La Guardia Civil cree que la trama Azud financió dos campañas electorales del PSPV en 2007 y 2008

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil cree que tres empresas implicadas en la trama Azud corrieron con diversos cargos electorales de las campañas de los socialistas valencianos en 2007 y 2008. En un informe incluido en el sumario, los agentes señalan que, de la documentación incautada deducen que el PSPV no pagó gastos de merchandising, publicidad y buzoneo de las campañas en las que Carmen Alborch (2007) fue candidata a la alcaldía y María Teresa Fernández de la Vega (2008) cabeza de lista por Valencia al Congreso, sino que fueron empresas interpuestas e implicadas en la trama Azud.

En concreto, la financiación irregular, que estaría prescrita, procede, según el informe, de una operación urbanística impulsada en la localidad alicantina de Jijona que nunca se desarrolló. Según ha adelantado ValenciaPlaza, una de las empresas del promotor de dicho desarrollo, Jaime Febrer, abonó a una segunda empresa cerca de 260.000 euros que pagó facturas de otras cuatro firmas que fueron las que realizaron los trabajos para los socialistas.

El informe de la UCO forma parte de una pieza separada del caso Azud, que investiga el cobro de mordidas a cambio de adjudicaciones, tanto por parte del PP como del PSOE, y los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

Tal como indican los agentes en el informe, “la investigación desarrollada permite identificar a varios actores que, aparentemente por sus relaciones políticas y personales y pese a no ejercer cargo público alguno, habrían percibido comisiones durante el periodo investigado, habiéndolo hecho en atención a sus capacidades para provocar o viabilizar decisiones acordes a los intereses del Grupo Axis [propiedad de Jaime Febrer] provenientes de diferentes Administraciones Públicas”. Así, la UCO hila los intentos de Febrer por desarrollar una actuación urbanística para la que precisaba de una desaladora con determinados pagos realizados al abogado José Luis Vera, vinculado al PSOE y que trabajó para Febrer y que, según la UCO, se dedicó a la “obtención de fondos cuyo destinatario sería el PSOE”.

“Para el pago de esta comisión se habrían articulado una serie de operativas que, analizadas de forma conjunta, habrían tenido la aparente finalidad de encubrir el origen delictivo de los fondos: firma de contratos simulados, emisión de facturación ficticia, interposición de terceras empresas ajenas al grupo empresarial o simulación de prestación de servicios; entre otras”, sostiene la Guardia Civil.

Según el informe, “este no sería un caso aislado” y apunta, “existirían otros casos en los que actuaciones administrativas” desarrolladas en la empresa Pública Acuamed (dedicada a las desaladoras), que “habrían propiciado pagos en beneficio del PSOE”. Entre las empresas que nombra la UCO como pagadoras están Construcciones Luján, implicado en el caso Taula y el Grupo Gimeno, cuyo presidente fue condenado por financiación ilegal al PP.

En la primera fase de la operación, en 2019, la Guardia Civil detuvo al abogado José María Corbín, cuñado de Barberá, y a su socio, el letrado Diego Elum. En la segunda fase, en mayo del pasdo año, se detuvo al exvicealcalde de Valencia, Alfonso Grau, así como al subdelegado del Gobierno en Valencia Rafael Rubio (PSPV) y otras 12 personas. Además, se imputó al responsable de Finanzas del PSPV, Pepe Cataluña, activo hasta 2008. La UCO atribuye a este un papel destacado en la operativa en la que también se implica a la empresa Facsa a la que el mismo informe atribuye el pago de 70.817 euros para la compra de material electoral del PSOE.