10 medidas para abolir la prostitución en España

La consejera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, propone cambiar las leyes estatales y autonómicas, sancionar la demanda y ofrecer asistencia a las mujeres para acabar con “esta forma de violencia de género”

Personas con carteles denuncian el estigma que sufren las prostitutas en el Día Internacional contra la Explotación sexual en Madrid, el pasado año.
Personas con carteles denuncian el estigma que sufren las prostitutas en el Día Internacional contra la Explotación sexual en Madrid, el pasado año.Andrea Comas

La prostitución es una forma de violencia de género porque las mujeres que se ven obligadas a prostituirse sufren todo tipo de violencias: sexuales, psicológicas y económicas. Bajo esta premisa, la consejera valenciana de Justicia, Gabriela Bravo, ha presentado esta mañana un decálogo de medidas para abolir la prostitución en España. “Ya es hora de acabar con tanto eufemismo para ocultar una vergüenza, un problema que nos avergüenza como sociedad democrática”, ha dicho la exportavoz del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que ha instado al Gobierno de Pedro Sánchez a que inicie “de una vez” los trámites para aprobar una ley.

El decálogo sintetiza el centenar de conclusiones del trabajo elaborado por un foro formado hace un año por una treintena de expertos del ámbito jurídico, de la administración pública, la sociedad civil y las universidades con el fin de elaborar una estrategia por la abolición. La consejera socialista ha hecho de este objetivo uno de los caballos de batalla de su acción política, aun sabedora de que muchas de las competencias son de ámbito nacional y de que en el seno del feminismo hay varias sensibilidades sobre la materia y también en el propio gobierno valenciano del Botànic, constituido por el PSPV-PSOE, Compromís y Unides Podem.

La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, presenta la estrategia de abolición de la prostitución.
La consejera de Justicia, Gabriela Bravo, presenta la estrategia de abolición de la prostitución. GVA (Europa Press)

De hecho, las principales propuestas pasan por la aprobación por parte del Gobierno central de una ley integral para la abolición, la modificación de varias normas nacionales y autonómicas, la sanción penal tanto del proxeneta como del cliente, así como de los propietarios de los establecimientos donde se ejerza la prostitución, y la protección de las víctimas con un plan de asistencia. Bravo ha destacado que sea “la Comunidad Valenciana la primera autonomía en abrir el proceso para la erradicación” y ha recordado los ejemplos de Suecia y Francia, que aprobaron leyes semejantes.

Ante un auditorio constituido por participantes del foro y por mandos de la Policía Nacional, la Policía Local de Valencia y la Guardia Civil, la consejera también ha aludido al expresidente socialista José Luis Rodríguez Zapatero, como un aliado en sus planes. El pasado noviembre el 40 Congreso Federal del PSOE aprobó en Valencia una enmienda que insta al Gobierno a presentar en esta legislatura una ley para abolir la prostitución.

Estas son, en síntesis, las 10 acciones presentadas esta mañana:

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1. La aprobación de una Ley Integral para la Abolición de la Prostitución. En este sentido, el Estado español ha asumido compromisos internacionales en materia de derechos humanos y de protección frente a la violencia contra las mujeres, como el Convenio de Estambul, que exigen el reconocimiento de las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género y la modificación de varias normas, como la de Extranjería. Esta ley integra ley debe basarse en tres pilares fundamentales. Uno es la persecución del proxenetismo en todas sus formas que conllevará la introducción de nuevos delitos en el código penal, como la tercería locativa (alquiler por parte de un tercero de un local o vivienda para la prostitución) o el rufianismo, en su forma actual conocida como lover-boy (inducción a la prostitución por parte de la pareja sentimental de la víctima). El segundo pilar es la sanción penal de la demanda y compra de sexo de cualquier naturaleza. Y el tercero es la protección de las víctimas, que son todas las mujeres en situación de prostitución. Se eliminará la sanción administrativa a las mujeres en situación de prostitución, modificando la ley de Seguridad Ciudadana, conocida como ley mordaza.

2. Reconocimiento de las mujeres prostituidas como víctimas de violencia de género. Esto supondría, en el ámbito autonómico, la modificación de la ley contra la violencia sobre la mujer de la Generalitat, que contempla la trata con fines de explotación sexual como una manifestación de violencia de género, pero no extiende este reconocimiento a todo tipo de prostitución, según Bravo. Esa ley autonómica es competencia de la vicepresidenta valenciana, Mónica Oltra. La líder de Compromís y la consejera de Justicia no mantienen una relación fluida y han evidenciados sus diferencias en los últimos años.

3. Elaboración de un Modelo de Ordenanza Abolicionista. Los ayuntamientos a través de las ordenanzas municipales tienen la competencia y capacidad para incorporar la abolición de la prostitución en el ámbito local. Se contemplan sanciones de hasta 3.000 euros.

4. Sanción administrativa a las personas propietarias de establecimientos donde tiene lugar la prostitución (tercería locativa). Gabriela Bravo ha anunciado la modificación en breve de la ley de su competencia de espectáculos públicos de la Generalitat “para incorporar como infracción muy grave permitir o favorecer que en el establecimiento se produzca la explotación de una persona prostituida, aun con su consentimiento. Esta infracción debería comportar, en cualquier caso, la clausura del local, que se tendría que extender incluso en el caso en que el responsable haya cesado en la actividad y sea otro quien solicite la apertura”.

5. Prohibición de los espectáculos y actividades públicas que inciten o fomenten la prostitución o cualquier forma de explotación sexual.

6. Sanción administrativa de la demanda de prostitución. Se sancionará a los demandantes de sexo, tanto en locales públicos como en las carreteras. Parte de la demanda y compra de sexo por pago se produce en las carreteras autonómicas. “Las mujeres prostituidas en estos espacios se encuentran en una situación de especial vulnerabilidad, dado que suelen estar poco concurridos y mal iluminados. Por ello, resulta necesario sancionar la demanda de sexo pagado en estos lugares y así, disuadir estas conductas”, añade el decálogo.

7. Sanción administrativa a los establecimientos que realicen publicidad sobre prostitución.

8. Garantía de recursos habitacionales a las mujeres prostituidas. “La situación de especial vulnerabilidad de las mujeres prostituidas les impide acceder, en muchas ocasiones, a una vivienda digna. Como consecuencia de esto, muchas de estas víctimas no encuentran alternativa a permanecer en las viviendas que les proporcionan los proxenetas”, dice una de las medidas.

9. Incorporación sociolaboral: refuerzo de los recursos formativos y sociolaborales específicos para las mujeres prostituidas.

10. Intervención y apoyo a víctimas de prostitución: fomento del Programa ALBA. “Las mujeres prostituidas se encuentran en situaciones de gran vulnerabilidad (e. desconocimiento del idioma, ausencia de permisos de trabajo y residencia, falta de recursos formativos, desconocimiento del entramado administrativo e institucional, etc.), que les impiden acceder a recursos públicos y ejercer sus derechos para iniciar el proceso de salida de la prostitución”. Este es la finalidad del programa Alba.

Bravo también ha anunciado una campaña para sensibilizar a los jóvenes que empezará este viernes.

Sobre la firma

Ferran Bono

Redactor de EL PAÍS en la Comunidad Valenciana. Con anterioridad, ha ejercido como jefe de sección de Cultura. Licenciado en Lengua Española y Filología Catalana por la Universitat de València y máster UAM-EL PAÍS, ha desarrollado la mayor parte de su trayectoria periodística en el campo de la cultura.

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