El ‘yonki’ del dinero que denunció la corrupción de sus compañeros del PP en Valencia pide ahora anular sus grabaciones

Marcos Benavent asegura al juez que él y su exsuegro manipularon las pruebas que originaron una serie de casos hace seis años por los que están investigados Eduardo Zaplana y Alfonso Rus

Marcos Benavent, conocido como 'el yonki del dinero', a su llegada a los juzgados de Valencia este miércoles.
Marcos Benavent, conocido como 'el yonki del dinero', a su llegada a los juzgados de Valencia este miércoles.Mònica Torres

El que fuera gerente de Imelsa, extinta empresa de la Diputación de Valencia, Marcos Benavent, conocido popularmente como el yonki del dinero, ha cambiado radicalmente su versión de hace seis años que posibilitó la apertura de varios casos de presunta corrupción relacionados con él mismo y sus compañeros del PP valenciano. Se trata de casos como Taula, Imelsa o Erial, que afectan al expresidente de la Diputación de Valencia Alfonso Rus o al expresidente de la Generalitat valenciana Eduardo Zaplana, entre otros numerosos cargos investigados o procesados. Benavent ha pedido la nulidad de las grabaciones que él realizó porque fueron manipuladas posteriormente por él. En una de ellas, por ejemplo, se registraba el pago de mordidas y cómo se contaban los billetes, entre otras prácticas corruptas que tuvieron mucho impacto mediático y judicial.

Marcos Benavent ha declarado este miércoles ante el juez y ha asegurado que él y su exsuegro manipularon y editaron las grabaciones que hizo en secreto para inculpar a determinados cargos y defenderse a sí mismo. El Marcos Benavent de hoy poco tiene que ver con el yonki del dinero de hace seis años. Entonces el hombre que hizo fortuna a la sombra de Rus se definió de esa manera y se dejó querer por los medios de comunicación, apostados en la Ciudad de la Justicia de Valencia, ante los que manifestó: “Quiero pedir perdón públicamente. Lo siento mucho. Asumiré lo que tenga que asumir, la culpa que sea y la cárcel. E intentaré reponer todo lo que me he llevado. Las grabaciones son verdad y va a salir mierda a punta pala”. Hasta 12 piezas separadas han surgido más o menos directamente de la macrocausa del caso Taula, también conocido como el caso Imelsa.

Las largas barbas de entonces y su aspecto de maestro yogui sin prisas para explicar su arrepentimiento han dado paso a un hombre nervioso, escurridizo, que ha declinado hablar con los periodistas. “He hablado [con la prensa] muchas veces y he sido lo más amable posible”, ha dicho a la salida, rodeado de reporteros. Dentro, ha cuestionado ante el juez de Instrucción número 18 de Valencia las grabaciones que aportaron la entonces diputada provincial de Esquerra Unida y hoy consejera de Transparencia, Rosa Pérez, y su exsuegro a la causa en varios pinchos. Ha indicado que están manipuladas, puesto que grababa lo que quería y luego cortaba lo que no le interesaba. Las grabaciones eran malintencionadas y buscaba que el interlocutor dijera lo que él quería oír. Ha insistido en que están descontextualizadas porque las editaba y las cortaba a su antojo, según ha trascendido de fuentes del caso. Ha lamentado la actuación de Rosa Pérez y la ha acusado de esconder pactos con su exsuegro.

Además, Benavent ha cuestionado la entrada y registro que hizo la Guardia Civil en el despacho de su anterior abogado y toda la documentación que se llevaron. Ha indicado que cuando regresó a España para preparar su defensa, guardaba toda la documentación que tenía en el despacho de su letrado. En un momento dado, la Guardia Civil se lo llevó todo y se quedó indefenso, ha manifestado. Por este motivo, su actual abogado ha impugnado esa entrada.

Estas declaraciones son especialmente relevantes porque afectan al llamado caso Erial y al expresidente de la Generalitat valenciana, Eduardo Zaplana, del PP. La hoja de ruta de esta causa (las licitaciones de los planes Eólico y de las ITV) tienen su origen en una documentación que un ciudadano sirio entregó a Benavent y que fue hallada en un registro del despacho de su primer abogado del exgerente de Imelsa. Esta incautación de la Guardia Civil no fue impugnada por el propio abogado afectado.

Todo indica que la nueva estrategia de Benavent pasa por alargar el proceso y sembrar de dudas la instrucción con el fin de poder beneficiarse de la doctrina de los frutos del árbol envenenado en virtud de la cual cualquier prueba que directamente o indirectamente se pudiera relacionar con una prueba nula debe también considerarse nula. Fuentes de la Fiscalía quitan importancia al cambio en la declaración de Benavent por el momento procesal y por la consistencia de las pruebas. Benavent ha cambiado de abogado y ahora dirige su defensa el penalista Juan Carlos Navarro.

Empresa pantalla

El caso Imelsa se remonta al año 2014, cuando la Fiscalía Anticorrupción abrió una investigación a raíz de una denuncia de EUPV en la que se aludía a una presunta trama de corrupción en Imelsa, la extinta empresa de la Diputación de Valencia. En concreto, se acusaba a Benavent de crear una empresa pantalla que facturaba a otras cinco mercantiles que a su vez cobraban a Imelsa por trabajos que presumiblemente no se realizaban.

De ahí se habrían desviado diferentes comisiones, perjudicando a las arcas públicas. La causa, que acabó dividida en diferentes piezas, en las que se han estudiado contratos con diferentes empresas relacionados, entre otros, con planes de inversión de campos y césped artificial, de piscinas cubiertas y campos de pádel, llevó a la detención e investigación en enero de 2016 del expresidente de la Diputación con el PP Alfonso Rus y parte de su cúpula en la corporación provincial, y también acabó en otra derivada: el caso Taula o pitufeo, que afectó al grupo municipal del PP en el Ayuntamiento de Valencia en la época de Rita Barberá al frente de la Alcaldía.

En varias de estas piezas ya se ha acordado la apertura de juicio oral. La primera es por las supuestas irregularidades en adjudicaciones a la empresa Thematica Events. En este caso se prevé sentar en el banquillo en una vista fijada para mayo y junio de 2022 a los primeros acusados que se enfrentan a delitos de prevaricación, malversación de caudales públicos, falsedad en documento mercantil y en oficial realizado por funcionarios, fraude en la contratación y blanqueo de capitales. Para Marcos Benavent la Fiscalía pide ocho años y tres meses de cárcel.

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