El exjefe de investigación de Antifraude en Valencia revela la “preocupación” del director que lo cesó por sus informes sobre casos de corrupción

Nada más llegar de vacaciones, el nuevo director de la Agencia Valenciana Antifraude, Eduardo Beut, elegido por el PP y Vox en julio, cesó al director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura, y a la directora adjunta y de Asuntos Jurídicos, Teresa Clemente, el 2 de septiembre. Las justificaciones de los ceses de ambos cargos de confianza, que formaban parte de la cúpula directiva del anterior responsable, Joan Llinares, fueron muy críticas hasta el punto de que fueron interpretadas por algunas fuentes como una enmienda a la totalidad de la gestión de la Agencia, con reproches y un tono considerado incluso humillante, además de revelar una división interna en una parte del organismo. Segura y Clemente presentaron la pasada semana sendos recursos de reposición a la Agencia frente a las resoluciones de cese, que fuentes oficiales de la Agencia enmarcaron, no obstante, en la “normalidad” del proceso para que el nuevo responsable de una institución conforme su propio equipo.

El caso de Segura, candidato alternativo a Beut para dirigir la Agencia, una vez finalizado el mandato de Llinares, resulta especialmente significativo porque era el responsable de los informes periciales de casos de corrupción solicitados por los juzgados y la fiscalía desde 2020. En su recurso, destaca “lo que parece ser la preocupación fundamental del actual Director: la emisión de informes periciales, que es básicamente lo que ha permitido mejorar de manera notable la lucha contra la corrupción en la Comunidad de Valencia y que estaba dando unos resultados reconocidos y valorados por las fiscalías y por los cuerpos y fuerzas de seguridad del estado”.

Uno de los motivos que más llamó la atención para justificar su cese fue, precisamente, el relativo a su trabajo con la fiscalía: “Un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias de la DAI [Dirección de Análisis e Investigación] y la consiguiente acumulación de expedientes”. Segura recuerda que en su ley de creación de 2016, “la Agencia se configura como un ‘órgano de apoyo y colaboración con la autoridad judicial y el ministerio fiscal cuando sea requerida”. Por ello, califica de “dislate” que se constituya como motivo de su cese “haber realizado un gran número de informes periciales en auxilio del Ministerio Fiscal y de los Juzgados en causas penales relacionados con tipos penales típicos de los casos de corrupción”, según indica el recurso al que ha tenido acceso este diario.

El exdirector de Análisis e Investigación explica que solo mantuvo una reunión con Beut y coincidió dos días laborables con él en la Agencia. “En el desarrollo de la reunión el señor Director se interesó fundamentalmente, por la situación de los informes periciales que desde la DAI” se habían emitido, y expresamente preguntó sobre aquellos que podían tener una “mayor repercusión”, (sic) y se interesó y preguntó por los informes emitidos en el caso Azud, solicitando el detalle de las Administraciones afectadas, el contenido del objeto del informe, las personas funcionarias de la DAI que habían elaborado dichos informes, así como el fiscal que llevaba el caso concreto”.

El caso Azud, que investiga una presunta trama de corrupción de contratistas y políticos, afecta directamente al entorno de la exalcadesa de Valencia, Rita Barberá, del PP, y salpica a algunos exdirigentes socialistas. Segura fue también el responsable de los informes periciales solicitados por el juzgado en otra investigación de presunta corrupción como el caso Erial, cuyo principal investigado es el expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, del PP.

Beut fue jefe de la Agencia Tributaria de la Comunidad Valenciana durante las presidencias de José María Aznar, en el Gobierno, Eduardo Zaplana, en la Generalitat. En 2002 fue nombrado por el PP consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Empresariales, formada por las cajas de ahorro Bancaja y CAM y la Generalitat y posteriormente fue gerente y presidente de Fecoval (Federación de Empresas de la Comunidad Valenciana Contratistas de Obra de la Administración) hasta 2012.

“También preguntó”, prosigue Segura en su recurso, “por los fiscales anticorrupción con los que trabajamos habitualmente y la dinámica de trabajo en las colaboraciones con la UCO, UDEF, OLAF…” “Facilité las explicaciones pertinentes y se le informó que existía un registro con todas los encargos de informes periciales recibidos, tanto por fiscalía como por órganos judiciales, y que le facilitaría copia con los 26 encargos recibidos y que habían implicado solicitar 35 informes (dado que en un mismo procedimiento se solicitaban distintos informes, como ejemplo en Azud hay 4 informes distintos de administraciones diferentes en el mismo procedimiento) y que ya se habían entregado en dicha fecha 30 informes, el día de mi cese, 2 de septiembre de 2024, se habían entregado 32 informes periciales de los 35 encargados”.

Segura concluye su recurso de 66 páginas asegurando que “todos y cada uno de los motivos de cese invocados son inciertos, por no decir radicalmente falsos” y que “se ha pretendido, formalmente, argumentar de forma manipulada la motivación del cese para cubrir el expediente”. En realidad “lo que se pretendía era privar a la entidad de personas que venían de la etapa anterior y que compartían una visión de la entidad”, añade.

En el mismo sentido se expresa Teresa Clemente, que fue responsable del área jurídica y de protección de denunciantes: “En la Resolución de cese que se recurre no solo se produce un cese arbitrario en base a una supuesta falta de idoneidad sobrevenida (en tres días, por cierto, descontando el mes de vacaciones) sino que se daña gravemente mi honor, integridad y dignidad profesional en relación con el compromiso que he venido desarrollando en la prevención y la lucha contra el fraude y la corrupción estos últimos siete años”. Teresa Clemente fue una testigo clave en el juicio contra el exconsejero del PP Rafael Blasco, que acabó en 2014 condenado a prisión por saquear fondos destinados a la cooperación internacional.