El Ayuntamiento de Valencia prohíbe repartir comida para 700 personas sin hogar en el antiguo cauce del río: “No nos van a mover”

Marise García tiene una nave con cocina en el polígono Fuente del Jarro, un cuerpo de 15 voluntarios, un sistema para servir una comida cada cuatro segundos, un grupo de casi 700 “amigos” sin hogar que reciben cada día un plato caliente, y 62 mensajes de WhatsApp sin leer. “Así todos los días, en Valencia soy más conocida que el tato”, asegura la directora de la Fundación Ayuda Una Familia. Cada día, cientos de personas sin hogar acuden al punto central de alimentación móvil que García y los suyos instalan a las dos de la tarde bajo el puente de Ademuz, en el Jardín del Turia. Allí estarán también hoy, y mañana, y pasado mañana, y todos los días, como han estado desde principios de noviembres pasado, a pesar de que el Ayuntamiento de Valencia, en el que gobierna PP y Vox, les ha retirado el permiso para hacer el reparto cuando podían hacerlo hasta noviembre de 2024, alegando “basura y peleas”, algo que niegan desde la organización. El Consistorio asegura que “el impacto higiénico-sanitario del reparto solidario de alimentos es inasumible por el Jardín del Turia”. El Ayuntamiento ha encargado un informe al Organismo Autónomo Municipal, Parques y Jardines que señala que las incidencias se concretan en la “acumulación de restos de comida diseminados por el jardín”. “Y –continúa el texto- ante la falta de medios del OAM Parques y Jardines para asumir su retirada inmediata, se está produciendo un aumento en la presencia de cucarachas, roedores y fauna avícola, lo que conlleva el consiguiente incremento de patógenos y parásitos, además de acumulaciones de deyecciones animales, a los que se suman los excrementos de los propios comensales y los restos arrojados de alimentos”.

Pero la fundación es consciente de que se juegan mucho. Por eso, con o sin permiso, van a seguir repartiendo.

“Hemos pedido que la policía nos acompañara para ver lo que hacemos, pero no han venido nunca, a excepción de una vez”, relata García. Aquella vez la visita de los agentes terminó de forma abrupta: “Nos quisieron denunciar, nos pidieron la documentación y todo”. Pero la Fundación Ayuda Una Familia estaba amparada por un permiso municipal de un año para repartir alimentos. Ahora ya no lo está: el Consistorio, gobernado por el PP y Vox, ha revocado la autorización después de tan solo un mes. Alegan que el reparto tiene un alto “impacto social e higiénico-sanitario en su entorno”, es decir, que genera basura. Alegan problemas de orden público, es decir, que las personas beneficiarias se pelean. Son las conclusiones del informe elaborado por el Organismo Autónomo de Parques y Jardines en el que se insta a que la actividad se traslade a unas instalaciones fuera del Jardín del Turia adecuadas para tal fin, y que cuenten con un recinto cubierto con instalaciones de aseo y limpieza personal. Asimismo, se indica que Parques y Jardines carece de medios para retirar los residuos, lo que aumenta “las cucarachas, roedores y fauna avícola”. También se habla del “efecto llamada” del reparto de alimentos y de que crecen las pernoctaciones en el río.

A las acusaciones de suciedad, García responde que el único argumento del Ayuntamiento son “fotos de tres tuppers tirados, cuando se reparten al mes 15.000 raciones”, y que los voluntarios recogen siempre antes de marcharse. Sobre las peleas, que algunas veces, pocas, surgen discusiones en el momento del reparto: “A veces discuten entre ellos porque pasan mucha hambre y mucho frío”.

Pero la mejor prueba de que la ayuda funciona son los voluntarios de García. Muchos son migrantes, personas a las que antes ayudaban desde la fundación. Algunos tomaban drogas. “Ahora ya no, porque los hemos autoalimentado de amor y de cariño y de muchas cosas más, no solo de caldo caliente”, dice. Con ellos, una quincena, ha cerrado el círculo: “Antes les ayudábamos nosotros a ellos y ahora nos ayudan ellos a nosotros”.

Antes de que estos voluntarios lleguen a la cocina de la fundación en el polígono Fuente del Jarro para preparar las comidas, García ya ha llegado. “Yo a las ocho ya estoy allí preparando la cocina y diseñando lo que se va a cocinar ese día según lo que tengamos en despensa y nevera”, relata. Durante la mañana, sus ayudantes y ella cocinan, emplatan y envasan la comida. Fruto de ese trabajo, a las dos de la tarde, bajo el puente de Ademuz, el menú del día puede ser, por ejemplo, “un vaso de caldo caliente, pollo al ajillo con huevo revuelto y tomate natural, Coca-Cola, fruta y bollería”.

Ahora reparten menús completos, pero empezaron por el agua. Cuando, hace siete años, se creó la fundación, comenzaron por repartir bidones de 1.000 litros de agua a los asentamientos chabolistas de Valencia. García lo dice con naturalidad, porque las personas que viven en chabolas en la tercera ciudad más poblada de España existen, aunque no se parezcan invisibles. Ahora, se ocupan también del asentamiento de personas procedentes de África en Sagunto, de las chabolas de personas saharauis en el antiguo circuito de Fórmula 1 de la capital o del grupo de personas rumanas de los alrededores del estadio de Mestalla. García asegura que no es que no quieran dormir bajo techo y que rechacen la ayuda de las instituciones, es que casi no la hay. “No hay plazas en albergues, es imposible”, afirma.

“No solo es que tengan hambre y frío, sino que nadie les dedica tiempo”, asegura la directora de Ayuda Una Familia, que para muchos es María, en vez de Marise, porque algunas personas migrantes no entienden su nombre. “Me conocen mucho porque les doy cariño, les digo ‘no os preocupéis, todo se va a arreglar’ y me sé sus nombres”, afirma. Nombrar humaniza: “Decirle a alguien que te encuentras después de un tiempo ‘¿cómo estás, Osama?’ tiene un efecto tremendo, se alegran muchísimo porque no han escuchado su propio nombre en mucho tiempo”.

Ahora, dice, la fundación está esperando “un movimiento” por parte de la alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y sus voluntarios tienen claro que no piensan suspender la ayuda. “No queremos guerra, queremos soluciones”, dice Marise García, que cree que la suspensión del permiso viene del desconocimiento de la labor de la organización. Para el consistorio, tiene un mensaje claro: “Dame una solución, ponme una nave del Ayuntamiento, cualquier sitio donde pueda ir y seguir repartiendo”. Sabe que las 700 personas que cada día comen gracias a Ayuda Una Familia los seguirán donde vayan. Cómo no iban a hacerlo, se pregunta, si no tienen ningún otro sitio donde ir.

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