La condena a Zaplana recoge irregularidades detectadas por los peritos dirigidos por el jefe de Antifraude ahora cesado

La sentencia que ha condenado al expresidente de la Generalitat y exministro de Trabajo Eduardo Zaplana, del PP, a 10 años y 5 meses de cárcel por amañar un concurso público y cobrar mordidas de los adjudicatarios se argumenta tanto en pruebas testificales como documentales. Las primeras estuvieron protagonizadas por los testimonios de varios implicados en la trama del caso Erial y se centraron, sobre todo, en las declaraciones de quien fue mano derecha de Zaplana, Juan Francisco García, el amigo de la infancia del dirigente del PP, Joaquín Barceló, y los empresarios Vicente y José Cotino, del grupo Sedesa y sobrinos del ya fallecido director general de la Policía, Juan Cotino. El primero confesó haber participado en el amaño del concurso de las ITV valencianas; el segundo, que hizo de testaferro del exministro; y los terceros, que pagaron por la adjudicación de aquel contrato que les reportó unos beneficios millonarios. Sus declaraciones, según dicta el fallo del tribunal de la Audiencia Provincial de Valencia, “son coherentes, coincidentes entre sí y gozan de verosimilitud”.

Sin embargo, hay otros indicios que para el tribunal se tornaron en pruebas y que, entre otras cosas, se centran en irregularidades detectadas por la Agencia Valenciana Antifraude, cuyos peritos analizaron la documentación de las adjudicaciones a instancias de la jueza instructora. Así, la sentencia determina que, aunque hasta siete de las anomalías subrayadas por Antifraude no beneficiaban directamente a los hermanos Cotino (concesionarios predeterminados) o no resultaban relevantes para la causa juzgada, la Agencia sí detectó otras que permitieron “orientar la resolución del concurso hacia el resultado pretendido”.

El responsable del equipo de peritos de Antifraude, como director de Análisis e Investigación, era Gustavo Segura. Fue cesado el pasado 2 de septiembre por el nuevo director de la Agencia, Eduardo Beut, elegido en julio por el PP y Vox, tras cambiar la ley con el fin de poder nombrarlo solo con mayoría simple de las Cortes valencianas, frente a la tres quintas partes del parlamento que se requería con anterioridad. Uno de los motivos argüidos para el cese del que era jefe de los peritos, que compareció como tal en el juicio de Zaplana, fue “un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante la realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias” de la Agencia “y la consiguiente acumulación de expedientes”. Segura califica de “dislate” tal justificación en su recurso contra el cese, y recuerda que en su ley de creación, de 2016, “la Agencia se configura como un ‘órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida”.

“Asombroso”

Entre esas irregularidades detectadas Antifraude, la sentencia del caso de Zaplana destaca el hecho, recalcado por los peritos que declararon en el juicio, de que en un mismo día se analizaran todas las propuestas presentadas al concurso por parte la Comisión de Estudio, se valoraran por la Mesa de Contratación y se elevara la propuesta de adjudicación. El fallo considera “asombroso” que en el mismo día se realizaran varios trámites administrativos complejos.

Como parte de las pruebas para sostener la condena, el tribunal también ha tenido en cuenta otra de las advertencias de Antifraude sobre los criterios objetivos de prioridad en la elección del lote y el tope de la mejora económica que, según dijeron los peritos, “quedaron sin relevancia”. Estos se refieren a que en el concurso, la elección de un lote como primera opción otorgaba 25 puntos al licitador sobre 100 y muchos menos por los siguientes, con lo que “elegir una zona en primer lugar, se convertía casi en insalvable el alcanzar esos puntos de más con otros criterios”. Además, la mejora económica tenían un tope por lo que todas las empresas podían conseguir el máximo sin necesidad de presentar una mejor oferta que sus oponentes. Además, se incluyó también “el tema de implantación y conocimiento de la realidad de la Comunidad Valenciana, tendente todo ello a lograr que la adjudicación del lote 1 se efectuara en favor del Grupo SEDESA, como así fue finalmente”, tal como indica la sentencia.

En su recurso, Segura, que fue el candidato alternativo de Beut a dirigir Antifraude, señalaba “lo que parece ser la preocupación fundamental” del nuevo director de Antifraude: “la emisión de informes periciales, que es básicamente lo que ha permitido mejorar de manera notable la lucha contra la corrupción en la Comunidad de Valencia y que estaba dando unos resultados reconocidos y valorados por las fiscalías y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado”.

El exdirector de Análisis e Investigación explicaba que solo mantuvo una reunión con Beut y coincidió dos días laborables con él “En el desarrollo de la reunión el señor Director se interesó fundamentalmente, por la situación de los informes periciales que desde la DAI” se habían emitido, y expresamente preguntó sobre aquellos que podían tener una “mayor repercusión”, (sic) y se interesó y preguntó por los informes emitidos en el caso Azud, solicitando el detalle de las Administraciones afectadas, el contenido del objeto del informe, las personas funcionarias de la DAI que habían elaborado dichos informes, así como el fiscal que llevaba el caso concreto”. El caso Azud, que investiga una presunta trama de corrupción de contratistas y políticos, afecta directamente al entorno de la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y salpica a algunos exdirigentes socialistas.

Beut, inspector de Hacienda, fue jefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana durante las presidencias de José María Aznar, en el Gobierno, y de Eduardo Zaplana, en la Generalitat. En 2002 fue nombrado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales, formada por las cajas de ahorro Bancaja y CAM y la Generalitat, y posteriormente ejerció como gerente y presidente de Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración) hasta 2012.

El aterrizaje del nuevo director en Antifraude ha sido muy polémico por la argumentación de los ceses de dos cargos de confianza del anterior responsable, Joan Llinares, el director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, y la directora adjunta y de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente, y por la derogación del código ético de la entidad para adherirse al de la Cortes valencianas, que no existe ni está en proceso de elaboración. Esta medida tomada en septiembre implicó la eliminación del Comité de Ética que estaba analizando varias denuncias internas de la Agencia que afectaban al nuevo director.

La que era presidenta del Comité de Ética, la catedrática de Derecho Penal de la Universitat Jaume I de Castelló María Luisa Cuerda, remitió una carta a la Cortes en la que alertaba de que la derogación del código ético se producía “en circunstancias ciertamente anómalas” y advertía de que las denuncias, “de ser ciertas, supondrían una grave infracción del Código ético”. El comité estaba formado también por Manuel Villoria Mendieta (catedrático de Ciencia Política y de la Administración de la Universidad Rey Juan Carlos), Antonio Penadés Chust (abogado, historiador y periodista) y una funcionaria de la Agencia. Las Cortes se inhibieron al responder que la Agencia tiene un funcionamiento independiente.