El PSOE busca el poder en Orihuela tras cuatro alcaldes del PP imputados

Una moción de censura fraguada entre concejales del PSOE y Ciudadanos, con la ayuda externa de Cambiemos, y firmada ante notario arrebatará la alcaldía de Orihuela (Alicante) al PP. Los 14 concejales del nuevo gobierno municipal igualarán la mayoría con la que, hasta este mes, la formación naranja había facilitado la segunda legislatura al mando de Emilio Bascuñana, el alcalde que en el pleno extraordinario de mañana deberá entregar la vara de mando a la socialista Carolina Gracia. Acabarán así más de tres décadas de poder popular en la ciudad alicantina, solo interrumpido durante una legislatura desde 1987 y repartido entre cuatro alcaldes: Luis Fernando Cartagena, José Luis Medina, Mónica Lorente y Emilio Bascuñana. Los cuatro vencieron en las urnas con un apoyo mayoritario o suficiente y los cuatro acabaron sentados ante un tribunal por diferentes causas judiciales, entre el simple hurto y la corrupción en cadena.

Las diferencias entre Bascuñana y los cinco representantes de Ciudadanos, José Aix, Luisa Boné, Mar Ezcurra, Ángel Noguera y Antonio Sánchez, han acabado por dinamitar el gobierno. Sus encontronazos se evidenciaron desde el principio, con continuas trifulcas y desencuentros que se sucedían a pleno sol y sin que nadie tratara de evitar su irrupción en los titulares de prensa. El acuerdo entre populares y liberales repetía el esquema que había asegurado para ambos partidos las riendas de la Diputación Provincial o el Ayuntamiento de Alicante. Y Orihuela, la histórica capital de la comarca de la Vega Baja del Segura, limítrofe con Murcia, no era un municipio cualquiera. Con 80.000 habitantes y unas proporciones geográficas descomunales, que llegan a encajonar localidades enteras en su término municipal, era un botín demasiado jugoso que el PP no se podía permitir perder, como sucedió en las elecciones de 2011, cuando un tripartito formado por Los Verdes, PSOE y CLR-Claro, un partido local, otorgó las llaves de la alcaldía al ecologista Monserrate Guillén.

Inicialmente, el traje de dos piezas de PP y Ciudadanos diseñado tras los comicios de 2019 parecía creado a medida para la ciudad. Pese a ser el pueblo de Miguel Hernández y Ramón Sijé, la monumental, episcopal, agrícola y, en las últimas décadas, turística Orihuela representa buena parte del argumentario que defienden ambas formaciones. Atravesada por los últimos coletazos del río Segura y rodeada de cultivos, la capital de la Vega Baja sitúa en todos los mapas la defensa del trasvase Tajo-Segura, en eterna lucha con la red de desaladoras que pretende instaurar la izquierda. También es el castillo que blinda el uso del castellano y que frena su progresiva implantación en los centros educativos, como capital de la única comarca de la Comunidad en la que el valenciano solo se escucha en una localidad, Guardamar del Segura. Como fortín del PP, se persiguen las bajadas de impuestos, el anticatalanismo y, desde que el Gobierno autonómico baraja implantar una tasa turística, aprovecha sus 18 kilómetros de costa, repletos de residentes extranjeros y colindantes con Torrevieja, para ejercer de paladín antitasa.

Presupuesto prorrogado

Nada de esto, sin embargo, ha servido para que los nueve concejales del PP y los cinco de Ciudadanos acerquen posturas. De hecho, ni siquiera han sido capaces de pactar unos presupuestos municipales, prorrogados desde 2018. Las cuentas oriolanas son anteriores a la dana que inundó la ciudad en 2019, cuando cayeron 500 litros por metro cuadrado que borraron todos los accesos al núcleo urbano por carretera y anegaron las calles y los terrenos que lo circundan. Son anteriores al estallido de la pandemia, a las restricciones de movilidad, al cese de la actividad y la crisis comercial y de suministros desencadenada el pasado verano. Son anteriores a la invasión rusa de Ucrania, la subida de la inflación y el encarecimiento desmedido de la electricidad y los combustibles. La necesidad de activar un presupuesto nuevo es la principal razón que esgrime el PSOE para el fichaje de los liberales y para convencer a los ediles de Cambiemos, la marca local de Podemos, de sacar adelante la inminente moción de censura.

La figura del alcalde Bascuñana tampoco ha ayudado demasiado, según manifestó su futura sucesora, Carolina Gracia. Y no solo por su carácter, poco proclive al consenso, en palabras de la concejala socialista, que cuenta con el respaldo del presidente de la Generalitat, Ximo Puig. Pese a que esta semana obtuvo el refrendo de la dirección autonómica del partido, con el líder popular Carlos Mazón a su lado, el primer edil, médico de profesión, tiene pendiente un juicio por presunta apropiación indebida de fondos públicos. Según la fiscalía, entre 2007 y 2014 percibió más de 200.000 euros como director territorial en Alicante de la Consejería de Sanidad, sin que consten informes con su firma ni su presencia en despacho alguno. Una imputación que entibia el apoyo del PP, que aún se escuda en la presunción de inocencia.

Con su paso por los banquillos, Bascuñana prolonga el legado de sus antecesores en el cargo. Con él, todos los alcaldes populares de Orihuela han protagonizado alguna causa. El primero fue Luis Fernando Cartagena, quien llegó a ser consejero de Obras Públicas en el Gobierno de Eduardo Zaplana. Fue condenado a cuatro años de cárcel por apropiarse de 48.000 euros que unas monjas recaudaron para ayudas sociales y que Cartagena decidió esconder bajo la tapa de un piano e ir adelgazándolo poco a poco. Después estalló la trama de corrupción masiva conocida como caso Brugal, que envió a juicio tanto a José Manuel Medina como a Mónica Lorente, ambos absueltos después de que un juez declarara ilegales los pinchazos telefónicos que evidenciaban, presuntamente, su implicación en la adjudicación irregular de la contrata de basuras municipal. No obstante, Medina fue condenado y posteriormente absuelto de un delito de prevaricación y Lorente, condenada por firmar el contrato de obras de una plaza que había inaugurado 17 días antes.

La exalcaldesa está imputada también en el juicio, actualmente en curso en la Audiencia de Alicante, de la rama de Brugal relativa a la adjudicación del plan zonal de residuos de la Vega Baja, en el que la acusación pide para ella cuatro años de reclusión. En este caso, el principal acusado es José Joaquín Ripoll, expresidente de la Diputación Provincial y exlíder del PP en Alicante, que supuestamente amañó la ubicación de un vertedero comarcal para la Vega Baja en una finca ubicada en una de las pedanías oriolanas, Torremendo, y negociada por dos empresarios, Enrique Ortiz y Ángel Fenoll, a cambio de diferentes contraprestaciones económicas y regalos como dos pisos, vacaciones en yate, viajes o el respaldo económico a una televisión local.