actividad hasta 2022, así como que las posibles situaciones de fuerza mayor tan sólo se daban desde el 2019, pero no, desde 2011. La sentencia rechaza los argumentos de Divarian y Coral Homes, “atendiendo a que el plazo de dos años había transcurrido y no existe ninguna fuerza mayor que pueda justificar la falta de solicitud de prórroga o la falta de actividad del hotel”. El juzgado añade además que hubo paralización desde el año 2011 al 2019 y no existe justificación para este caso.

El retraso por parte de la Demarcación de Costas al otorgar la concesión demanial a los titulares del hotel no es motivo imprevisible “pues la delimitación se produjo en 2008, y no fue hasta 2018 cuando se solicitó una concesión compensatoria por parte de los dueños”.

El juzgado descarta que exista una desviación de poder en las decisiones municipales porque “la ubicación de un hotel en un parque natural supone una controversia de naturaleza política que puede transcurrir en paralelo al ejercicio de la potestad administrativa. En este caso, por el carácter reglado del contenido del acto administrativo no dejaba margen para su libre ejercicio, por lo que no cabe apreciar el empleo de potestades administrativas para atender a finalidades distintas de las establecidas por el ordenamiento.”

La entidad Acció Ecologista-Agró se ha mostrado satisfecha con la resolución judicial e insiste en que continuará defendiendo el parque natural de L’Albufera, lugar en el que se emplaza el hotel, “ya que el único proyecto compatible con la conservación del espacio protegido es demoler el edificio y restaurar en el terreno sobre el que se asienta el hotel, el cordón dunar”. La organización ecologista espera ahora que se resuelva el otro procedimiento pendiente, relativo a la desestimación de la licencia de obras que solicitaron los propietarios, que compete al juzgado de lo contencioso número 9 y que la organización ecologista estima que puede resolverse en un mes o dos.

Según explica Agró, “los argumentos se han tumbado por su propio peso” y recuerda que, pese a las declaraciones del actual Gobierno valenciano, el único proyecto compatible con la conservación de este humedal de importancia internacional es el de la demolición del edificio y la recuperación de los ecosistemas dunares.

El concejal Sergi Campillo ha asegurado que “desde Compromís estamos muy satisfechos por la sentencia, que avala la actuación de nuestro gobierno respecto a la caducidad de la licencia de actividad del hotel. Es un edificio que lleva cerrado desde 2011 y por tanto, y cumpliendo la ley, su licencia había caducado.

Años de vicisitudes

La compleja situación en que se encuentra este edificio viene de lejos. La Devesa de El Saler, una franja de bosque litoral valioso por su flora y su fauna —forma parte de la Red Natura 2000— estuvo a punto de ser arrasada en los años 60 cuando se desató la fiebre del turismo en España. El alcalde franquista Adolfo Rincón de Arellano aprobó un plan para urbanizar 800 hectáreas y llenar la zona de hoteles, torres de apartamentos, campo de golf, puerto deportivo y hasta un hipódromo. Llegaron a levantarse unas cuantas torres de apartamentos, el hotel y un paseo marítimo pero un potente movimiento de protesta ciudadano logró detenerlo.

El hotel abrió en los 70 y fue durante años el hotel más prestigioso de la capital. Cerró en 2011 dejando un reguero de acreedores y convertido en propiedad pública porque tras los deslindes de la ley de Costas invadía el dominio marítimo-terrestre. El Ministerio de Transición Ecológica compensó en 2018 a los dueños del negocio —entonces BBVA y Caixabank— con una concesión de ocupación y aprovechamiento del edificio sujeta a la obtención de las licencias necesarias para volver a la actividad. Pero el anterior Gobierno local dio por caducado el permiso.