Los tres sueldos de Feijóo: cobró como senador, como líder del PP y un complemento como presidente del grupo parlamentario popular en el Senado
La dirección de los populares explica que ese extra “no es un sueldo del PP” sino un “complemento” proveniente del grupo: “Eso le diferencia salarialmente de un diputado raso”
Alberto Núñez Feijóo percibió tres remuneraciones distintas en el ejercicio de sus funciones como cargo público desde que entró en el Senado, en mayo de 2022, y hasta que abandonó la Cámara alta, el pasado 28 de julio. Hasta ahora, la dirección del Partido Popular había asegurado que el líder del PP había cobrado un sueldo como cualquier otro senador de fuera de Madrid —unos 72.000 euros anuales, abonados por la Cámara alta—, y una segunda asignación en virtud de su cargo como jefe de la formación —39.260 euros, que el PP pagó a su líder de abril a diciembre de 2022—. Pero Feijóo percibió una tercera cantidad en calidad de “presidente del grupo parlamentario popular en el Senado”, como ha adelantado en exclusiva eldiario.es y ha confirmado este periódico de fuentes de la dirección del partido. Según eldiario.es, el montante de esa tercera cantidad ascendió a 31.850 euros el año pasado. La tercera retribución se sufragó por el grupo parlamentario popular del Senado, aseguran las mismas fuentes a EL PAÍS.
La situación económica de Feijóo cambió en abril del año pasado cuando fue nombrado presidente del PP, porque —como él mismo reconoció en una entrevista de la SER—, percibe una remuneración del Partido Popular en virtud de su cargo. Pero esas cantidades no se reflejaban en la declaración de bienes y rentas que Feijóo presentó en la Cámara alta en mayo de 2022, cuando entró como senador, y tampoco fueron añadidas a posteriori. El 28 de junio, después de días en los que el líder del PP insistió en su negativa a hacer público cuánto dinero cobraba del partido, la dirección del PP se descolgó difundiendo a los medios que el presidente popular percibió 39.260 euros brutos, sujetos a impuestos, de abril a diciembre del año pasado. El gabinete del líder popular afirmó además que actualizarían su declaración de bienes en el Senado más adelante, cuando Feijóo abandonase su asiento en la Diputación Permanente de la Cámara alta, cargo que dejó finalmente hace ahora tres semanas.
Sin embargo, como publicó EL PAÍS el sábado, Feijóo tampoco actualizó su declaración de bienes y rentas tras cesar en el cargo como senador autonómico, el 28 de julio. Según el criterio aplicado por su gabinete —contrario al del presidente del Senado, el socialista Ander Gil, y al de fuentes parlamentarias—, tenía de margen hasta el 27 de agosto. Pero este miércoles Feijóo ha recogido su credencial como diputado en el Congreso y sí ha presentado en la Cámara baja la nueva declaración de bienes y rentas —todavía no disponible en la página web y a la que ha accedido eldiario.es—, y en la que, según publica, se refleja que junto a las otras dos cantidades cobró 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario popular del Senado. Por tanto, al margen de su salario corriente como senador, Feijóo cobró 71.110 euros en 2022 (39.260 como líder del PP más los 31.850 euros como presidente del grupo parlamentario).
Sobre la retribución como presidente del grupo parlamentario del Senado, desconocida hasta la fecha, la dirección del PP asegura que “no es un sueldo del PP” ni un “gasto de representación”, como sí son los otros 39.260 euros percibidos en virtud del cargo de presidente de los populares. Esa cantidad, añaden desde su gabinete, se debe a un “complemento” proveniente del grupo parlamentario del Senado, como también ocurre con otros “portavoces” o “presidentes de las comisiones”. “Cobró el complemento que cobraron todos los presidentes. Eso les diferencia salarialmente de un diputado raso. Sin ese complemento, Maroto ganaría más del Senado que Feijóo”, aseveran fuentes de la dirección. El portavoz del PP en la Cámara alta, Javier Maroto, percibía del grupo parlamentario popular 23.076,84 euros anuales, según la declaración de bienes publicada en la web del Senado. Pero otros parlamentarios de otros partidos, como la socialista Eva Granados, portavoz del PSOE en la Cámara alta, no perciben un extra por ejercer dicho cargo, según su declaración pública.
La propia Granados cargó contra el líder del PP, en la noche del miércoles, a través de Twitter. “Feijóo miente y vuelve a mentir. También en su sobresueldo. No conocen ni la integridad ni el servicio público”. A través de la misma red social, Pilar Alegría, portavoz del PSOE y ministra de Educación en funciones, ha añadido que “Feijóo tiene sobresueldo. Feijóo ha mentido. Feijóo no es de fiar”.
La tesis del gabinete de Feijóo
El presidente del Senado envió un requerimiento a finales de junio a Feijóo exigiéndole que actualizara su declaración en el Senado antes del 4 de julio basándose en la literalidad del artículo 26 del Reglamento del Senado y el 160 de la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Según este artículo del reglamento del Senado, los senadores “están obligados a formular” una declaración de actividades y otra de bienes patrimoniales. El mismo precepto, en su apartado 2, explicita: “Ambas declaraciones deberán formularse al iniciar su mandato, como requisito para la perfección de la condición de senador y, asimismo, en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición o de la modificación de las circunstancias inicialmente declaradas”.
Para justificar entonces que no actualizaban la declaración, el PP se acogió a la primera acepción del artículo 26.2 del reglamento —”en el plazo de los treinta días naturales siguientes a la pérdida de dicha condición”—, pero tanto fuentes parlamentarias como el presidente del Senado entienden que en cuanto se produce esa modificación, debe hacerse efectiva la actualización y no esperar hasta la finalización del mandato. Un cambio que se produjo desde que Feijóo empezó a percibir una remuneración como presidente del PP, en abril de 2022.
Pero el jefe de los populares desobedeció al socialista Ander Gil, cuarta autoridad del Estado, en virtud de sus propios argumentos. “El presidente del PP actualizará sus datos de renta y patrimonio conforme a los plazos reglados que tiene como senador perteneciente a la Diputación Permanente de la Cámara”, afirmaron fuentes de la dirección popular. Los senadores están obligados a actualizar la declaración al menos 30 días naturales después de dejar el acta. Según la interpretación del PP, por tanto, tenía hasta el 27 de agosto para cumplir con dicha obligación.
Pero cabía la posibilidad de que las retribuciones de Feijóo se conociesen antes de esa fecha al recoger el miércoles su credencial como nuevo diputado del Congreso, pues el reglamento de la Cámara baja exige también el registro de la declaración de bienes. Documento en el que Feijóo ha incluido esa tercera retribución como presidente del grupo parlamentario popular.
“Los gastos de representación” en el PP
El importe que percibe Feijóo del partido —la segunda cantidad, de 39.260 euros, abonada por el PP— es en concepto de “gastos de representación” y no como un sueldo aparte, insisten desde la dirección del PP. Pero esta denominación no es nueva, pues desde tiempos del expresidente del Gobierno y del PP José María Aznar se recoge como tal. Sin embargo, en el pasado se demostró que esos “gastos de representación” se abonaban en 14 pagas, incluyendo dos pagas extra, como suele ocurrir con los salarios al uso.
Pablo Casado, el antecesor de Feijóo, expuso, en la declaración de rentas que registró en junio de 2019 en el Congreso, percibir del PP un sueldo de 47.720 euros netos, aparte de lo que recibía por su condición de diputado. Mariano Rajoy declaró entre 2006 y 2011 unos ingresos del partido de entre 146.000 y 200.000 euros brutos al año, según sus declaraciones de bienes a raíz del escándalo del caso Bárcenas, y de 50.000 euros brutos al año como diputado en el Congreso. La justicia estableció que José María Aznar cobró sobresueldos del PP y que lo hizo, al menos, en tres ocasiones cuando ya estaba al frente del Gobierno, una circunstancia que prohibía la Ley de Incompatibilidades de Altos Cargos.
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