Financiación: hartos no, lo siguiente

En el año 2015 el entonces candidato socialista a la presidencia de la Generalitat -hoy, su presidente-, Ximo Puig, dio a conocer su programa de gobierno mediante la edición de un opúsculo titulado El problema valenciano tiene solución. Exhaustos de ofrendar nuevas glorias. En poco menos de doscientas páginas, impregnadas y trufadas de citas y referencias a algunos de sus referentes políticos e intelectuales -Olof Palme, Daren Acemoglu, Adela Cortina, Joan Romero, Vicent Andrés Estellés-, el aspirante presidencial invitaba a los valencianos a reflexionar sobre lo que pudimos ser, lo que habíamos acabado siendo, y lo que podíamos aspirar a ser. Y ofrecía sus recetas para, con el concurso de todos, situar a la Comunidad Valenciana “entre las regiones más avanzadas socialmente de Europa”.

Destaco, por su rotundidad, uno de los párrafos recogido en la contraportada del libro, ubicación que delata la importancia del contenido: “Un elemento esencial, y determinante, será conseguir una financiación autonómica justa. Sin ello, desarrollar un verdadero autogobierno será una quimera y un engaño para los ciudadanos, que solo incrementará la frustración de sus expectativas y el descrédito de la política democrática”.

En aquel ya lejano 2015 nadie podía imaginar que un lustro después el mundo se pararía por una pandemia global. Bastante teníamos entonces con tratar de asimilar y deglutir otra pandemia, la de la corrupción, que ofrecía titulares gloriosos de raíces valencianas cada amanecer.

Ximo Puig empezó su reinado al frente del Consell en junio de 2015, presidiendo un gobierno de coalición integrado por socialistas y Compromís, con el apoyo parlamentario externo de Podemos. Bautizado como Gobierno del Botánico, cumplirá en breve el ecuador de su segunda edición.

Han pasado cerca de seis años, una legislatura y media, y el nuevo modelo de financiación autonómica sí que es una quimera, un engaño, una frustración. Y su inexistencia supone un descrédito para los partidos firmantes del pacto de Botánico. Los músculos de sus dirigentes se resienten aún de las agujetas de agitar la bandera de una financiación autonómica justa para la Comunidad Valenciana como elemento vertebrador de sus relatos político/electorales.

Arrancó el Botánico su andadura con Mariano Rajoy, del PP, en la Presidencia del Gobierno de España, y continúa su singladura con Pedro Sánchez (PSOE) posicionado en el Palacio de la Moncloa, auxiliado en las bandas por Unidas Podemos. Da igual. Ni con un gobierno liderado por el PP ni con uno encabezado por el PSOE se ha resuelto la crónica, que no coyuntural, infrafinanciación valenciana. Los informes elaborados ad hoc por el Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (IVIE), la Universidad de Valencia y el propio Ministerio de Hacienda, han devenido en silenciosos notarios que levantan acta sobre la condición de la autonomía valenciana como el territorio peor financiado de todo el Estado. Exquisitos cadáveres de papel, registros informáticos, perdidos en un cajón o en la llamada nube.

Siempre hay una excusa, una coartada para no abordar el problema con la urgencia que exige: el conflicto catalán, la inestabilidad política, el adelanto electoral, la repetición electoral. Y la pandemia, esa especie de bálsamo de Fierabrás que todo lo justifica ahora.

Una financiación autonómica ajustada a la realidad social de cada autonomía, a su peso poblacional, no es un simple enunciado político. Un colega transmutado en asesor de grandes corporaciones, con afinado olfato político y fina capacidad de análisis, me repite en nuestras conversaciones telefónicas: “Desengáñate, el problema de la financiación no engancha al ciudadano, no construye relato electoral, no aúna voluntades”. Puede que tenga razón. Puede que sea porque somos analfabetos políticos y ha fallado la didáctica de explicar que la financiación autonómica se traduce en servicios públicos; que, a mejor financiación, mejores prestaciones sanitarias y educativas, más gasto social, más y mejores infraestructuras, más políticas de creación de empleo. En resumen: más calidad de vida. Vayamos a lo concreto: la pandemia de COVID-19 ha puesto el foco sobre la atención sanitaria primaria, cuyos profesionales, sobrepasados, se han desgañitado denunciando la falta de medios antes del virus, durante, y ya veremos después. Según datos dados a conocer por el Ministerio de Sanidad y el Instituto Nacional de Estadística, referidos a 2018, el gasto medio sanitario público español en asistencia primaria por habitante es de 183 euros. Muy por encima se sitúan autonomías como Extremadura (246), Castilla-La Mancha (240), Castilla y León (233) o País Vasco (217). La Comunidad Valenciana está a la cola con un gasto de 168 euros por habitante. Esa diferencia notable tiene que ver con un modelo de financiación autonómica inicuo y se traduce en listas de espera, falta de personal, medios insuficientes, etcétera. Así con todos los servicios públicos. Pandemias aparte, cada vez que usted llama a su centro de salud y le dan cita para tres semanas después, ya sabe que hay una causa, y no es debido a que los médicos se la pasan tocándose la barriga.

El pasado 31 de marzo el Banco de España nos informó de que la Comunidad Valenciana cerró 2020 con una deuda pública de 50.807 millones de euros. No se moleste en trasladar la cifra a pesetas porque sufrirá un amago de infarto. Es la segunda deuda autonómica más elevada, por detrás de Cataluña, y equivale al 48,6 por cien del PIB autonómico. ¿Somos unos manirrotos los valencianos? ¿Gestionamos de pena? No. Sucede que esa deuda es el fiel reflejo de una histórica infrafinanciación que exige recurrir de continuo al endeudamiento, mediante diversos y perversos instrumentos, para poder seguir costeando los servicios públicos transferidos y asumidos por la Generalitat Valenciana.

En respuesta al informe del Banco de España, el conseller de Hacienda, Vicent Soler, recordó la necesidad “inaplazable” de un nuevo modelo de financiación autonómica “que incluya mecanismos para compensar la deuda histórica de la Comunidad Valenciana”. Escuchamos estas y parecidas declaraciones, en bucle, desde hace años.

De seguir así, y tiene toda la pinta de que acabamos la legislatura sin ver mejorada nuestra financiación, quizás, vete a saber, los valencianos empiecen a plantearse a qué diantres se dedican los 44 diputados y senadores valencianos, de todos los partidos del arco parlamentario, con escaño en Madrid; y los 99 diputados autonómicos con plaza en las Cortes Valencianas. Y un Gobierno del Botánico que tras seis años en el poder no ha satisfecho su principal reclamo electoral. Exhaustos de ofrendar nuevas glorias, sí, y de tanta invisibilidad, y de tanta excusa, y de tanto buenismo político por parte de quienes han firmado un contrato para defender, como principal gallardete, los intereses de los 5.004. 844 ciudadanos que habitamos en este rincón del Mediterráneo.