Admitido el recurso del PSPV contra la decisión de Catalá de “cercenar” la oposición en Valencia

El recurso contencioso administrativo de los socialistas contra la decisión de la alcaldesa María José Catalá de reducir este mandato el número de comisiones municipales y la cantidad de miembros que las forman en el Ayuntamiento de Valencia ha sido admitido a trámite, según ha anunciado este jueves el concejal socialista Borja Sanjuán. Este grupo acusó al PP de “cercenar” con los cambios la participación de la oposición en las comisiones informativas, donde se debaten los asuntos de la ciudad antes de que vayan al pleno.

El edil ha recordado que cuando llegó al gobierno de la ciudad, el PP redujo de 6 a 4 las comisiones del Ayuntamiento y de 9 a 7 los miembros que había por cada una, dejando a concejales de la oposición fuera. Ha explicado que esto es “contrario a toda la jurisprudencia que el Tribunal Constitucional” y se ha referido al dictamen emitido por la Sindicatura de Greuges en 2023.

El Síndic lanzó una recomendación al Gobierno de Catalá para que cambiase el acuerdo de creación de las comisiones municipales de forma consensuada entre todos los grupos “de la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos con la finalidad de potenciar el control, la transparencia y la rendición de cuentas”.

El Gobierno de Catalá alegó en respuesta a la Sindicatura que no quedaba acreditado que existan trabas para el desarrollo ordinario de las funciones propias de los cargos electos en el Ayuntamiento de Valencia, “ni obstáculos improcedentes, como los califica el Síndic, antes al contrario”. La determinación del número de comisiones del pleno “es una facultad o potestad de autoorganización del propio pleno y el acuerdo de 28 de julio de 2023 ha determinado que haya en este mandato cinco comisiones permanentes y que cada una de ellas tenga siete miembros titulares y siete suplentes”. El Ejecutivo local no aceptó la recomendación del defensor del pueblo valenciano.

“Estamos ante un caso de dudosa calidad y talante democrático de Catalá que ha decidido no rectificar porque quiere poner dificultades a la fiscalización de su gobierno y porque esta fórmula le permite en las comisiones sacar adelante los puntos con voto de calidad sin contar con Vox”, ha expuesto Sanjuán.

El concejal socialista ha recordado que la alcaldesa “mantiene una relación conflictiva con Vox” y ha lamentado que “tergiverse las mayorías para poder ahorrarse negociar con Vox los asuntos de las comisiones”.

Los miembros por comisión —por la que los ediles no cobran ningún complemento económico, según los socialistas— se redujeron también de nueve a siete miembros (3 del PP, 2 de Compromís, 1 de Vox y 1 del PSPV). Con esta organización, los socialistas son los más excluidos.

Esta restricción se ha dado en ayuntamientos pequeños pero no en ciudades grandes como Valencia. De todos modos, esa práctica se ha denunciado, ha llegado hasta el Tribunal Constitucional y se ha ganado, explicó en septiembre del año pasado la portavoz del grupo, Sandra Gómez. “El PP alega que se cumple la proporción en las comisiones pero lo que olvidan es que no se garantiza la efectiva representación de todos los ediles que forman parte de la corporación y ese requisito es tan obligatorio como el de la proporción”, precisó la concejala.