El hermano de Puig, investigado por fraude de subvenciones, defiende la legalidad de las ayudas

Francis Puig, hermano del presidente de la Generalitat, Ximo Puig, aportará nuevos documentos a la causa que le investiga por un presunto fraude de subvenciones para tratar de demostrar que, en ningún caso, cometió un delito en la recepción de ayudas públicas. Así lo ha explicado su abogado, Javier Falomir, tras las cuatro horas en las que el hermano del president ha estado respondiendo a preguntas de la Fiscalía sobre los cuatro tipos de irregularidades señaladas por la Policía judicial de la Guardia Civil en un extenso informe en el que, sin embargo, no llegaba a ninguna conclusión. Falomir ha desdeñado el valor del trabajo de la Guardia Civil que recoge, según ha dicho, “cuestiones que podrían haber confirmado y no lo han hecho”, o “pagos que considera que no están acreditados cuando solo es que no los han visto”. De hecho, el propio escrito de la Guardia Civil señala: “A modo de resumen, se han encontrado varias irregularidades que pueden deberse a errores humanos o informáticos de mecanización y otro pudieran tratarse de mala fe”, y no dirimen cuáles pueden encuadrarse en cada una de las tipologías que alegan.

La causa investiga, tras una querella presentada por el PP, si existieron irregularidades en la concesión de subvenciones recibidas por varias empresas participadas por el hermano del presidente valenciano y concedidas por la Generalitat valenciana y la Generalitat catalana entre los años 2015 y 2018.

Pese a que las investigaciones se iniciaron hace más de tres años, Francis Puig aún no había declarado ante el juzgado que le imputa los presuntos delitos de fraude de subvenciones y falsedad. La instrucción sigue en marcha y, entre otras cosas, tiene pendiente que se presente el informe de Intervención de la la Generalitat valenciana y a la Generalitat de Cataluña sobre las ayudas otorgadas, tal como pidió la Fiscalía. Sobre estos, el abogado de Puig ha dicho que está seguro de que “no va a haber ninguna sorpresa” y ha explicado que ni siquiera el montante sobre el que la Guardia Civil ha puesto objeciones asciende a la cantidad de 120.000 euros que han de sumar para que se considere un delito. En ese momento, según ha adelantado, pedirán el sobreseimiento del caso.

El letrado ha destacado además que confían en que la causa se cierre “cuanto antes” porque se trata de un “procedimiento desafortunado basado en datos erróneos”, según ha dicho.

La defensa de Puig también ha hecho referencia a los cuatro tipos de irregularidades señalados por la policía judicial: facturas cruzadas; facturas sobre gastos que no están suficientemente justificados; el uso de los mismos gastos para justificar subvenciones de ambas administraciones y la omisión en las solicitudes de la referencia a haber recibido otras subvenciones. Sobre el primero, el letrado ha señalado que la acusación, ejercida por el PP, confunde la doble imputación del gasto con el hecho de que las mismas facturas se hayan aportado en una u otra administración, pero en ninguno de los dos casos se ha subvencionado íntegramente por ambas administraciones o doblemente un mismo gasto. La defensa de Francis Puig también ha explicado que existen gastos compensados porque la empresas que dirigía Puig tenía relaciones con otras empresas que eran clientes y proveedores al mismo tiempo. En cuanto a la ausencia de referencia de otras subvenciones, Javier Falomir, ha asegurado que la Generalitat de Cataluña no requiere esta información y que, por tanto, no se aportó.

Por su parte, el presidente, Ximo Puig, ha recalcado este lunes que la Generalitat no está “concernida” en la declaración judicial de su hermano Francis, como investigado por presuntas irregularidades en ayudas públicas, y que su empresa “deberá dar explicaciones trabaje quien trabaje”.

“El PP intentó involucrar a la Generalitat en esta cuestión y la Justicia dio portazo al PP”, ha subrayado el jefe del Consell, quien ha querido dejar claro que “es una cuestión que desde la perspectiva de la Generalitat quedó bien clara desde el primer momento”. Además, ha asegurado que el gobierno valenciano siempre acatará las decisiones judiciales y que cualquier empresa de la Comunidad debe tener “los mismos deberes y los mismos derechos”. “Es una empresa que deberá dar las explicaciones que tenga que dar, trabaje quien trabaje”, ha aseverado. Y ha hecho hincapié en que “si en un momento determinado se observan irregularidades, desde luego que la Generalitat pedirá las compensaciones o lo que corresponda”.