El Consejo de Garantías Estatutarias avala la ley para regular el alquiler de temporada
El informe del ente estatutario confirma la constitucionalidad de la norma, salvo la prórroga de la condición de protección oficial

El Consejo de Garantías Estatutarias (CGE) ha avalado el proyecto de ley para regular el alquiler de temporada, si bien sostiene que uno de sus artículos, referente a la prórroga de la condición de protección oficial, sí vulnera el principio de seguridad jurídica y de reserva de ley. Los partidos de izquierda han celebrado el contenido del dictamen y han avanzado que en todo caso impulsarán ya su tramitación parlamentaria en el próximo Pleno del próximo 15 de diciembre y que será el último del año.
El dictamen, que no es vinculante, cuenta con dos votos particulares y concluye que no se han vulnerado los derechos de participación de los diputados, el principio de autonomía local, la competencia del Estado sobre las bases de las obligaciones contractuales, ni las competencias de la Generalitat. Una vez emitido el dictamen, solicitado por los grupos de Junts y del PPC, el texto del proyecto de ley podrá votarse en sesión plenaria para obtener la luz verde definitiva, donde verá la luz verde al contar con una mayoría que lo apoya.
El dictamen fue solicitado por Junts y PP a principios de noviembre y paralizó la tramitación parlamentaria de esta iniciativa. Tras la difusión del informe, las diputadas Eva Candela (PSC), Ester Capella (ERC), Eva Candela (PSC), Ester Capella (ERC), Susanna Segovia (Comuns) y Laure Vega (CUP) han celebrado el dictamen y que lo estudiarán por si se puede enmendar el aspecto que se refiere a las zonas tensionadas y la protección oficial.
Candela ha dicho que están estudiando bien el informe, y que “puede ser enmendable dentro del periodo de enmiendas” que se abrirá hasta el Pleno, mientras que Segovia ha sostenido que se han asesorado jurídicamente para blindar el decreto, y que el CGE tan solo sugiere que se debería hacer a través de otra modificación legislativa. A su juicio, esa medida es imprescindible porque hay actualmente “miles de viviendas que pierden la protección” y que el hecho que se plantee como medida temporal y en zonas tensionadas garantiza la seguridad jurídica de la medida.
Por su parte, Capella ha criticado la demora a la hora de poder aprobar el proyecto por el hecho que Junts y el PP lo llevaran al CGE: “Los de siempre intentando evitar la garantía de derechos del conjunto de los ciudadanos y el acceso a la vivienda”, ha afeado. A esta crítica se le ha sumado Vega: “Que la derecha catalana y la derecha española hayan recurrido esta ley, que sólo intentaba blindar un derecho de quienes encuentran las formas para saltarse una ley ya existente, no es una sorpresa, pero es algo que hay que recalcar”.
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