La Fiscalía no recurrirá el archivo de la causa contra Mónica Oltra

La fiscalía no recurrirá el archivo de la causa en la que se investigó la gestión de la exvicepresidenta del Gobierno Valenciano, Mónica Oltra, sobre los abusos de su exmarido a una menor cuando la dirigente de Compromís era también responsable de Políticas Inclusivas. La imputación provocó la dimisión de Oltra no solo de sus cargos en el Ejecutivo valenciano sino también como diputada en las Cortes autonómicas.

El juez que ha instruido el caso durante dos años decidió, hace apenas diez días, archivar la causa al considerar que no existían “indicios de la comisión de delito alguno”. “No se ha acreditado, ni siquiera al nivel propio de los indicios, que Oltra, ni cualquier otra persona de la Conselleria, dirigiera orden, instrucción, consigna o indicación alguna” para ocultar o realizar una investigación extrajudicial sobre el caso de abusos del exmarido de la política, tal como sostenían las acusaciones.

“Se ha reiterado hasta la saciedad que no existe un solo indicio de que se dictara orden o instrucción alguna emanada de los cargos directivos de la Conselleria dirigidas a ocultar los hechos ni a desacreditar a la menor”, insistía el juez en el auto.

La fiscalía ha decidido así, según fuentes de la institución, no recurrir la decisión que sí ha sido apelada por las otras acusaciones, la que representa a la víctima de los abusos, y la presentada por una asociación que lidera la exfundadora de Vox Cristina Seguí y la propia formación ultra.

La imputación de Mónica Oltra llegó tras la presentación de las denuncias en lo que la vicepresidenta consideró siempre una “cacería política”. Su condición de aforada, al ser parlamentaria autonómica, hizo que la decisión se tomara en el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana, al que el juez pidió la imputación para que investigará si hubo encubrimiento del caso. La solicitud fue apoyada entonces por la fiscalía que, de mano de la entonces fiscal superior, Teresa Gisbert, remitió un duro escrito en el que consideraba no solo que Oltra había conocido los abusos antes de se judicializaran sino que dictó una orden verbal para “desvirtuar la credibilidad de la menor” y ocultar los hechos. “Se realizó una investigación superficial, en la que se percibe indiciariamente una línea de ocultamiento de los hechos”, indicó entonces el ministerio público, que describió una “voluntad de dejarlo correr”.

Entre ese escrito y el archivo, el juez ha instruido varias diligencias entre las que destaca el estudio de los correos electrónicos que intercambió el equipo de Oltra en la consejería tanto con la vicepresidenta como entre ellos. En los más de 45.000 mails la policía no encontró ninguno en el que se tratara el tema de la menor hasta que la Fiscalía les comunicó que había abierto diligencias. Así lo mantuvo en un informe remitido al juzgado en el que afirma que solo existen correos electrónicos referentes al caso a partir del 8 de agosto de 2017, cuando el departamento abrió un expediente informativo tras conocer que había en curso una investigación judicial y en ningún caso contienen instrucciones u órdenes para ocultarlo. El auto sostiene así que “todos y cada uno de los indicios que fundamentaron en su momento las imputaciones judiciales provisionales contra las personas investigadas se han desvanecido por completo”.