Laura Valli, jurista italiana: “La corrupción está imbuida en nuestra cultura”

Laura Valli incide en que la corrupción “está imbuida en nuestra cultura”, de tal manera que pasa desapercibida o es admitida como algo normal. Por eso hay que combatirla desde la educación temprana en las escuelas y también desde las últimas tecnologías, como la Inteligencia Artificial (IA), que puede suponer “una transformación revolucionaria” en el análisis de datos y, por tanto, en la lucha contra la corrupción y la burocracia que tanto la dificulta. Ella sabe bien de lo que habla. Es miembro de la Autoridad Nacional Anticorrupción de Italia y preside la red europea de autoridades para la integridad y la protección de las personas alertadoras de corrupción (NEIWA, en sus siglas en inglés), que reúne a 37 entidades —de ámbitos nacional, regional o municipal— de 26 países. Esta red de intercambio de información y ayuda ha celebrado en Valencia su novena asamblea el pasado jueves y viernes.

“La corrupción ataca directamente al corazón de la democracia, además de generar grandes pérdidas económicas. Se paga mucho más de lo que cuesta algo y los más perjudicados siempre son las personas más pobres, con menos recursos. Las personas con más recursos pueden contar con alternativas”, explica en la sede de la Agencia Valenciana Antifraude esta jurista de 64 años. Tras ejercer una década como magistrada en su país, se mudó con su familia a Nueva Zelanda y posteriormente a Washington, donde trabajó en el Banco Mundial cuando se ponía en marcha la unidad anticorrupción, antes de volver a Italia en 2018.

Valli explica que la aprobación en 2019 por parte de la UE de la llamada directiva Whistleblowing (sobre la acción de “alertadores” o “denunciantes”) para la protección de los denunciantes de corrupción e infracción en las instituciones públicas o empresas ha supuesto un gran avance en la lucha contra la corrupción en Europa. “Todos los países han debido legislar al respecto, ha habido mucho debate. Para hacer emerger la corrupción, que siempre está abajo, es esencial proteger a los denunciantes, que han estado perseguidos por expresar sus ideas. La Directiva reconoce al whistleblowing dentro de los Derechos Humanos y el Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo protege al denunciante sobre la base del artículo 10 de la Carta de los Derechos Humanos”, rememora.

Con el objeto de facilitar la transposición de la directiva a los diferentes países se creó la red que preside Valli. “La situación en Europa era muy desigual porque hay países que no tenían ninguna legislación o la tenían muy dispersa en diferentes leyes y organismos. Debatimos cómo proteger a los denunciantes, si les damos una compensación económica, si aceptamos denuncias anónimas”, señala. En EE UU, por ejemplo, se abona a los denunciantes un porcentaje sobre el dinero recuperado de la corrupción. En Europa, en casi ningún país. Se garantiza una serie de derechos y prerrogativas, como la protección de la confidencialidad”. La Agencia valenciana cuenta ahora con 37 denunciantes protegidos.

La corrupción es un problema generalizado en toda Europa pero en cada país se manifiesta de una manera. “Problemas comunes son: las licitaciones públicas, la selección de personal o el conflicto de intereses”, apunta. El vínculo entre la corrupción y la mafia se mantiene en su país, que, sin embargo, ha mejorado en los últimos años en la clasificación de Transparencia Internacional sobre la percepción de la corrupción. A ello ha contribuido la acción de la Autoridad Nacional Anticorrupción (ANAC), creada en 2014. “Lo más importante es que es independiente del Gobierno. Obtiene su financiación mediante de un porcentaje que recibe del importe de las licitaciones públicas”, señala la exmagistrada, que fue elegida por el Gobierno y el parlamento. En la institución trabajan más de 300 personas.

España no cuenta con una agencia u oficina estatal anticorrupción o antifraude. Sí hay de ámbito autonómico en Navarra, Cataluña, Andalucía y Comunidad Valenciana, y también municipales en Madrid y Barcelona. El Gobierno del PP y Vox en Baleares eliminaron su oficina el pasado mes en una decisión. Valli conoce la polémica: “Me he leído la exposición de motivos de la ley para abolirla. Es interesante porque reitera los argumentos de que el trabajo de la oficina ya lo hacen otros organismos o que sus funciones se duplican y sobre todo se dice que es en beneficio de la simplificación. Oímos a menudo que la simplificación actúa como antítesis de las normas, porque las normas obstaculizarían las actuaciones de proyectos rápidos y sin control. Algunos Gobiernos ven las leyes anticorrupción como obstáculos al desarrollo. Y esto es un problema”.

Valli alberga mucha esperanza en un cambio cultural que incorpore la integridad en el centro de las personas y las instituciones. La inteligencia artificial puede ser de gran ayuda para combatir la corrupción. “La comunidad internacional está trabajando mucho en cómo utilizar la IA, con nuevas ideas que pueden transformar completamente el sistema burocrático que tienen los países y de este modo luchar contra la corrupción”, indica. Los datos son básicos en este sentido. Recabarlos, analizarlos, compararlos y cruzarlos. En Italia, por ejemplo, se están realizando avances en el cruce de datos entre administraciones”, concluye.