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La patronal de residencias Aerte se enfrenta a la Generalitat por el modelo de atención a la dependencia

La Consejería de Aitana Mas impulsa una red asistencial con más personal y alejada de las macrorresidencias

El País
Aerte Valencia
Protesta de la patronal valenciana de residencias frente a la sede de la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas de la Generalitat.Mònica Torres

La patronal valenciana de residencias Aerte se ha concentrado este martes ante la Consejería de Igualdad y Políticas Inclusivas para reclamar que desbloquee el acceso al sistema de atención a la salud mental y la dependencia y facilite “ayuda suficiente” a cada persona que precise ser atendida. La asociación denuncia que la nueva regulación de la Generalitat reduce las ayudas para las personas con problemas de salud mental que quieren acceder a una vivienda tutelada, y limita la elección de centros residenciales a muchas personas mayores.

Según la patronal, “el incremento de las ayudas previsto por la Generalitat en sus últimos decretos es insuficiente para cubrir el coste de los nuevos requisitos exigidos, lo que provocará que aumente el copago que llevan a cabo las personas usuarias y sus familias”.

El pleno del Consell aprobó el pasado viernes el decreto que regula la tipología y funcionamiento de los centros, servicios y programas de todo el área de servicios sociales y su ordenación “al detalle” dentro de la estructura funcional, territorial y competencial del Sistema Público Valenciano. La vicepresidenta y consejera de Igualdad y Políticas Inclusivas, Aitana Mas, defendió que se trata de una norma que supone una “mejora significativa” y “necesaria” en los estándares de calidad de los centros, en la atención especializada, con un número de plazas más reducido y creando más espacios de intimidad de manera que los centros “se parezcan más a un hogar”. El decreto es un adiós al modelo de macrorresidencias.

Según ha declarado la consejera, en las plazas públicas, concertadas o contratadas con la Generalitat, “no va a suponer nunca un incremento, sobrecoste o copago para las personas que vayan a acceder a estos recursos”. Las empresas privadas, en lugar de “crear alarma social”, ha manifestado la vicepresidenta, deberían “dar explicaciones a sus clientes sobre si van a repercutir el incremento de la calidad de los servicios en el usuario o van a hacer un esfuerzo de bajar sus beneficios empresariales”.

Más añade que no conoce ninguna persona usuaria que esté “en contra de que se duplique el personal de atención”. En su opinión, muchas de las medidas del decreto sirven para mejorar un servicio público “que se había quedado obsoleto” tras la pandemia.

La patronal de residencias replica que “no se ha cambiado el sistema porque no funcione, que lo está haciendo, sino porque les parece caro”. En un manifiesto leído durante la protesta de este martes han destacado que para que las personas con problemas de salud mental sean una “verdadera prioridad” se les debe ofrecer los “apoyos necesarios para que puedan establecer un proceso de rehabilitación psicosocial adecuado”.

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Según explica Aerte, desde agosto de 2022 la Consejería ha reducido los importes de ayuda que ofrecía a estas personas para acceder a una plaza en una vivienda tutelada, “argumentando que hay otros servicios compatibles para apoyarlos y desconociendo que el personal que hay en los pisos está para ofrecer ese servicio, como han venido haciéndolo hasta ahora”.

“Esto está provocando el bloqueo del acceso al sistema”, denuncia Aerte, que explica que las trabajadoras sociales de los hospitales o de los Ayuntamientos no pueden enviar a estas personas a los servicios que necesitan porque la prestación que le ofrece no cubre el importe de la plaza y no pueden pagar la diferencia.

Según Aerte, “solo pueden permitírselo las personas con gran capacidad económica y no es justo. El sector quiere atender a las personas en función de su necesidad, como venía haciendo hasta ahora, y no del dinero que tienen, pero la nueva regulación no lo permite”. Añaden que el Decreto 102/2022 también limita la posibilidad de elección de centros residenciales a muchas personas mayores, ya que solo pueden acudir a los centros cuya tarifa es inferior a las del coste de referencia que marca la Generalitat.

Además, esto impide que puedan recibir los servicios opcionales o añadidos, como una habitación individual, pues no pueden pagar nada más. Aerte asegura que han sido más de 100 residencias las que han informado a la Consejería de la imposibilidad de poder atender a personas con esta limitación.

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