‘Caso Azud’: La investigación sobre los negocios del cuñado de Rita Barberá que acabó salpicando al PSOE

El caso Azud empezó con una denuncia anónima presentada en la Agencia Tributaria de la Delegación de Valencia en la que se exponía el alto nivel de vida y las posesiones de la familia Corbín Barberá. La denuncia señalaba al cuñado de la exalcaldesa de Valencia Rita Barberá (PP), el abogado José María Corbín, como “negociador”, y la Agencia Tributaria detectó que la principal fuente de ingresos de su despacho procedía de empresas vinculadas con el Consistorio valenciano.

De la investigación a Corbín, iniciada en 2017 por el juzgado número 13 de Valencia, han surgido pesquisas sobre las empresas que le pagaban y los negocios de estas. Los registros en las sedes de las sociedades y en los domicilios de sus pagadores llevaron a la intervención de anotaciones y documentos de los que surgieron sospechas de operaciones ilícitas y que han acabado salpicando también al PSPV, el partido de los socialistas valencianos, por haber financiado gastos electorales a través de una constructora.

Durante los cinco años de instrucción que ha durado el caso, la mayor parte se ha desarrollado bajo secreto de sumario. Ahora se conocen los principales ejes de la investigación.

José María Corbín. Según la investigación, el 80% de los ingresos declarados por el despacho del cuñado de Rita Barberá entre 2005 y 2015 proviene de empresas que estaban relacionadas directa o indirectamente con adjudicaciones de contratos del Ayuntamiento de Valencia. “Los ingresos se hacían de dos formas: o bien las empresas adjudicatarias de contratos pagaban directamente a Corbin Abogados o bien dichas empresas pagaban a otra sociedad interpuesta que a su vez transfería parte del pago a Corbin Abogados”, indica el sumario. Un asesor del entonces vicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, declaró que este le comentó que estaba enfadado porque el despacho Corbin estaba a punto de cerrar porque no tenía trabajo, y que sin motivo comenzó a tener un volumen elevado. Según su declaración, el enfado pudo “estar motivado porque Alfonso Grau podría haber recibido indicaciones de Rita Barberá para que hablara con alguna empresa adjudicataria de algún concurso, para que contratara al despacho”.

Entre la documentación intervenida a José María Corbín se encontraron varios correos en los que el abogado parece reclamar a varias empresas el pago de cuantías, algo que hace periódicamente: “Cómo pasa el tiempo. Ya es otra vez día 5″, le escribió al representante de una constructora al que también pidió que revisara “al alza” un importe a transferir. Una de las empresas que supuestamente contrató a Corbín fue el Grupo Axis. La Unidad Central Operativa (UCO) considera los ocho contratos rubricados mendaces, es decir, falsos. El caso es que Axis, grupo empresarial de Jaime Febrer, le pagó a Corbín, al menos, 677.156 euros entre 2007 y 2013.

Jaime Febrer. La investigación lo sitúa en el centro de la trama. El pago a Corbín supuso que se le investigara y que, de la documentación obtenida en los registros, se dedujera la existencia de “una dinámica de funcionamiento consistente en el pago de comisiones ilegales a diferentes cargos públicos, ello con el objetivo de obtener decisiones favorables a sus intereses económicos provenientes de diferentes Administraciones Públicas” entre los años 1999 y 2013. Estas prácticas, según la Guardia Civil, se centraron en el Ayuntamiento de Valencia; “donde habrían contado con la connivencia de diversos cargos públicos y personas relacionadas que le habrían permitido concertarse de forma fraudulenta para el desarrollo de numerosos proyectos empresariales, vinculados esencialmente en el ámbito del urbanismo”. “También se habrían desarrollado o pretendido este tipo de prácticas en otras Administraciones Públicas”, añade la UCO en uno de sus informes.

Entre la documentación que se incautó a Febrer se encontraba su agenda, con multitud de anotaciones, contactos y citas de reuniones con varios políticos entre los que se encontraba Alfonso Grau.

Alfonso Grau. la investigación enmarca al exvicealcalde del Ayuntamiento de Valencia como el mayor beneficiario de las prácticas corruptas con el ingreso de mordidas que alcanzan los dos millones de euros y un incremento patrimonial de 738.000 entre 2004 y 2011. Uno de los nexos entre Febrer y Grau es la llamada “operación colegios”. “Esta trama es paradigmática en la medida que entran en su consecución la práctica totalidad de las personas investigadas y fundamentalmente aquellas a quienes se les abonaron grandes cantidades de dinero como comisiones ilícitas”, señala en un auto la jueza instructora. Entonces, la misma juez señaló: “Consta, por ahora, que quienes cobraron comisiones ilícitas por su participación necesaria e imprescindible para que el empresario Jaime Febrer y su grupo de empresas alcanzaran sus fines eran: José María Corbín y Alfonso Grau”. A estos nombres añadió el del jefe de los servicios jurídicos del Ayuntamiento de Valencia, ya fallecido y el más inesperado, el del exconcejal socialista y exsubdelegado del Gobierno, Rafa Rubio.

Rafael Rubio. La portavocía del grupo socialista en el Ayuntamiento de Valencia entre 2003 y 2007 estuvo en manos de Rafa Rubio. En los documentos intervenidos a Jaime Febrer apareció una anotación que, a juicio policial, suponía “una supuesta percepción por parte de Rafael Rubio de una serie de comisiones de naturaleza ilícita” y que tenían su origen en la operación de los colegios, una permuta de tres parcelas estratégicas en Valencia a cambio de hacerse cargo de la deuda contraída por el Ayuntamiento de Valencia y motivada por una resolución judicial que establecía indemnizaciones a varias congregaciones religiosas a las que se les había restringido el aprovechamiento urbanístico en el terreno en el que tenían sus colegios. Según la investigación, el empresario y Alfonso Grau diseñaron la operación y Rafa Rubio calló. Ese silencio, los “servicios prestados”, según señaló la jueza a “no poner escollo alguno” a la operación desde la oposición le reportó, según la UCO, 423.412 euros.

José Luis Vera. La documentación intervenida a Jaime Febrer destapó su relación con el abogado José Luis Vera, quien ha estado ligado al PSOE. Vera trabajaba para el empresario y, según la documentación, percibió de este, entre 2007 y 2012, algo más de un millón de euros. “Bajo el paraguas de apariencia de legalidad que otorgan las relaciones comerciales, supuestamente se habrían confeccionado marcos contractuales y de facturación ficticios, materializando pagos por servicios aparentemente inexistentes”, señala la Guardia Civil. Pero a Vera se le adjudica además un papel de conseguidor por sus relaciones con el PSOE. Y la Guardia Civil sostiene que tuvo un papel trascendental en una operación urbanística proyectada en el municipio alicantino de Jijona (Alicante), del PP, que nunca llegó a realizarse. Sin embargo, de las anotaciones intervenidas a Jaime Febrer, la UCO considera que acordaron el pago de una comisión por importe de dos millones de euros de los uno tendría como destinatario al propio Vera y el otro iría para el PSOE. De esta tesis y de las citas que el empresario tuvo con el ahora exresponsable de Finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, se adjudicó a Cataluña “un papel nuclear” en la obtención, gestión y utilización de la parte de la comisión ilícita que tendría como destinatario al PSOE. Con la vinculación de cobros y adjudicaciones, la Guardia Civil busca la identificación de un delito de cohecho.

José Cataluña. “Existen indicios de la existencia de una serie de pagos dimanantes del Grupo Axis [Jaime Febrer], por un importe superior a los 400.000 euros, y cuyos ulteriores destinatarios habrían sido una serie de mercantiles vinculadas al ámbito de la publicidad”, señala la UCO en uno de sus informes y sostiene que esas mercantiles, en realidad, realizaron trabajos para el PSOE en las campañas electorales de 2007 y 2008, con lo que sería la constructora quien habría financiado parte de esos procesos electorales. La Guardia Civil considera además que hay otras dos obras públicas de las que podrían haberse beneficiado los socialistas con el mismo sistema de endosar facturas a otros: la adjudicación de un tramo del trasvase del Júcar-Vinalopó y la de la desaladora de Moncofa. Por este último proyecto se ha imputado también al empresario Enrique Gimeno al que se acusa de haber pagado gastos de la campaña de 2008. En la documentación que se le ha incautado aparecen decenas de nombres y citas de reuniones, sobre todo, con dirigentes del PP.

Delitos. Pese a las acusaciones de la UCO sobre una posible financiación irregular de los socialistas valencianos, la jueza que instruye la causa lo hace por los delitos de cohecho, tráfico de influencias, malversación, prevaricación, fraude en la contratación y falsedad documental, ya que no puede hacerlo por delito electoral porque este no existía antes de 2015. Además, también se investiga un presunto delito contra la Hacienda pública, aunque un informe de la Agencia Tributaria que también está en el sumario indica que, por las cuantías investigadas, únicamente pueden ser perseguidos el exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, y el cuñado de Rita Barberá, José María Corbín.

Cinco piezas secretas. El sumario del caso Azud no ha terminado después de más de medio centenar de imputados (sobre todo, empresarios) y 290 tomos en papel. Además de la pieza principal y de la pieza 7 sobre el PSPV, quedan pendientes de conocer otras cinco piezas que, de momento, siguen bajo secreto de sumario.

La repercusión política. El presidente de la Generalitat y líder del PSPV, Ximo Puig, ha dicho en varias ocasiones que confía en la acción de la justicia y que ninguno de los implicados milita ya en el PSOE. El PP está aprovechando un extracto de una conversación de 2016 (cuando Puig ya había accedido a la presidencia de la Generalitat) entre un empresario y el ya entonces exresponsable de Finanzas de los socialistas valencianos, Pepe Cataluña, en el que esté habla del “jefe”. La UCO no reproduce la conversación entera ni el contexto de la misma. Tan solo tres frases en las que dice: “Ya he hablado con el jefe”. El PP, vapuleado por la corrupción durante los últimos años y con dos de sus expesidentes autonómicos (Eduardo Zaplana y Francisco Camps) a punto de sentarse en el banquillo por corrupción, no ha dudado en explotar la referencia con el consiguiente desgaste para el PSPV apenas a seis meses de la próxima cita electoral.