La mayoría de investidura avanza sin Junts en la ley para regular los alquileres de temporada

PSOE, Sumar, ERC, EH Bildu y PNV han firmado este martes una propuesta de articulado para regular los alquileres de temporada y por habitaciones tras pactar varias modificaciones sobre el texto inicial en la ponencia del Congreso que discute la norma. El movimiento, que suma a los socialistas y a la formación jeltzale a una proposición de ley registrada por los grupos nacionalistas y de la izquierda, avanza así un paso más en el trámite parlamentario, pero lo hace sin el acuerdo de Junts, que anunció hace dos semanas su ruptura con el Gobierno y, por tanto, el bloqueo a todas las iniciativas que partan de las formaciones de la coalición.

La previsión es que la Comisión de Vivienda vote el dictamen en su próxima sesión, que se celebrará con probabilidad la semana que viene. La intención de la izquierda y PNV es poder aprobarlo ahí sin necesidad de que vaya a pleno. En este órgano hay mayoría de los socios (ya sin contar a Junts), porque el Grupo Mixto está representado por Podemos, un balance que en el hemiciclo es distinto, y por eso el PP ha pedido ya llevarlo a pleno, donde forzarán, seguramente, una derrota. En caso de pasar al Senado directamente desde la comisión, la Cámara alta podría en cualquier caso vetar o enmendar la ley y descafeinarla por completo. La aprobación en el Congreso solo serviría para dar un poco de aire al Gobierno en un momento muy complejo de la legislatura.

El texto que reforma algunos artículos de la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) pretende acabar con uno de los principales agujeros de la norma de vivienda que vio la luz en 2023. Entonces quedaron fuera de la regulación los alquileres de temporada y por habitaciones, modalidades que escapan al control de precios y que han servido a los caseros para aplicar subidas.

La proposición inició su andadura en el Congreso en diciembre del año pasado, después de introducir algunos cambios para atraer a Junts, que había tumbado una primera propuesta en el pleno tres meses antes. La ley, una iniciativa que partía de las demandas planteadas por el Sindicato de Inquilinos, ha estado casi un año guardada en un cajón. Hace una semana, en un gesto de los socialistas hacia los grupos de izquierda, se reactivó la ponencia para discutir a puerta cerrada el articulado.

El texto pactado finalmente introduce varias modificaciones sobre la propuesta inicial. Entre otras, se considera alquiler temporal aquel que no exceda los 12 meses de duración (frente a los nueve planteados inicialmente).

Esta modalidad contará con las mismas garantías que un contrato de arrendamiento habitual, incluyendo la prohibición de cobrar honorarios al inquilino, los límites de fianza y la regulación de los precios. Si la causa no está justificada o si se encadenan contratos temporales con los mismos locatarios, el contrato pasará a ser automáticamente de 5 o 7 años.

En el caso de los alquileres de habitaciones, la suma de la renta de las habitaciones no podrá superar el tope establecido para los pisos. Además, los locatarios quedarán protegidos con las mismas garantías que si tuvieran un alquiler habitual de un piso entero.

Entre otras cuestiones, el articulado prohíbe el cobro de IBI y de seguros de impago a los inquilinos. También se permite al inquilino hacer reparaciones y descontar su coste a la renta, en los casos en que el propietario no estaba cumpliendo con su obligación.