Dos entidades anticorrupción cuestionan que la promotora de un polémico candidato a la Agencia Valenciana Antifraude cumpla la ley

Las entidades Acción Cívica contra la Corrupción y el Observatori Ciutadà contra la Corrupció manifiestan sus serias dudas sobre la idoneidad de la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública (AEGAP) para presentar un candidato a la dirección de la Agencia Valenciana Antifraude. Esta asociación ha postulado al exdelegado de la Agencia Tributaria en Valencia Eduardo Beut para sustituir a Joan Llinares, que finaliza en mayo su mandato de siete años.

Esta candidatura fue cuestionada de inmediato por Compromís y después por el PSPV-PSOE en razón de los antiguos “vínculos” de Beut con el PP y con el que fuera presidente de la Generalitat, Eduardo Zaplana, cuyo gobierno lo designó consejero y vicepresidente de Cartera de Participaciones Industriales, entre otras relaciones con el entorno del exmandatario. Compromís también incidió en que Inmaculada Luz Collado, presidenta de la asociación, “está vinculada al PP”. Los populares aseguraron desconocer a Beut y Vox, su socio de Gobierno en la Generalitat, planteó “hablar de la ubicación, reconversión, desaparición o lo que sea” de la Agencia, lo que disparó las alarmas sobre el futuro funcionamiento de la entidad.

Acción Cívica no entra en cuestiones de filiaciones políticas sino en los requisitos legales para el relevo de Llinares, cuyo proceso está en marcha en el parlamento valenciano. Ha presentado un escrito a las Cortes Valencianas en el que advierte de que la citada “puede que no cumpla el requisito establecido” en la ley de 2016 en el siguiente artículo: “Las personas candidatas a ocupar el cargo serán propuestas a Les Corts por organismos sociales que trabajen en la actualidad contra el fraude y la corrupción en la Comunitat Valenciana”.

La entidad dirigida por el abogado Antonio Penadés añade: “Dicha Asociación, por lo que hemos podido averiguar, no parece que sea una organización social ni que trabaje contra el fraude y la corrupción en la Comunidad Valenciana. Por ello, solicita a las Mesa del parlamento “el acceso al expediente con toda la documentación e información que contenga para poder comprobar la naturaleza y fines” de la citada Asociación, y “en su caso, impugnar el acuerdo de admisión a trámite de la candidatura propuesta por esa asociación”.

En el mismo sentido se expresa el Observatori Ciutadà contra la Corrupció, que fue una de las tres entidades, junto a Acción Cívica y Fundación por la Justicia que propusieron inicialmente a Llinares y ahora han presentado la candidatura del actual director de Análisis e Investigación de la Agencia, Gustavo Segura, el otro aspirante. “Tenemos serias dudas de que cumple con la normativa, porque hemos estado mirando sus estatutos y sus objetivos y no hemos encontrado que entre sus fines se encuentre la lucha contra la corrupción, uno de los requisitos que establece la ley”, señala Rafael Mauri, presidente del Observatori. La entidad advierte de esta circunstancia y confía en que la comisión de las Cortes haga su trabajo y certifique convenientemente la “idoneidad” de la organización, así como de los candidatos presentados, en aplicación de la ley.

Este periódico se puso el martes en contacto con la Asociación Española de Gestores para la Administración Pública, pero una responsable declinó realizar cualquier declaración sobre el objeto de su constitución y el cuestionamiento de su idoneidad, así como de las críticas vertidas desde la oposición. En la portada de su página web se explica que se trata de “una asociación de carácter nacional sin ánimo de lucro que tiene como objetivo fundamental la defensa de los intereses académicos y profesionales de los estudiantes y titulados en Gestión y Administración Pública”.

En su interior, la entidad nacida en 2015 y cuyo domicilio social se ubica en la Universidad Politécnica de Valencia, refleja cuáles son sus “premisas principales”. Estas son las cinco primeras: “1. Potenciar el nivel del grado universitario en GAP y hacer más visible esta titulación. 2. La promoción, el fomento y prestigio de la imagen de los titulados y estudiantes en GAP y también la del actual funcionario de la Administración Pública. 3. Profesionalizar la carrera y en un futuro crear un colegio oficial que aglutine a los gestores de la Administración Pública, tanto titulados como profesionales con dilatada carrera en la Administración Pública. 4. Facilitar la formación continuada y fomentar las relaciones entre estudiantes y graduados, favoreciendo el intercambio de conocimientos para contribuir a la promoción, difusión y prestigio de los gestores de la Administración Pública. 5. Posibilitar actuaciones de colaboración entre la Universidad y las Administraciones Públicas, defendiendo que tanto la formación como la actividad profesional se adecuen a las demandas de la sociedad”.

Para la elección del director de la Agencia Antifraude se necesita una mayoría de tres quintas partes de las Cortes. En consecuencia, la mayoría parlamentaria formada por el PP y Vox (53 escaños sobre 99) precisa al menos siete votos más, que deberían salir del PSPV-PSOE (31 diputados) o de Compromís (15). También hay otras posibles combinaciones, como la suma del PP (40) y PSPV. La izquierda ha manifestado que no llegará a ningún pacto con Vox.