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La patronal de residencias pide medidas preventivas ante el aumento de contagios

Aerte reclama pruebas diagnósticas periódicas para los trabajadores e incluso valorar la vuelta de las mascarillas para los residentes

El País
Un residente de un centro de Rafelbunyol recibe una dosis de la vacuna contra al covid, en una imagen de archivo.
Un residente de un centro de Rafelbunyol recibe una dosis de la vacuna contra al covid, en una imagen de archivo.Rober Solsona (Europa Press)

La patronal de residencias Aerte ha pedido a la Consejería de Sanidad una reunión para afrontar el incremento de los casos de covid en la Comunidad Valenciana y revisar el protocolo vigente, con la realización de nuevo de pruebas a los trabajadores tras sus permisos y vacaciones, las pruebas diagnósticas periódicas a los equipos profesionales, que no se pueda derivar a personas positivas a centros que no tengan casos, e incluso valorar la vuelta de las mascarillas para las personas residentes.

El nivel de incidencia, especialmente en los mayores de 80 años, “es muy elevado y las hospitalizaciones siguen avanzando”, señala Aerte. “A pesar de que la variante ómicron suele mostrarse de manera asintomática y con efectos menos graves, se está produciendo un aumento importante de los contagios. Esto es normal, si se tiene en cuenta que las salidas de los centros son totalmente libres, las restricciones en el exterior son nulas y que, a la vuelta a los centros, las precauciones que se pueden tomar son muy reducidas”, agrega el presidente de la patronal, José María Toro.

Toro ha solicitado hacer nuevos ingresos con las medidas preventivas necesarias en las residencias, aunque tenga brote abierto, y que se permitan los cambios voluntarios de residencias cuando la persona disponga de una PCR negativa.

La asociación denuncia además que hay problemas para cubrir los perfiles sanitarios en los centros y servicios sociales, que van a acrecentarse durante las vacaciones por lo que se ha vuelto a pedir la posibilidad de trabajar con estudiantes de Enfermería de último año o que se pueda contratar a personal con titulación pendiente de homologación. “A la par, se deberían crear equipos estables y específicos de atención sanitaria a estos centros en atención primaria dotadas con el personal necesario”, propone Toro.

Las residencias siguen, según Aerte, con una norma específica “que impide avanzar hacia la normalidad total en la vida de las personas que viven en estos centros”: exigencia de rellenar cuestionarios previos, requisitos de las visitas, la reserva de habitaciones para aislamientos, que afecta sobre todo a las residencias de menos de 40 plazas, o la necesidad de estructurar la organización del centro por unidades convivenciales.

“Creemos que es hora de eliminar las restricciones de manera definitiva, las personas que viven en residencias y el personal que trabaja en ellas deberían volver a la normalidad. Si se ha podido hacer en los centros de discapacidad y salud mental, también debería hacerse en los de personas mayores” indica el presidente de Aerte.

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La asociación pide que se revise la calificación que hace el Ministerio de Sanidad de los centros residenciales y que puedan funcionar con planes de contingencia dinámicos que le permitan adaptarse en cada momento a los distintos niveles de alerta, pero reduciendo las limitaciones actuales que afectan a la vida de las personas atendidas, a sus familiares y a la propia organización del centro.

Según Aerte, la aplicación de la tercera dosis a las personas usuarias reforzó aún más la protección de estos centros y sigue demostrando la eficacia de la vacuna como principal herramienta de lucha contra la enfermedad. Los brotes que se producen en la actualidad se desarrollan de manera leve, casi sin derivaciones hospitalarias, lo que permite seguir avanzado en esta línea.

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