Valencia aplicará la ley de Bajas Emisiones solo cuando se superen los umbrales de contaminación

El Ayuntamiento de Valencia ultima la regulación para cumplir lo establecido en la Ley de Bajas Emisiones, que solo se aplicará en la capital en las zonas que se establezcan si se superan los umbrales de contaminación permitidos. El concejal de Movilidad, Jesús Carbonell, ha asegurado que en los primeros estudios relativos a los umbrales de contaminación en la ciudad para determinar la futura Zona de Bajas Emisiones (ZBE), “ningún barrio de Valencia alcanza los límites estipulados por lo que no hará falta aplicar medidas restrictivas”.

El edil ha explicado que como la legislación contempla que todos los municipios de más de 50.000 habitantes deben elaborar una ordenanza, se hará la regulación correspondiente para Valencia, cumpliendo con la normativa estatal y europea pero “en nuestro caso no se va a necesitar aplicar medidas restrictivas”. Vox, socio preferente del PP en el Ayuntamiento de la capital, se opone a la ZBE.

“La ZBE se pone en marcha y se instalarán las cámaras, pero no hay necesidad de aplicar medidas restrictivas si se confirman todos los estudios realizados”, ha afirmado Carbonell.

El Gobierno español elevó en septiembre, a la vuelta de vacaciones, la presión sobre las ciudades que todavía no están diseñando sus zonas de bajas emisiones (ZBE), a las que están obligadas las 151 urbes españolas de más de 50.000 habitantes desde el pasado 1 de enero. Nueve meses después, solo 14 cuentan con una de estas áreas, si bien el Ministerio para la Transición Ecológica aclara que una mayoría está trabajando ya en sus proyectos.

En el mapa interactivo puesto en marcha por el Ministerio, que recoge la situación en que está cada ciudad, Valencia aparece en el grupo donde la ZBE está en tramitación. La zona de bajas emisiones es un ámbito delimitado en el que se aplican restricciones de acceso, circulación y estacionamiento de vehículos para mejorar la calidad del aire y mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero. El objetivo es potenciar un cambio en el modelo de movilidad, con mejoras para los modos más sostenibles.

El anterior gobierno local, de Compromís y PSPV, sacó a licitación y adjudicó a finales de 2022 la instalación de 274 cámaras, 52 sensores y 44 paneles informativos, necesarios para la gestión y control de la ZBE, por un importe de 10,8 millones de euros procedentes de fondos europeos. También se dejó avanzado el proceso de participación pública en torno a la implantación de la ZBE y se establecieron cinco posibles zonas en la capital para solicitar las ayudas pero los ámbitos pueden variarse o aplicarse por fases.

El plazo para implantar la Zona de Bajas Emisiones concluía en 2023, así que el nuevo Ejecutivo local no dispone de mucho tiempo para aprobar una ordenanza o reglamento que la regule. El Ministerio de Transportes advirtió hace unas semanas a las ciudades rebeldes que si no las regulaban estaban en riesgo los fondos europeos recibidos.