Así le compró un constructor un piso al ‘número dos’ de Rita Barberá

El cerebro de la trama de sobornos Azud ocultó supuestamente a través de un contrato privado la adquisición de una vivienda en Valencia para el vicealcalde de la ciudad

El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau sale de su casa tras ser detenido en el marco de la Operación Azud, en mayo de 2021.
El exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau sale de su casa tras ser detenido en el marco de la Operación Azud, en mayo de 2021.EUROPA PRESS TV (Europa Press)

El constructor Jaime Febrer, uno de los principales investigados en la trama de sobornos en ayuntamientos valencianos desmantelada en la Operación Azud, recurrió a un alambicado subterfugio para regalarle supuestamente un piso de lujo al que fuera hasta 2015 vicealcalde de Valencia y factótum municipal, el popular Alfonso Grau, según los documentos a los que ha tenido acceso EL PAÍS.

El empresario adquirió para Grau en febrero de 2004 —cuando el mandatario conservador ya era mano derecha de la entonces alcaldesa Rita Barberá— una céntrica vivienda de 150 metros en la lujosa zona de la plaza Porta de la Mar de Valencia. Y, para abonar el inmueble, de 360.607 euros, firmó un contrato privado con los cuatro vendedores del piso, que se comprometieron por escrito a darle las llaves de la vivienda y a elevar a público la operación en un plazo máximo de un mes y medio.

Tres semanas después, el mandatario popular sellaba ante un notario de Valencia la escritura de compraventa de un inmueble con la misma referencia catastral y por un importe idéntico al recogido en el contrato privado. Sin embargo, en este último documento ya no figuraba Febrer como el hombre que adquiría el inmueble, sino el entonces dirigente del PP. El constructor había desaparecido de una escritura que aseguraba que el comprador (Grau) pagó el piso antes del trámite notarial.

Edificio de la Plaza Porta de la Mar de Valencia, donde se cuentra el piso adquirido por el constructor Jaime Febrer que en marzo de 2004 registró el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP).
Edificio de la Plaza Porta de la Mar de Valencia, donde se cuentra el piso adquirido por el constructor Jaime Febrer que en marzo de 2004 registró el exvicealcalde de Valencia Alfonso Grau (PP). Kike Taberner

“La parte vendedora confiesa haber recibido (360.607 euros) de la parte compradora antes de este acto, en la proporción correspondiente, por lo que se otorga carta de pago y queda obligada al saneamiento conforme a derecho”, recogía la escritura. Un documento sellado el 12 de marzo de 2004 que no hacía referencia al contrato privado previo entre los vendedores y Febrer.

Los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incautaron el pasado año el contrato privado de compraventa y la escritura notarial durante un registro en el piso de Grau de la plaza Porta de la Mar. Junto a estos escritos, los investigadores se llevaron también un presupuesto para amueblar el comedor y el despacho de la vivienda (47.663 euros) y un proyecto para acometer una reforma de albañilería en el piso del regidor (99.134) elaborado por un contratista del Ayuntamiento de Valencia, según el sumario.

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La trama Azud revela un esquema típico de corrupción municipal de los años del bum el ladrillo. La génesis de esta red radica en el papel de empresarios como Febrer, que supuestamente regaron con regalos —botellas de vino, plumas de lujo, exclusivas maletas, jamones—, mordidas en efectivo y en ladrillo a dirigentes municipales a cambio de millonarias adjudicaciones a su compañía, Construcciones Valencia Constitución S. L. La causa Azud acumula cinco piezas secretas e indaga los presuntos delitos de prevaricación, cohecho, falsedad documental, blanqueo, tráfico de influencias, asociación ilícita y grupo criminal.

Este periódico ha intentado sin éxito recabar la versión de los cuatro vendedores del inmueble, que se deshicieron de una propiedad procedente de una herencia. EL PAÍS tampoco ha podido conocer la opinión sobre la transacción de Febrer, el constructor que supuestamente agasajó con una vivienda en una zona privilegiada de la ciudad al que fue cerebro político de los mandatos de Barberá. “No quiere hablar”, indica el abogado de este empresario, Manuel Mata.

Grau, de 81 años, también evita detallar la operación que le permitió convertirse en marzo de 2004 en dueño de su vivienda. “No voy a decirle nada. Yo compré el piso. ¿Cómo puede ser que usted tenga documentos que yo no tengo?, ¿Por qué le están filtrando?”, zanja por teléfono.

El Juzgado de Instrucción número 13 de Valencia, que investiga la causa, envió el pasado año a Grau a prisión por recibir presuntas mordidas que sumarían dos millones de euros de esta red que indaga cómo contratistas de distintos ayuntamientos de la Comunidad Valenciana sobornaron con más de siete millones a políticos a cambio de adjudicaciones entre 1999 y 2013.

Tras permanecer casi seis meses en prisión, el exvicealcalde se encuentra en libertad provisional. Y encara otros frentes en los juzgados. Grau está siendo investigado por el denominado caso Imelsa, que indaga la presunta financiación de las campañas municipales del PP de Valencia de 2007 y 2011.

Además, el exdirigente fue condenado en 2019 a cuatro años de cárcel por aceptar relojes de lujo valorados en 25.000 euros de un contratista del Consistorio, cambiarlos por otros más caros y pagar la diferencia. El Supremo, sin embargo, le libró el pasado mayo de prisión al absolverle del delito de blanqueo y reducir su condena a nueve meses por este asunto, bautizado como caso Relojes.

Febrer, que se encuentra en libertad con cargos, pasó el año pasado cinco meses en la prisión valenciana de Picassent por este caso.

Junto a Grau, la Guardia Civil ha arrestado a más de 20 personas por su presunta conexión con la trama de sobornos. La nómina de investigados contempla a una hija del exvicealcalde de Valencia; al exsubdelegado del Gobierno Rafael Rubio (PSPV); al exjefe de los servicios jurídicos de la empresa pública Divalterra, José Luis Vera; y a la exalcaldesa popular de Xixona Rosá María Verdú, que supuestamente cobró medio millón de euros a través de una empresa pantalla por beneficiar a la red en una operación urbanística para construir una promoción de viviendas con campo de golf.

El abogado José María Corbín, casado con una hermana de Barberá y que ejercía como jefa de gabinete de esta, fue otro actor clave en la estructura. El letrado facturó hasta 602.156 euros en contratos ficticios (el 80% de sus ingresos) a empresas que luego recibían contratos del Ayuntamiento de Valencia. Corbín fue, a juicio de los investigadores, el conseguidor de la trama.


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Sobre la firma

Joaquín Gil

Periodista de la sección de Investigación. Licenciado en Periodismo por el CEU y máster de EL PAÍS por la Universidad Autónoma de Madrid. Tiene dos décadas de experiencia en prensa, radio y televisión. Escribe desde 2011 en EL PAÍS, donde pasó por la sección de España y ha participado en investigaciones internacionales.

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