Una entidad anticorrupción impugna una candidatura a dirigir la Agencia Valenciana Antifraude por incumplir los requisitos legales

Acción Cívica Contra la Corrupción ha presentado un escrito a la Mesa de Les Corts Valencianes en el que impugna la candidatura a la dirección de la Agencia Valenciana Antifraude, presentada por Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP), porque esta entidad no cumple los requisitos. AEGAP ha presentado al exdelegado de la Agencia Tributaria en Valencia Eduardo Beut para sustituir a Joan Llinares, que finaliza en mayo su mandato de siete años. El otro aspirante es el actual director de Análisis e Investigación de la Agencia, Gustavo Segura, propuesto por la propia Acción Cívica, el Observatori Ciutadà contra la Corrupción y la Fundación por la Justicia. Las tres entidades fueron las promotoras en su momento de Joan Llinares. La primera candidatura generó polémica cuando se dio a conocer en enero por sus pasados vínculos con el PP cuando Eduardo Zaplana era presidente de la Generalitat entre 1995 y 2002, según denunció Compromís

Presidida por el abogado y escritor Antonio Penadés, Acción Cívica recuerda en su escrito que la ley de creación de la Agencia Antifraude de 2016 dispone que “las personas personas candidatas a ocupar el cargo serán propuestas a Les Corts por organizaciones sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana y por los grupos parlamentarios”. Y considera que el incumplimiento de los requisitos exigidos por la ley es doble.

En primer lugar, no se trata de “una organización social”. “Según sus estatutos, que pueden encontrarse en su web www.aegap.com, esta entidad es una asociación con la finalidad de defender los intereses profesionales de los estudiantes y graduados en GAP (Gestión de Administración Pública)”, indica Acción Cívica. En la propia carta de presentación de la asociación, que se adjunta en el escrito, “su presidenta afirma que son un grupo de personas que se reúnen ‘en torno a la idea de mejorar el conocimiento y prestigio de la carrera de GAP y promover el reconocimiento de sus profesionales”.

En segundo lugar, argumenta la entidad anticorrupción, AEGAP “no trabaja contra el fraude y la corrupción”, no se dedica a perseguir la corrupción. “De hecho, en sus estatutos no aparece ni una sola vez la palabra “fraude” ni “corrupción”. Sus propósitos, por supuesto muy lícitos, son estrictamente de índole corporativa”, añade el escrito.

Por todo ello, la entidad solicita a la Mesa de Les Corts que “proceda a rechazar de plano la candidatura presentada por la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública por no reunir ninguno de los dos requisitos establecidos por el art. 26.4 de la Ley 11/2016″. Previamente, Acción Cívica pidió a Les Corts poder consultar el expediente del proceso que se está desarrollando para buscar el sucesor de Llinares.

También el Observatori Ciutadà contra la Corrupció cuestionó a este periódico el pasado mes la idoneidad de la promotora de la candidatura de Beut. “Tenemos serias dudas de que cumple con la normativa, porque hemos estado mirando sus estatutos y sus objetivos y no hemos encontrado que entre sus fines se encuentre la lucha contra la corrupción, uno de los requisitos que establece la ley”, señaló Rafael Mauri, su presidente.

Vínculos

El proceso abierto en las Cortes para encontrar un relevo en la dirección de la Agencia Antifraude está envuelto en polémica. La candidatura de Beut fue cuestionada de inmediato por Compromís y después por el PSPV-PSOE. Ambos recordaron que el inspector de Hacienda fue designado por el gobierno de Zaplana consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales. También trascendió que fue socio en una librería en Valencia de Juan Francisco García, el que fuera jefe de Gabinete del entonces presidente de la Generalitat. Además, Compromís señaló que Inmaculada Luz Collado, presidenta de AEGAP, “está vinculada al PP”. Los populares aseguraron desconocer a Beut y Vox, su socio de Gobierno en la Generalitat, planteó “hablar de la ubicación, reconversión, desaparición o lo que sea” de la Agencia, lo que disparó las alarmas sobre el futuro funcionamiento de la entidad.

De tal modo que diversas entidades, no solo valencianas, como la Fundación Haz Derecho, radicada en Madrid, manifestaron su preocupación por el futuro dela Agencia Antifraude. “La Agencia ha sido una entidad incómoda para todos los partidos con problemas de corrupción, pero es que ese es su cometido y así ha sido reconocida por la Comisión Europea”, manifestó la secretaria general de Hay Derecho, Elisa de la Nuez, a este periódico.