Las tretas de las alcaldesas de Valencia y Castellón para no publicar sus rentas

Los ciudadanos no pueden conocer cuánto dinero ha ganado la alcaldesa de Valencia, María José Catalá (PP), como profesora colaborada de la Universidad Internacional de Valencia (VIU), que ella misma privatizó siendo consejera de Educación, ni el salario cobra de la Universidad Cardenal Herrera CEU. Tampoco el salario percibido por la alcaldesa de Castellón, Begoña Carrasco (PP), como letrada de la Oficina de Víctimas del Delito. Ambas están utilizando argucias y estratagemas para no desvelar sus rentas, pese a que la norma les obliga a realizar una declaración de bienes y actividades en las que deberían incluir estas cantidades.

El reglamento del Ayuntamiento de Valencia, que fija las normas de funcionamiento, hace referencia a que los modelos para la presentación de estas declaraciones son “de acuerdo con las especificaciones del Decreto 191/2010, de 19 de noviembre, del Consell” y en este se señala que las mismas deben incluir los “ingresos netos percibidos en el ejercicio anterior a la declaración, con indicación de la procedencia de las rentas”. María José Catalá no lo hace. Únicamente apunta sus actividades pero no señala lo percibido por el desempeño de las mismas.

El oscurantismo sobre estas remuneraciones no es nuevo. Siendo líder de la oposición, en el anterior mandato, la dirigente popular ya se negó a hacer público su sueldo. Después de ser conminada en múltiples ocasiones por los socialistas, Catalá solo ha respondido que su declaración de la renta está disponible para poder ser consultada. “Es su forma de entender la democracia y la rendición de cuentas”, resume la concejal socialista Elisa Valía. “Claro que es relevante saber quién y cuánto le pagan”, añaden. Ante la reiterada negativa de la alcaldesa, el grupo socialista tiene previsto acudir al secretario para que determine si, según la norma, los datos que ofrece la popular son suficientes para cumplirla.

Incrementos patrimoniales

Además de las declaraciones tras la toma de posesión, los alcaldes y concejales están obligados a comunicar cambios patrimoniales y a realizar otra declaración una vez finalizado el mandato. El objetivo es que exista una información pública que pueda ser relevante para diagnosticar posibles conductas irregulares o que susciten dudas sobre su legalidad.

En el Ayuntamiento de Castellón, el grupo socialista ya ha realizado la consulta a la secretaría general. La alcaldesa y compañera de partido de Catalá, se niega a desvelar el salario que percibió como letrada. Los socialistas pidieron que la secretaria aclarara “qué datos se deben plasmar en la declaración”. “Se refiere a ingresos percibidos en el ejercicio anterior, refiriéndose por tanto en este caso al año 2022″, respondió la secretaria. Sin embargo, Begoña Carrasco considera que como en el momento de tomar posesión estaba en excedencia de su trabajo en la Oficina de víctimas del delito no debe dar cuenta de esa retribución.

Según la portavoz socialista en el consistorio castellonense, Patricia Puerta, Carrasco mintió en el pleno en el que se le preguntó por estos emolumentos. “Es una absoluta tomadura de pelo”, mantuvo Puerta quien reclamó a la popular que pida perdón y considera que la alcaldesa está “denigrando la imagen de la alcaldía y, por tanto, la imagen del ayuntamiento”.

En el Ayuntamiento de Valencia no es solo la alcaldesa la que tapa retribuciones. El concejal José Marí Olano ha hecho lo mismo aunque, en este caso, el edil popular no ha dejado sus actividades privadas y mantiene una dedicación a la política municipal del 25%. Además de este salario como delegado de Grandes Proyectos, dedica el 75% de su jornada laboral al ejercicio de la abogacía, incluido el asesoramiento en una empresa pública, a trabajar como socio de una consultora y a presidir el patronato de la Fundación Universitas. Sobre él, los socialistas también han reclamado que especifique las fuentes de las que obtiene sus rentas y el importe bruto de las mismas.