La jueza del caso Azud vincula empresas de la trama corrupta con pagos electorales al PSPV en 2007

La titular de Instrucción 13, que dirige el conocido como caso Azud, ha vinculado a empresas de la supuesta trama corrupta liderada por el constructor Jaime María Febrer con pagos a firmas de publicidad que realizaron actos electorales para el PSPV en la campaña electoral de 2007. En un reciente auto, la jueza hace referencia al informe de la Guardia Civil y explica que la empresa pública Espacios Urbanos de Xixona abonó a Gigante Edificaciones y Obras -una de las empresas supuestamente colaboradora del Grupo Axis para la generación de fondos en efectivo con los que abonar comisiones ilícitas- una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad.

La jueza reproduce el informe de la UCO para desestimar un recurso del exresponsable de Finanzas del PSPS, José Cataluña, y expone cómo José Luis Vera actuaba de conseguidor entre el principal cabecilla de la trama, Jaime Febrer, y los ayuntamientos. Señala a Vera como responsable del contacto entre el empresario y el Ayuntamiento de Xixona “para que se firmara y redactara un convenio de suministro de agua entre la entidad estatal Acuamed (...) porque el PAI el Espartal solo podía desarrollarse si se obtenían suficientes recursos hídricos y en este punto, jugó un papel fundamental Acuamed”. Según la jueza “quedó claro es que habría un peaje que pagar por la obtención de los resultados” y, para ello, “se sostuvieron reuniones y comidas entre Febrer, Vera y el PSOE, en este caso, con José Cataluña que precisamente porque no ostentaba cargo orgánico en el partido pero tenía un gran peso y mando en el mismo podía actuar con total libertad”.

El auto sostiene que la empresa interesada en el desarrollo urbano abonó a Gigante “una importante suma de dinero en concepto de gastos de publicidad” y que esa última firma pagó a empresas de publicidad con las que trabajada el PSPV. En total, fueron 484.480 euros. Y la jueza concluye que a través de mercantiles interpuestas, a ingresar la cantidad reseñada a las empresas de publicidad que trabajaron para el PSPV.

El desarrollo urbanístico en Xixona nunca se ejecutó y el convenio con Acuamed no se llegó a firmar. Además, las partes consultadas por Efe opinan que los hechos descritos en este auto podrían estar ya prescritos y no pueden ser juzgados como financiación ilegal puesto que en 2007 no existía ese delito, incluido en el Código Penal de 2015.

El caso Azud investiga una presunta red corrupta para el pago de comisiones ilegales a cargos del PP y del PSPV cambio de favores entre los años 2004 y 2011 en el Ayuntamiento de Valencia, así como en otros consistorios valencianos.