Los indicios y las lagunas del caso que pone contra las cuerdas a Mónica Oltra

En algún momento de 2016, una menor de 14 años, tutelada e interna en un centro concertado con la Generalitat valenciana, relató a una amiga que había sido víctima de abusos por parte de un educador del centro, el entonces marido de la vicepresidenta autonómica, Mónica Oltra. Se iniciaba así un caso que ha puesto políticamente contra las cuerdas a Oltra, que es también consejera de Políticas Inclusivas y, por tanto, responsable de los centros de menores. La líder de Compromís fue imputada el jueves por supuestamente encubrir los hechos, por los que su exmarido fue condenado a cinco años de prisión. Estas son las claves del sumario.

El inicio del caso. Tras hablar con su amiga, la menor relató los supuestos abusos del educador a su novio y a los padres de este que, en febrero de 2017, la acompañan a hablar con una trabajadora social. Al día siguiente repiten el relato ante un funcionario del Grupo de Menores de la Policía, al que la niña dice que no quiere denunciar. El 20 de febrero, la trabajadora social informa a la dirección territorial de la Consejería de Políticas Inclusivas. Se informa al supuesto agresor, entonces marido de Mónica Oltra, y se le aparta del servicio. Según los testimonios de los funcionarios, se animó a la menor a que denunciara pero, en un principio, no se le dio credibilidad por la falta de detalles y fechas concretas. El 21 de febrero, una técnico informa de que la menor va a ser explorada por una psicóloga. El día 28, esta psicóloga concluye: “No ha aparecido ningún indicio, palabra o frase a partir del cual pudiéramos investigar la posibilidad de la existencia de una experiencia en la que ella se sintió abusada sexualmente”. El 22 de junio, la menor aprovecha la presencia de dos policías en el centro y, animada por su novio (“díselo, díselo de una vez, anda, cuéntaselo de una vez todo y escarmienta”), relata los abusos a los agentes, a los que traslada su temor porque, según les dice, el agresor “tiene una familiar que es un cargo importante dentro de una consejería y sale por la tele”. El 27 de junio, el Grupo de Menores comunica los hechos a la Fiscalía de Menores, que inicia la investigación judicial. El 24 de agosto se realiza otro informe psicológico que concluye que el testimonio de la menor era “poco creíble”.

Las fechas. Mónica Oltra siempre ha defendido que no fue hasta el viernes 4 de agosto de 2017 cuando tuvo conocimiento de los abusos. Fue el día en que el juez dictó medidas cautelares contra su entonces marido, con el que “compartía inmueble, no convivencia”, según ha relatado la vicepresidenta, y se le notificó en el domicilio de ambos. Cuatro días después, la Dirección General de Infancia y Adolescencia ordena la apertura de un expediente informativo “tras tener conocimiento verbal” de los posibles abusos. La fiscal no se lo cree.

El expediente. El expediente informativo de la consejería resalta “el fuerte carácter de la menor, que había provocado diferentes incidentes en el centro, que abarcaban desde agresiones e insultos a los educadores hasta sustracción de pertenencias de sus compañeras, mala asistencia escolar y mal comportamiento en las clases, llegando a ser expulsada temporalmente, habiéndose fugado del centro en varias ocasiones”.

Los funcionarios. Ninguno de los funcionarios y trabajadores del centro en el que se encontraba la menor han señalado la existencia de órdenes por parte de la responsable de la consejería, Mónica Oltra, para tapar el caso o desacreditar a la menor.

El detonante. En febrero de 2022, tras la denuncia de la víctima, que ahora ya es mayor de edad y está defendida por el líder de la formación ultra España 2000, y la querella presentada por la cofundadora de Vox Cristina Seguí, el juez imputa a seis funcionarios de la Consejería de Políticas Inclusivas, además de a la directora y a una psicóloga del centro de acogida de menores, ante la sospecha de que la apertura del expediente administrativo, una vez iniciada la investigación judicial, se realizara para tratar de encubrir el caso. En marzo imputa a otros cinco y tres días después, Mónica Oltra declara: “Ese informe, el expediente, lo encargué yo, dejen a la gente en paz y puedo dar todas las explicaciones que quieran aquí y donde haga falta”. “Yo encargué el expediente informativo porque necesitaba saber qué había pasado”. Sus palabras, sobre las que luego se ha desdicho, provocan la decisión del juez de hacerla responsable del expediente.

Los indicios que apunta el juez. En la petición de imputación de Mónica Oltra trasladada por el juez de instrucción al Tribunal Superior de Justicia, dada la condición de aforada de la vicepresidenta, sostiene que “existen indicios racionales y sólidos de la participación” de la líder de Compromís en los hechos. Según el juez, estos se centran en que “no existió en la sede de la consejería ninguna voluntad real de esclarecer los hechos, sino, por el contrario, de ocultarlos, con una mera apariencia de actuaciones dirigidas a esclarecerlos”, a lo que añade: “Nos hallamos ante un expediente administrativo o una ‘Información Reservada’, indiciariamente ordenado por la Honorable Sra. Oltra, no orientado sino a desacreditar a la menor e interferir en un procedimiento penal en curso en el que su marido era el investigado”. El juez no se cree que ningún funcionario diera salida a la denuncia de la menor: “Siempre se podrá aducir que cualquiera puede tener errores en su labor profesional. Pero todos los funcionarios y profesionales intervinientes y ya aludidos, a la vez, no”. En principio, el juez habla de un delito de “abandono de menor desvalido por omisión de los deberes inherentes a la guarda y custodia”.

La acusación de la Fiscalía. La fiscal superior de la Comunidad Valenciana va más allá y acusa a Oltra no solo del abandono a la menor, sino también de omisión en el deber de perseguir delitos y de prevaricación. Sobre este último, argumenta que existía una “idea directriz de ocultar los hechos y, cuando salieron a la luz, la finalidad de desacreditar a la víctima y desvirtuar su testimonio, negando su credibilidad”. La fiscal cree que esa directriz se marcó “indiciariamente” a través de “una orden verbal” dada por Mónica Oltra. Sin embargo, solo basa esta afirmación en su incredulidad sobre el testimonio de los funcionarios, que negaron haber recibido ninguna orden de la vicepresidenta. “Es imposible que funcionarios de tan diversa naturaleza y categoría, desde técnicos en menores a psicólogos, jefes de servicio y directores de centro y territoriales, mantuvieran unánimemente la misma versión de los hechos, lo que constituye un fuerte indicio del sentido de dicha orden verbal”, arguye. Sobre el abandono de menores señala: “Nadie se preocupó de proteger a la menor de dichos abusos (…). El hecho de no denunciar los abusos ante la Policía, Fiscalía de Menores, Administración de Justicia, supuso un incumplimiento flagrante, arbitrario, sin justificación legal alguna y muy grave de los deberes de un tutor con su pupilo”.

El pronunciamiento del TSJ. El Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad valenciana imputó el jueves a Mónica Oltra. Entre sus argumentos, señala que aunque “no existe prueba directa” que vincule los trámites seguidos en la consejería con la vicepresidenta, “sí que concurren unos indicios plurales, que en principio hacen pensar que fueron orquestados” para beneficiar al exmarido de Oltra, que posteriormente fue condenado por abusos a cinco años de cárcel, “o bien, a proteger la carrera política” de la propia Oltra.