La Balsa de San Diego: el tramo con goteras del trasvase Júcar-Vinalopó

Son 800.000 metros cuadrados de matas y arena endurecida. Una superficie equivalente a 80 campos de fútbol con todas las características del desierto mediterráneo. Sin embargo, presenta ciertas características que la diferencian del entorno. Está perimetrada con una valla, y a su alrededor se erigen las construcciones típicas de cualquier infraestructura hidráulica. En una esquina, una gran cantidad de sacos terreros ayudan a acumular una leve lámina de agua. Se trata, en realidad, de la Balsa de San Diego, situada entre Villena (Alicante, 34.114 habitantes) y La Font de la Figuera (Valencia, 2.024 habitantes). Está pensada para albergar 20 hectómetros cúbicos de agua, costó 40 millones de euros y pertenece a la estructura del trasvase Júcar-Vinalopó, cuya entrada en vigor se firmó el pasado mes de octubre. Y no ha podido utilizarse nunca, desde su entrega en 2012, porque tiene filtraciones. Once años después, la sociedad pública responsable de la macrobalsa, Acuamed, no “considera urgente” su puesta en servicio, pese a las continuas reclamaciones de los regantes. Tampoco la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ) la ve necesaria.

Fuentes de Acuamed, la empresa responsable de la construcción, explotación y adquisición de las obras hidráulicas españolas, explican que “la Balsa de San Diego se diseñó para un volumen anual de agua transferida de 80 hectómetros cúbicos anuales”. Actualmente, se están trasvasando entre 7 y 10 al año, y el pacto de puesta en marcha del Júcar-Vinalopó está fijado en un mínimo de 278 hectómetros cúbicos de agua para riego en diez años. “El volumen de agua anual a gestionar en los diez años de vigencia de la adenda recientemente firmada”, continúan desde Acuamed, “no requiere necesariamente su reparación”. “En cualquier caso”, añaden, “se continúa avanzando con la tramitación de su reparación y actualmente el proyecto se encuentra en fase de supervisión”.

“Si no se repara el embalse de San Diego, el trasvase puede resultar fallido”, lamenta Ángel Urbina, presidente de la Junta Central de Usuarios (JCU) del Vinalopó, l’Alacantí y Consorcio de Aguas de la Marina Baixa, que agrupa a los regantes beneficiarios de las transferencia de agua entre el Júcar y el Vinalopó. “Se construyó sobre una superficie repleta de pozos artesianos, está encima de un coladero”, critica. Coincide en que, pese a la más de una década transcurrida desde su inauguración, aún pueden pasar sin la balsa. Pero “en un par de años, será imprescindible para cumplir con la senda de suministros firmada”, asegura.

Urbina es uno de los firmantes del acuerdo del Júcar-Vinalopó, que fija para 2027 la instalación de plantas fotovoltaicas, una inversión estatal de 95 millones de euros que servirá elevar el agua desde Cullera, población valenciana al nivel del mar, y Villena, situada a 505 metros de altitud. Esta infraestructura es la que permitirá reducir costes para que el Gobierno pueda hacer frente al apoyo económico que ha dejado el precio del agua para los regantes a 24 céntimos por litro, según el mismo pacto. “Si se eleva el agua y no se riega, en algún sitio habrá que almacenarla”, sostiene Urbina. Las 20.000 hectáreas distribuidas entre las 16 comunidades de regantes adscritas a la JCU se reparten por casi todo el interior de la provincia, desde Villena hasta Elche. Y a pesar de que los usuarios de la transferencia del Júcar disponen de grandes reservorios, “no tenemos balsas para almacenar 20 o 30 hectómetros cúbicos”, advierte.

A juicio de Urbina, San Diego es una de las dos piezas que perfeccionarán el proyecto. La margen izquierda del postrasvase, que se licitó en febrero de este año, es la otra infraestructura que considera ineludible. La responsable de las obras sería la Generalitat Valenciana y el presidente de la JCU cifra en “unos 120 millones” su coste total. “Debería estar acabada en dos o tres años”, confía. Es precisamente esta conducción pendiente la que pone en duda la utilidad de la balsa villenera, según Miguel Polo, presidente de la CHJ, que no ve “necesario avanzar de forma definitiva” en su reforma. “Originalmente”, declara, “San Diego estaba condicionada al trasvase del Ebro”, derogado en 2005. De allí tendrían que haber partido las dos márgenes del postrasvase pero, con las modificaciones de su trazado, “se decidió que la margen izquierda saliera desde El Toscar”, un embalse del municipio alicantino de Monóvar. Polo insiste además en que “hasta alcanzar una transferencia de 30 hectómetros cúbicos, no hace falta un embalse regulador”. Y, por último, señala que la ubicación elegida tampoco fue acertada. “No se trataría solo de impermeabilizar la balsa”, comenta, “sino que se construyó sobre suelos de yesos, que se podrían disolver” y causar el derrumbe completo de la instalación.