Los directivos de Castor afirman que nadie percibió temblores al inyectar gas

Los dos directivos de la sociedad Escal UGS —filial de ACS—, acusados en el juicio por los seísmos provocados por la inyección de gas en el proyecto Castor en 2013 y para los que la Fiscalía solicita seis años de cárcel, han declarado este lunes en la Audiencia Provincial de Castellón, donde se ha celebrado el primer día de la vista, que durante el proceso “nadie percibió el más leve temblor”. El almacenaje comenzó el 13 de junio y fue paralizado el 17 de septiembre de 2013 después de cerca de un millar de temblores.

Los entonces presidente y consejero delegado de la sociedad encargada de explotar el mayor almacén de gas subterráneo de España, Recaredo del Potro y José Luis Martínez Dalmau, han defendido hoy en su declaración que se cumplieron los protocolos de seguridad, además de subrayar que el lugar elegido para la instalación del depósito, frente a la costa de Vinaròs, “era el de menor peligrosidad sísmica de la Península”, ha asegurado Del Potro.

Según ambos ejecutivos, la actividad que llevó a cabo la empresa en el otoño de 2013 “no ha alterado” la peligrosidad en la falla de Amposta [cercana al almacén], que según defienden sigue siendo la más baja de España.

Del Potro ha explicado, a preguntas de la Fiscalía, que era conocida la existencia de “microsismicidad” en la zona pero que se daba la misma en dos ejemplos en plantas que todavía funcionan, y que el Instituto Geográfico Nacional (IGN) había determinado que lo mayor que podía producirse en la zona de inyección era un seísmo de 4,7 grados, una cifra “lejos de suponer un riesgo real”.

Este ejecutivo ha asegurado que el problema principal para desencadenar los sismos eran las presiones que se ejercen en el subsuelo. “Nosotros habíamos encargado estudios en 2003 y posteriores sobre cuáles eran las presiones máximas para evitar el riesgo de sismicidad y después de tener todas las autorizaciones seguimos haciendo estudios para mejorar los anteriores. Y el último nos lo hizo en 2011 el Instituto Francés del Petróleo, que es una autoridad en el tema, cuando además ya no teníamos ninguna obligación de hacerlo”.

Del Potro ha asegurado que el instituto francés “nos dijo que si no ejercíamos una sobrepresión superior a 49 bares (49 kilogramos por centímetro cuadrado) no había riesgo de provocar temblores en la falla de Amposta. Según el presidente, cuando estaban operando el depósito el máximo de presión al que llegaron fue de ocho o nueve bares “porque el almacén se comportó mejor de lo previsto”.

El proyecto Castor fue una concesión administrativa otorgada en 2008 para la explotación de un almacén subterráneo de gas aprovechando una estructura geológica de un antiguo yacimiento petrolífero de Amposta, a más de 1.700 metros de profundidad y a una distancia de 22 kilómetros de la costa castellonense de Vinaròs. La idea era almacenar hasta 1.900 millones de metros cúbicos de gas natural, lo suficiente como para suministrar el equivalente a 50 días de consumo de toda España, según se estimó. Para el almacenaje, el proyecto precisaba que se inyectara el gas en el depósito.

Según datos del Observatorio del Ebro, hasta el día de la paralización de las inyecciones de gas se produjeron 285 sismos, mientras que, una vez interrumpidas las actividades y hasta noviembre de ese año hay registro de otros 733. El mayor de ellos fue de una magnitud de 4,1. Tal como recoge el fiscal en su escrito de acusación, “el riesgo potencial de terremotos de consecuencias trágicas y nefastas para las personas, bienes y medio ambiente deviene incuestionable”. Los terremotos provocaron, además, decenas de desperfectos en las casas por lo que más de una treintena de propietarios de viviendas y locales que sufrieron daños por los movimientos sísmicos reclaman indemnizaciones.

Pese a estos informes, Martínez Dalmau ha apuntado en el estrado que el máximo de intensidades percibidas fueron de grado 3. En cuanto a daños, las intensidades se miden de uno a 12 y para que aparezcan grietas en las casas es precisa una intensidad de 6, lo que está muy lejos del nivel 3. Y en cuanto a los efectos sobre el medio ambiente, la sismicidad de la zona sigue siendo la natural, no hay alteración alguna”, ha afirmado. El ex consejero ha añadido que aunque existía una correlación temporal entre la inyección de gas y los seísmos, esta no era espacial, aunque ha reconocido que la disminución del caudal de inyección fue seguida de una caída de los sismos.

La Fiscalía pide para cada uno de los dos acusados seis años de cárcel por un delito contra el medio ambiente y los recursos naturales con riesgo para la vida e integridad física de las personas y con un grave riesgo irreversible o catastrófico, así como la condena a la empresa para que nunca más pueda realizar actividades en el subsuelo y en el sistema gasista.

En las próximas sesiones está previsto que pasen cerca de 200 testigos y una cuarentena de peritos que serán interrogados sobre si el inicio del desarrollo del proyecto acabó provocando cerca de un millar de movimientos sísmicos con los consiguientes daños medioambientales y materiales, como apunta la acusación. Según el escrito de acusación de la fiscal, los acusados actuaron “con absoluta ligereza y de manera totalmente irresponsable” puesto que estaban advertidos de las consecuencias que podía tener la inyección del gas en el depósito.