La polémica de los ‘bous al carrer’ se recrudece: las peñas amenazan con denuncias ante posibles prohibiciones y referendos
La Federación considera que las iniciativas políticas de abrir el debate sobre el futuro de los festejos “tienen una marcada finalidad electoralista” y reivindica “los derechos de los aficionados valencianos”
La Federació de Penyes de Bous al Carrer de la Comunitat Valenciana ha salido al paso sobre la propuesta de abrir un debate sobre el futuro de estos festejos populares que lanzó el pasado martes la vicepresidenta del Consell, Aitana Mas, secundada por otros responsables políticos de Compromís, sobre todo. La Federación considera que las recientes iniciativas políticas relacionadas con este tipo de festejos “tienen una marcada finalidad electoralista”, y anuncia que adoptará “las acciones judiciales que procedan” contra quienes vulneren “los derechos de los aficionados valencianos”.
La polémica se recrudece en el verano negro en que los bous al carrer se han cobrado siete muertos y al menos 300 heridos (por diversos incidentes en el transcurso de los festejos). Y no cesa. La Generalitat está investigando la presencia de un menor de 15 años en los toros de Gilet (Valencia) que resultó herido de gravedad por aun cornada el pasado miércoles.
La directiva de la Federació de Penyes a través de su presidente Germán Zaragozá, ha manifestado en un comunicado su “más firme rechazo” a “cualquier iniciativa sobre festejos taurinos que sea trasladada al Consell o a la Generalitat por cualquier partido político”, propuestas que “tienen una marcada finalidad electoralista y de visibilidad ante la proximidad de las elecciones municipales y autonómicas en nuestra Comunidad”.
“Quienes promuevan dichas iniciativas deben saber que tendrán que enfrentarse a la afición valenciana a los bous al carrer. En primer lugar, porque el derecho de acceso a la cultura (y la tauromaquia lo es indudablemente) está consagrado por nuestra Constitución y, por ello, la Ley 18/2013, reguladora de la tauromaquia como patrimonio cultural de los españoles, impone a las administraciones y poderes públicos la defensa, promoción y conservación de la tauromaquia en sus distintas modalidades, incluyendo los bous”, avanza la federación.
“En segundo lugar, porque ni los ayuntamientos ni las comunidades autónomas tienen competencia para prohibir o promover referéndum o consultas para impedir la celebración de festejos taurinos, como ocurrió con el referéndum o consulta de Xirivella, declarado ilegal por el TSJ de la Comunidad Valenciana”, apunta.
Un juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Valencia estimó en 2018 que el referéndum de Xirivella celebrado dos años antes fue una consulta alegal sin efecto jurídico vinculante. No obstante, el fallo admitía que la facultad del Ayuntamiento para adoptar una decisión discrecional sobre la celebración de los festejos.
El comunicado de las peñas concluye de la siguiente manera: “Y, en tercer lugar, porque los representantes electos de los ciudadanos y nuestras administraciones no pueden obviar ni el arraigo de los bous al carrer como manifestación cultural legalmente reconocida y protegida, ni que año tras año se aumenta el número de festejos realizados”.
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