El Síndico de Agravios reclama a la alcaldesa de Valencia que dé mayor capacidad de control y fiscalización de la gestión pública a la oposición

El Síndico de Agravios, el defensor del pueblo valenciano, ha instado a la alcaldesa de Valencia, la popular María José Catalá, a que otorgue a los partidos de la oposición, PSPV y Compromís, mayor capacidad de control y fiscalización de la gestión pública. La recomendación surge de la queja presentada por los socialistas después de que la alcaldesa decidiera reducir el número de comisiones informativas, encuentros de debate previos al pleno, de manera que solo 28 concejales de los 33 que integran el Ayuntamiento de Valencia pueden participar en alguna de estas comisiones informativas.

En la resolución, el síndico pide que “se adopten todas las medidas que sean necesarias” para cambiar esta estructura y se adecúe “la forma más favorable al ejercicio del derecho fundamental a participar en los asuntos públicos con la finalidad de potenciar el control, la transparencia y la rendición de cuentas”.

María José Catalá redujo de siete a cuatro las comisiones informativas y a tres preguntas y dos mociones en cada uno de estos órganos, la posibilidad de fiscalización de la oposición. Esta decisión supone que de las 24 mociones que podía presentar la oposición se ha pasado a un máximo de ocho, mientras que las 36 preguntas que se podían formular se reducen a 12.

En su queja, los socialistas expusieron cómo solo 28 concejalas pueden participar en las comisiones: 13 del PP (son 14 contando la alcaldesa); 8 de Compromís, de los 9 electos; 4 socialistas de los 7 concejales elegidos y 4 de Vox, es decir, los mismos que ediles obtuvo en las elecciones. En la misma expresaron la “relevancia de los dictámenes o informes adoptados en las comisiones informativas” para el ejercicio de la función de control del gobierno municipal y el derecho de los concejales a participar, “con voz y voto, en las comisiones informativas municipales”.

La resolución del defensor del pueblo valenciano recoge también el informe del secretario municipal que el derecho de los grupos políticos municipales se ha respetado porque “todos ellos tienen al menos un concejal o concejala en todas las comisiones”.

Para la portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, la decisión de Catalá supone “una vulneración de derechos que podría ser considera como una prevaricación”. Para Gómez, “no solo se vulnera directamente su derecho fundamental al ejercicio de su cargo público, sino que también, aunque sea de manera indirecta, se ponen obstáculos improcedentes a la plena efectividad del derecho de los ciudadanos a participar en los asuntos públicos, piedra angular de nuestro sistema democrático”.

El grupo socialista ha presentado este miércoles moción de urgencia en el pleno con el objetivo de que se cumpla la recomendación que insta a la alcaldesa a cambiar el reglamento. El concejal del PP, Juan Carlos Caballero, ha argumento el rechazo a la urgencia de la moción alegando que el propio síndico otorga un mes al ayuntamiento para que conteste a su recomendación. Además, ha alegado que la organización del pleno se ha elaborado en base a un reglamento que aprobó durante el anterior mandato, bajo el gobierno de Compromís y PSOE. “Están sufriendo su propia mordaza”, ha dicho.