El Govern desestima las primeras demandas de dueños de pisos turísticos que piden indemnizaciones por su cierre

La Generalitat ha desestimado cinco de las demandas de indemnización que ha recibido por parte de dueños de pisos turísticos que piden ser compensados por el decreto ley que prevé que en 2028 decaigan las actuales licencias de viviendas de uso turístico (HUTs en sus siglas en catalán) en Cataluña. El departamento de Territorio afirma que ha recibido 23 demandas, mientras la patronal Apartur anunció en su día que serían muchísimas y asegura que han sido más de un millar. En cuatro de los casos, la resolución negativa es causada por defectos de forma. En la única que se ha entrado en el fondo, la secretaría del Govern argumenta que los cinco años que se permite seguir haciendo la actividad, entre 2023 y 2028, “actúan como indemnización directa y global” tras el nuevo marco jurídico y cree que no cabe ninguna compensación adicional. La patronal Apartur responde que la desestimación es el paso previsible antes de la vía judicial, explica que han recurrido al contencioso y que han pedido al juez que eleve la cuestión al Tribunal de Justicia de la UE (JTUE).

La última negativa, justamente la que entra en el fondo de la cuestión, se aprobó en la sesión del Consell Executiu de hace dos semanas. El caso se remonta al 27 de mayo del año pasado, cuando la entidad A.P, propietaria cinco HUT en la calle Diputación de Barcelona, presentó su reclamación. El texto, tras argumentar que se trata de una ley “de naturaleza expropiatoria que no reconoce el derecho a la justa indemnización”, solicitaba al Govern 1,5 millones de euros, un cálculo que consideraba que el daño se generaba desde la misma aprobación del decreto ley, el 7 de noviembre de 2023.

El texto, además, defendía que la norma “invade la competencia exclusiva del Estado en legislación sobre expropiación forzosa” y que se priva a los afectados del derecho a la tutela judicial efectiva “al privar a los afectados del derecho a acudir a los tribunales para cuestionar la supuesta indemnización fijada unilateralmente”. La primera petición al Departamento de Territorio y Sostenibilidad se remonta al 8 de mayo de 2024.

En el acuerdo de Govern del pasado 4 de noviembre, los servicios jurídicos de la Generalitat insisten en que el régimen transitorio de la norma, que da cinco años de cadencia para la retirada de la licencia, ya hace las veces de indemnización. “La mercantil A.P. puede seguir ejerciendo la misma actividad durante un término de entre cinco y diez años”, dice el texto. Además de ese dinero, sostienen los letrados, y mientras que Barcelona no declare expresamente la compatibilidad de la vivienda de uso turístico con la de uso de domicilio habitual no se podrán incorporar nuevos pisos turísticos. “Hasta entonces, la competencia quedará limitada a la actualmente existente y esa circunstancia, incluso, podría hacer incrementar el valor patrimonial de sus títulos habilitantes”, explica.

La patronal Apartur calculó hace un año que las reclamaciones en el conjunto de Cataluña podrían ascender a 10.000 millones de euros. En septiembre de 2024, solo en Barcelona, los representantes del sector anunciaron la solicitud de compensaciones por parte de 1.500 propietarios y 25 empresas gestoras: ascendían a mil millones, a razón de unos 650.000 euros por piso. En la ciudad hay 10.000 apartamentos turísticos y la entidad alertaba de que las reclamaciones patrimoniales ascenderían a un global de 3.000 millones de euros. Finalmente, las reclamaciones patrimoniales solo en la capital catalana ascendieron a 4.250 millones de euros por parte de propietarios de 7.200 HUTs. En el resto de Cataluña, donde hay 103.000 apartamentos turísticos con licencia, estimaban que podrían alcanzar los 7.000 millones. Lo que estos propietarios pedían exactamente eran las pérdidas por las inversiones realizadas en las viviendas turísticas y las ganancias que tendrían en el futuro.

Ante las respuestas de la Generalitat a las primeras demandas que pedían indemnizaciones, Apartur replica que lo esperaban y que habrá desestimaciones que se producirán por silencio administrativo, pasados seis meses de la denuncia, si no tiene respuesta del Govern. Y recuerdan que era el paso previo a recurrir a los tribunales. De hecho, Apartur ha presentado un recurso ante el contencioso-administrativo que se tramita ante el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) y ha pedido al juez que eleve al Tribunal de Justicia de la UE (TJUE) una cuestión prejudicial por entender que la supresión de las licencias de viviendas de uso turístico vulnera normativa comunitaria.

La directora General de Apartur, Marian Muro, defiende que “las desestimaciones no afectan a un proceso que en última instancia deberán dirimir los tribunales”. Y explica: “Actualmente, la vía judicial ya está en marcha, tanto ante los tribunales catalanes como ante la UE, contra un decreto que vulnera hasta seis apartados de la normativa comunitaria y que el Ayuntamiento de Barcelona pretende usar para eliminar todo un sector económico que ya estaba ordenado y limitado en la ciudad desde hace más de una década, que contribuye a la economía local de manera diseminada por todos los barrios, y cuya desaparición impedirá cubrir las necesidades de alojamiento de visitantes que tiene la ciudad”. La patronal afirma que no tiene todavía respuesta del TSJC a su petición de elevar el caso a Europa.