La Generalitat valenciana deja el futuro de los ‘bous al carrer’ en manos de los ayuntamientos

Tras ocho muertos y 15 días después de pedir “valentía” para afrontar el debate sobre el futuro de los bous al carrer, la vicepresidenta y portavoz del Gobierno valenciano, Aitana Mas, dejó este viernes en manos de los ayuntamientos y las diputaciones cualquier decisión sobre los festejos taurinos de calle. Un día después de conocerse la violenta muerte de un anciano de 80 años por las embestidas de una vaquilla en Canet d’en Berenguer, apeló a la autonomía municipal y sostuvo que son estos entes los que deben decidir las medidas que se adoptan en estas celebraciones que han provocado también más de 300 incidentes por traumatismos.

Mas esquivó cualquier respuesta sobre si las soluciones que se están debatiendo —seguros más altos y sanciones más duras— son suficientes en ese debate sobre el futuro de una fiesta muy arraigada en buena parte de la Comunidad Valenciana donde, en los primeros siete meses del año, se celebran hasta 7.000 festejos. “Siempre hemos apelado a la autonomía municipal y volvemos a apelar a esa autonomía”, apuntó en la rueda de prensa posterior al pleno, celebrado en Castell de Cabres (Castellón). “Si los Ayuntamientos plantean cuestiones en Diputaciones, tendrán que negociarlas entre ellos, el Consell no se puede posicionar”, añadió la también consejera de Igualdad.

Aitana Mas, que apeló a su comparecencia como portavoz del Consell para eludir contestar a si su partido, Compromís, va a instar a que el debate se abra en profundidad, aseguró que ya se ha manifestado sobre los bous al carrer “en muchas ocasiones”. Hace 15 días habló de la existencia de una conciencia “animalista” y ya adelantó que el tema no formaba parte del acuerdo del Botànic en vigor. “Queda manifiesto cuál es el sentir y opinión del Consell”, dijo, mientras que el consejero de Hacienda, el socialista Arcadi España, que también compareció, se remitió a las palabras de la vicepresidenta.

El secretario autonómico de Seguridad y Respuesta a las Emergencias, Josep Maria Ángel, y el director general de Interior, Salvador Almenar, mantuvieron el miércoles una reunión con representantes de la Federación Valenciana de Municipios y Provincias (FVMP) y con alcaldes para abordar diversos aspectos relacionados con la responsabilidad y los seguros que deben contratar los promotores y organizadores de los festejos, y en la que los consistorios barajaron la creación de una mutua con la implicación de las diputaciones.

El presidente de la Diputación de Alicante y del PP de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón, señaló ayer que la primera institución está dispuesta a contribuir a mejorar la seguridad de los festejos taurinos de la provincia y favorecer la prevención y la información, así como el cumplimiento de la normativa. Rechazó la prohibición “las prohibiciones como forma de arreglar las cosas” y reprochó al Consell que dé la callada por respuesta y no tenga un criterio único sobre estos festejos.

Como los ahogados

Mazón indicó que este verano (en julio) en las playas valencianas han muerto 16 personas “y a nadie con dos dedos de frente se le ha ocurrido decir que hay que cerrar las playas”. “Lo que hay que hacer es reforzar la seguridad, dar una buena información y prevención”, incidió.

Por otra parte, la vicepresidenta se refirió a los presupuestos de la Generalitat para el año que viene y sobre los que las consejerías tienen de plazo hasta el lunes para presentar sus peticiones a la consejería de Hacienda. Para seguir trabajando en ellos, el pleno del Consell acordó que el grupo de trabajo para la elaboración de los presupuestos comience a trabajar la próxima semana, según fuentes del gobierno valenciano. Además, se acordó que esté presidido por el responsable de Hacienda, Arcadi España, que será también el encargado de convocar el grupo de trabajo y dar cuenta al pleno de Consell sobre los avances de ese grupo.

Además, el pleno aprobó el anteproyecto de Ley contra la despoblación en el que se contempla la discriminación positiva en el acceso a las ayudas públicas y deducciones fiscales para personas y empresas ubicadas en municipios en riesgo.