El director de la Agencia Valenciana Antifraude, elegido por el PP y Vox, desmonta la anterior cúpula con críticas y reproches

El recién nombrado director de la Agencia Valenciana Antifraude (Avaf), Eduardo Beut, ha desmontado la anterior cúpula directiva del organismo a la vuelta de vacaciones. Elegido el pasado mes de julio en las Cortes Valencianas, con los votos del PP y Vox, este lunes cesó a la directora adjunta de la entidad y jefa de asuntos jurídicos, Teresa Clemente, y al director de Análisis e Investigación, Gustavo Segura. Este fue, además, el otro candidato, considerado de continuidad, que aspiró a la dirección en el proceso para suceder al primer responsable de la agencia, Joan Llinares, cuyo mandato concluyó en mayo.

Cuando accedieron al poder de la Generalitat, el PP y Vox cambiaron la ley para que su nuevo director pudiera ser elegido por mayoría absoluta y no por tres quintas partes de los votos, como contemplaba la ley aprobada en la primera legislatura del Consell formado por el PSPV-PSOE y Compromís (2015-2019).

Los dos cargos ahora cesados son de confianza de la dirección y, por tanto, su relevo forma parte de la “normalidad” con el fin de que el nuevo responsable de una institución se rodee de su propio equipo, apuntan fuentes oficiales de la institución. Sin embargo, los dos funcionarios de carrera (Segura, del Estado; Clemente, de la Generalitat) no han sido destituidos de la Agencia mediante el empleo de una fórmula habitual como la pérdida de confianza o un necesario cambio de perfil para un nueva etapa. Las dos resoluciones de cese elaboradas por Beut contienen una larga lista de motivos que critican y reprueban las actuaciones de ambos en el desempeño de sus cargos, en ocasiones en un tono incluso humillante, según algunas fuentes próximas a la institución. Todos los integrantes de la Agencia son funcionarios de carrera.

La resolución justifica el cese de Segura, entre otros motivos, por un “exceso e injustificado secretismo en el acceso a determinada información”, por un “hermetismo y falta de relación y coordinación con el resto de direcciones” o por “un desvío inusual de la carga de trabajo hacia la colaboración con los órganos judiciales (Fiscalía) mediante la realización de un elevado número de peritaciones, todo ello en detrimento de las funciones de investigación propias” de la Agencia “y la consiguiente acumulación de expedientes”.

Este última motivación ha sido criticada especialmente por los partidos de la oposición. Las agencias y oficinas antifraudes españolas tienen acuerdos de colaboración con la fiscalía, que se recogen en algunas de sus leyes de creación, y órganos judiciales. La Antifraude ha elaborado dos informes periciales, entre otros, en la instrucción del caso Erial a requerimiento de la jueza. En este caso, ya visto para sentencia, la fiscalía pide 17 años de prisión para el expresidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, del PP, por los supuestos delitos de prevaricación, cohecho y blanqueo, entre otros. Sendos informes reflejaban irregularidades en la licitación por parte de la Generalitat de las ITV en 1997 y en el plan eólico de la Comunidad Valenciana en 2001, objeto inicial de las actuaciones judiciales.

Los partidos de la oposición, Compromís y el PSPV-PSOE, rechazaron desde el inicio la candidatura del inspector de Hacienda Eduardo Beut. El primero incidió sobre todo en sus antiguos vínculos con el PP por su nombramiento por el Gobierno de Zaplana como vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales, una empresa conjunta de las extintas Bancaja y la CAM, y por sus lazos de amistad con Juan Francisco García, que fuera jefe de gabinete del anterior. García llegó a un acuerdo de conformidad con la fiscalía, procesado también en el caso Erial.

En la resolución de cese de Clemente (funcionaria que fue testigo clave en la condena de prisión de exconsejero del PP Rafael Blasco por saquear fondos de la cooperación) se incluyen sobre todo motivos de organización, como haber “auspiciado numerosos ceses, dimisiones y abandonos de funcionarios”, haber “sobredimensionado de manera injustificada su dirección” o haber tenido una “absoluta falta de consideración hacia la figura del actual director de la Agencia”, no manteniendo, por ejemplo, “contacto alguno con esta dirección durante su periodo de vacaciones”, entre otras razones expuestas.

Unos ceses a los que le quitó hierro ayer la diputada del PP, Mª Carmen Contelles. Defendió que Beut, como director de Antifraude, es quien “tiene que tomar las decisiones de quien le acompañe”, dado que los puestos son “cargos de confianza”. “Ahí ni entramos ni salimos; es un organismo autónomo”, añadió.

El portavoz parlamentario de Vox, José María Llanos, consideró que es “completamente razonable, lógica y normal” que “elija a las personas de su máxima confianza”. Sobre Clemente y Segura sostuvo que que eran “estrechos colaboradores” del anterior director de Agencia, Joan Llinares, y sugirió que ambos estaban “firmemente comprometidos con un partido como Compromís”.

El portavoz socialista, José Muñoz, tildó de “purga” la destitución y enmarcó la decisión en la ejecución del “plan predefinido” por el presidente de la Generalitat, Carlos Mazón, del PP, de “quitarle cualquier responsabilidad” a Antifraude, además de “intentar controlarla para aprovecharla para su interés particular y personal”. Recordó que la Agencia se conformó en “un ejemplo” reconocido por “las instituciones europeas” y que uno de sus objetivos es ayudar a la justicia.

Finalmente, la portavoz adjunta de Compromís, Isaura Navarro, calificó de “cacería” los ceses de los dos responsables de la agencia y acusó a Beut de estar “haciendo un favor al zaplanismo, al PP y a Mazón” y afirmó que la ley recoge la ley “obliga a la colaboración y cooperación con el Ministerio Fiscal”.

Beut fue propuesto a su actual cargo inicialmente por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP), pero la Mesa de Les Corts excluyó su candidatura por no haber sido propuesto por una entidad relacionada con la lucha contra la corrupción. Gustavo Segura fue propuesto por Acción Cívica contra la Corrupción, la Fundación por la Justicia y el Observatori Ciutadà contra la Corrupció.