La Agencia Valenciana Antifraude advierte de la falta de personal en la Administración pública

El director de la Agencia Valenciana Antifraude, Joan Llinares, ha advertido este martes de la “debilidad” y la “falta de relevo generacional” en la Administración pública, que a su juicio incide de forma crítica sobre el control del gasto. “La Generalitat y sus ofertas de empleo público no reponen ni las jubilaciones y esto se debería de resolver”, ha dicho el director, porque si bien se ha mejorado la eficiencia con la administración electrónica y las tecnologías han aumentado la productividad, “hay elementos que son insustituibles”.

Llinares, que ha comparecido en la comisión de investigación que investiga en las Cortes Valencianas la deuda pública de la Comunidad Valenciana, ha llamado la atención sobre el hecho de que “los mayores casos de corrupción se han producido en empresas públicas”, motivo por el cual ha reclamado un incremento de los mecanismos de control en estas sociedades.

En su intervención, ha asegurado que la deuda pública es necesaria e inseparable de la Administración, que sin ese recurso no podría atender necesidades básicas, pero se ha preguntado si esa deuda “está equilibrada con la capacidad de cada ente público y si las inversiones tienen retorno social o son necesarias”.

“La evaluación y control de gasto es algo necesario. En los últimos años se han desarrollado grandes proyectos fallidos que cada año siguen generando más deuda”, ha apuntado Llinares, quien ha advertido, además, de que “a gobiernos más corruptos o ineficientes, más deuda”.

Tras citar varios informes de organismos internacionales relacionados con el coste económico de la corrupción, ha opinado que la reciente multa de más de 200 millones de euros impuesta por Competencia a las seis principales constructoras de España es “insuficiente” y que él, ante prácticas de concertación para impedir la libre concurrencia, aboga por la “inhabilitación”.

Preguntado por los diputados por qué parte de la deuda valenciana se debe a la infrafinanciación y qué parte es responsabilidad de los sucesivos gobiernos de la Generalitat, Llinares se ha referido a un informe de la Sindicatura de Comptes que señala que el 78% de la deuda se debe a un desequilibrio por infrafinanciación, y que “el otro 22% no está esbozado”.

“En 2019, un estudio de Joan Romero (UV) habla de infraestructuras fallidas que en los últimos 30 años han costado unos 6.000 millones de euros en la Comunidad”, ha apuntado Llinares.

Otro de los aspectos sobre los que ha llamado la atención el director de la Agencia Antifraude es el “desmantelamiento” del ecosistema financiero valenciano durante los años del boom inmobiliario.

“La Generalitat aparecía como socio en iniciativas urbanísticas que debían ser privadas con fondos de entidades cautivas como Bancaja o la CAM. El resultado ya lo sabemos, nos quedamos sin un sistema financiero con más de 150 años. Esto se estudiará en las facultades”, ha agregado.

El diputado del PP Alfredo Castelló ha preguntado a Llinares si no contribuye al incremento de la deuda pagar 10.000 euros mensuales por el alquiler de la sede de la Agencia Antifraude y también, por las supuestas subvenciones de más de 500.000 euros obtenidas por la “trama Puig” que contempla la memoria de 2019 de Antifraude.

“En ningún momento usamos nosotros esas palabras”, ha apuntado Llinares, quien ha confirmado que existe un expediente de investigación paralizado en Antifraude —sobre el cobro de ayudas supuestamente ilícitas para la promoción del valenciano por parte del hermano del presidente— porque se llevó a los juzgados, y ahí debe seguir hasta el final”.

Sobre al alquiler de la sede de Antifraude, Llinares se ha dirigido a todos los diputados presentes para reclamarles que “esta casa —las Cortes— debería haber conseguido una sede. En el debate parlamentario se ha propuesto un edificio en la calle Conde Trénor... se lo dejo a ustedes”.