¡Ay! La moderación del Gobierno del Botánico

Hace nueve días, en su habitual comparecencia semanal ante los medios de comunicación tras la reunión del pleno del Consell, su portavoz, la también vicepresidenta y consellera, Mónica Oltra, utilizó la expresión “moderadamente satisfecho” para definir cómo se sentía el Gobierno valenciano ante el nuevo plazo fijado —finales de 2021— para que el ejecutivo de Pedro Sánchez presente una propuesta de reforma del modelo de financiación autonómica.

Un día antes, el 16 de abril, el Congreso de los Diputados había aprobado, con los votos en contra de Vox y la abstención del PP, una iniciativa impulsada por Compromís en la que se instaba al Ministerio de Hacienda a presentar la maldita propuesta antes de las doce campanadas que clausurarán el año en curso. Lo de “maldita” es de mi cosecha.

Así que, moderadamente satisfechos. ¡Lo que hay que oír!

¿Hace falta recordar que en enero de 2020 el presidenciable socialista, Pedro Sánchez, se comprometió a hacer lo mismo, en un plazo de ocho meses, a cambio de contar para su investidura con el voto del diputado Joan Baldoví, de Compromís? Enero de 2020-abril de 2021: los ocho meses ya van para 15 y se amplían, con el último plazo, hasta los 23. Pero el Gobierno valenciano se siente moderadamente satisfecho de no ver satisfecha la esencial reivindicación de los partidos que lo integran, ahora que son gobierno y también, antes, cuando estaban en la oposición y Mariano Rajoy tampoco satisfacía sus requerimientos financieros.

Si alguien tiene la tentación de recordarme, tras leer estas líneas, la retahíla de esas grandes circunstancias excepcionales que han obstaculizado la posibilidad de que en los últimos siete años —el actual modelo declinó en 2014— se haya puesto en marcha el engranaje político preciso para acometer la remodelación de un modelo caduco, injusto e ineficiente, con los valencianos especialmente, que se la ahorre. Me la sé de memoria y me resbala.

Algunos investigadores practican la llamada “etnografía de la humillación” para tratar de entender las extemporáneas reacciones de comunidades o grupos sociales habitualmente pacíficos y tranquilos. Es la humillación, estúpidos, parecen querer decirnos. La humillación de quien ve siempre postergadas sus demandas y pretensiones en beneficio de las de terceros; de quien siempre ve obstaculizados sus objetivos porque se priman los de otros que, estos sí, saben cómo presionar a su favor y hacer valer sus amenazas desestabilizadoras si no los alcanzan.

En su edición del pasado domingo, el diario La Vanguardia ofrecía en sus páginas una entrevista firmada por Enric Juliana, realizada al presidente del PNV, Andoni Ortuzar. Tuve que releerla dos veces para asegurarme que estaba justificada la indignación provocada por las nada herméticas respuestas del político vasco. Claro y conciso.

Reflexionaba Ortuzar que España necesita “un tiempo de reformas después de la epidemia” y se manifestaba en contra de un adelanto electoral en España, posibilidad que concienzudos analistas políticos vaticinan para la próxima primavera.

Repreguntado sobre el alcance y contenido de las reformas aludidas, el dirigente del PNV abogaba por transformaciones estructurales que garantizasen “una fuerte recuperación de la economía” y procurasen, además, “fortalecer la credibilidad de las instituciones”. Hasta ahí, nada que objetar. Ortuzar emite en la misma longitud de onda que lo hace Bruselas, antes de disponerse a soltar la guita que correspondería a España como país comunitario especialmente damnificado por la ola pandémica.

El resto de la entrevista es un ilustrativo ejercicio de humillación —volvemos a la etnografía de la humillación—hacía todos los territorios de España que no sean Cataluña o Euskadi. Vamos con los ejemplos entrecomillados: recomienda Ortuzar al Gobierno de Sánchez que ponga en marcha “las iniciativas necesarias para un nuevo equilibrio territorial, que pasan por el diálogo con la Generalitat de Catalunya y el cumplimiento de los pactos con el gobierno vasco”; añadía: “Creo que el PSOE y el PP —cuando el PP haya decidido que es lo que quiere ser una vez superada la depresión— van a volver a ser las fuerzas vertebradoras de la política española y van a tener que contar con Catalunya y Euskadi”; y culminaba así: “Es muy difícil que Pedro Sánchez pueda pensar en otros ejes políticos que no pasen por Catalunya y Euskadi”. En resumen: el futuro de España, en opinión del entrevistado, pasa por lo que se decida en dos autonomías cuya suma no alcanza los 10 millones de habitantes. A los 37 millones de ciudadanos restantes que habitamos la vieja piel de toro solo nos queda el recurso a asentir y mostrarnos “moderadamente satisfechos”. Lo peor no es que Andoni Ortuzar barra para su casa y la de sus compadres catalanes; lo peor es que nadie en el resto de la geografía española haya salido a replicarle que no, que así no.

El próximo miércoles, día 28, se cumplen dos años de las últimas elecciones autonómicas que dieron paso a la reedición del Pacto del Botánico y a la configuración de un nuevo Consell integrado por las principales fuerzas de la izquierda valenciana. Cuando en unos meses empiece la temporada de encuestas y sondeos para ir preparando el próximo ciclo electoral, se pueden encontrar con que los valencianos nos sentimos moderadamente cabreados y humillados con su moderada satisfacción.

El plan “B” de Camps

La batalla de Valencia por el liderazgo político en la ciudad y el gobierno de su ayuntamiento suma un nuevo aspirante: Francisco Camps. Al calor de resoluciones judiciales que le exoneran, el ex presidente del Consell viene anunciando desde hace un tiempo sus intenciones de regresar a la política activa por la vía municipal. Las declaraciones que ha hecho a medios de comunicación en los últimos días ratifican sus intenciones: ha solicitado a su todavía partido, el PP, que cuente con él para ser candidato a la alcaldía de Valencia. El ninguneo hacia su compañera de partido y candidata in pectore, María José Catalá, es épico.

Es difícil que el PP recoja el guante lanzado por Camps y le rehabilite políticamente. No importa. La determinación del expresidente del Consell es absoluta y la fórmula de una Agrupación de Electores se revela como su “plan B”; eso sí: deberá reunir las 5.000 firmas que la ley exige para presentar candidatura bajo esta fórmula.