Junts salva al Gobierno con una abstención que impide aprobar la iniciativa del PP sobre la vida de las centrales nucleares

En otro giro de guion inesperado, Junts ha salido este jueves al rescate del Gobierno para impedir la aprobación de una enmienda del PP a la ley de movilidad sostenible en el Congreso que buscaba suprimir la fecha de cese definitivo de explotación de las centrales nucleares de Almaraz (Cáceres), Asco I (Tarragona) y Cofrentes (Valencia).

El partido de Carles Puigdemont se ha abstenido en la votación, que se ha saldado con el sí de 171 diputados y el no de 172. El movimiento sorprende justo una semana después de que Junts escenificase su ruptura con el Ejecutivo y cuando tan solo 24 horas antes se produjo un duro cara a cara entre su portavoz parlamentaria, Míriam Nogueras, y el presidente Pedro Sánchez, al que llamó “cínico e hipócrita”. La formación ha advertido después que el resultado no supone ningún cambio en la relación con el Gobierno. “Si algunos piensan que el que no haya prosperado una enmienda del PP es una victoria, más grande será la derrota”, ha asegurado Nogueras, quien también ha acusado a los populares de haber planteado mal y sin diálogo el problema de las nucleares, informa Javier Casqueiro.

La que a priori iba a ser una jornada de éxito para el Ejecutivo, porque Junts había excluido esta norma y la de atención a la clientela (que ha recibido también hoy el visto bueno del Congreso) del rechazo anunciado al resto de leyes del Gobierno, se ha convertido en otra sesión incierta durante varias horas para la coalición. Fuentes del Ministerio para la Transición Ecológica defendían en todo caso que el texto del PP no alteraba la hoja de ruta ni tenía consecuencias prácticas sobre la vida útil de las centrales.

La enmienda de los populares ha acaparado buena parte de la atención del debate sobre la ley del Ministerio de Transportes, una norma fundamental para recibir de Bruselas 10.000 millones de euros de los fondos europeos. La modificación nada tiene que ver con un texto que reconoce por primera vez el derecho de las personas a una movilidad sostenible, vinculado a la obligación de elaborar una Estrategia Estatal contra la Pobreza de Transporte.

Mikel Otero, de EH Bildu, ha tachado de “chapuza jurídica”, la iniciativa del PP. “Incluso aquellos que no tiene problema con el alargamiento con la vida de las centrales nucleares les pedirían que no acepten esta aberración”. “Cuán miserable es jugar con las ilusiones de las personas que viven de su trabajo en las centrales nucleares. Cómo se pueden utilizar para la lucha partidista”, ha afeado la parlamentaria de ERC Inés Granollers.

“Pido al Gobierno que no se esconda, que no se refugie en la petición de prórroga, ni en un informe del Consejo de Seguridad Nacional, ni en esta enmienda. El Gobierno tiene toda la potestad para rechazar la prórroga. Los ministros de Sumar lo tenemos claro”, ha defendido en su turno de palabra el diputado del socio minoritario de la coalición Eloi Badia.

“Lo peor es el intento de hacer revivir el discurso pronuclear, haciéndonos creer que es una energía moderna. Es cara, peligrosa e injusta”, ha defendido por su parte la diputada de Podemos, Noemí Santana.

“Ardo en deseos de saber si esta ley va a ser una de esas facturas que pretende cobrarle Junts a Sánchez”, ha ironizado Carina Mejías, de Vox, grupo muy crítico con la ley, a la que ha calificado de “estafa”.

Después de varios días sin pronunciarse, el Gobierno aseguró este miércoles que la enmienda intentaba generar “la falsa idea de que han conseguido revertir el carácter definitivo de cierre de las centrales al quitarlo de las órdenes ministeriales, pero no es así. No supone automáticamente una prórroga para las instalaciones. El derecho a solicitar una ampliación no lo crea una orden ministerial, sino la normativa vigente”, afirmaron fuentes del departamento, que subrayan que lo que sí hacía la iniciativa es crear “inseguridad jurídica” e introducir “ruido y confusión”. Las mismas fuentes recordaban que el Consejo de Seguridad Nuclear es el que debe pronunciarse con un informe preceptivo. “La enmienda modifica de forma discrecional y unilateral las órdenes ministeriales en las que se establece el cese definitivo de explotación, sin que medie una solicitud de informe al CSN, de modo que privan al CSN de pronunciarse sobre dicha modificación. Es algo que en 2012 el PP sí consideró necesario para el caso de Garoña”, añaden.

Indemnizaciones por retrasos en AVE

El Congreso también ha aprobado otras enmiendas que afectan, por ejemplo, a las indemnizaciones en caso de retraso en la alta velocidad (a partir de 30 minutos se devuelve el 100% del billete y un 15% desde los 15 minutos de retraso). Esta modificación ha sido cuestionada a la salida del pleno por el ministro de Transportes, Óscar Puente, que ha recordado que Renfe no es la única compañía que opera y que la medida puede afectar a la libre competencia. La empresa señala que evaluará la forma jurídica para seguir aplicando las indemnizaciones actuales.

También se ha dado luz verde a garantizar por ley que no se puedan eliminar rutas ni modificar horarios de los autobuses que tienen trayectos entre pueblos (que ha salido con PNV y Junts); y una iniciativa sobre el etiquetado de vehículos. El rechazo de Junts también ha sido clave para evitar la congelación de las tasas de AENA propuesta por el PP.

La nueva ley recoge que las empresas de más de 200 trabajadores deberán contar con planes de movilidad sostenible al trabajo y puntos de recarga para coches eléctricos. La ley impulsa la recuperación de trenes nocturnos de conexión con Europa e incluye una reforma de las etiquetas ambientales de la DGT. También se promoverá la “reducción de los vuelos domésticos en aquellas rutas en las que exista una alternativa ferroviaria con una duración menor de dos horas y media”, salvo en casos de conexión con aeropuertos que enlacen con rutas internacionales.