Solo uno de cada cinco escuelas hará las pruebas para detectar trastornos de aprendizaje a los alumnos

Unas 450 escuelas públicas y concertadas (lo que representa casi el 20% del total) se han apuntado a participar en las pruebas para detectar trastornos de aprendizaje de sus alumnos. Las pruebas son voluntarias -los centros deciden si las pasan-, cuando en marzo se anunció que serían obligatorias, cosa que ha generado opiniones opuestas entre los diferentes sectores. Se trata de una especie de cribado a los que se someterán en enero los alumnos de 1º y 3º de primaria con el objetivo de hacer aflorar problemas en el lenguaje o de dislexia. “Necesitamos detectar las necesidades desde una mirada educativa y ver qué intervenciones se pueden hacer en el aula para ayudarlos y, finalmente, mejorar los resultados educativos”, resume Susana Tarapiella, directora general de Educación Inclusiva.

Existe un consenso en que el aumento de la diversidad en las aulas y de alumnos con necesidades -entre ellas provocadas por algún trastorno de aprendizaje, de conducta o discapacidad- está lastrando los resultados de los alumnos, porque los maestros no pueden realizar las clases con la tranquilidad de hace unas décadas y no llegan a atender las especificidades de cada alumno. En los últimos años, los mecanismos de detección han mejorado mucho y han hecho aflorar muchos trastornos, pero ahora el Departamento de Educación quiere dar un paso más promoviendo la detección temprana para atajar los problemas cuanto antes mejor.

De esta forma nace las bautizadas como pruebas APPA (Acciones de prevención para promover el aprendizaje), que los maestros pasarán en enero a los alumnos de 1º de primaria para detectar problemas de lenguaje y en 3º, focalizadas en la dislexia. Adicionalmente, se ha enviado a los centros una guía elaborada por el Colegio de Logopedas con los signos de alerta que deben tener en cuenta los maestros de infantil a 2º de primaria. “En Infantil3 nos encontramos cada vez más con chupetes, biberones y comida triturada, cosa que hace que la zona bucal no esté tan desarrollada, a lo que se suma el problema de las pantallas y que los niños no estén estimulados a nivel del lenguaje”, apunta Tarapiella.

Los docentes se encargarán de recoger los resultados de las pruebas y lo enviarán al Departamento a través de un aplicativo, y recibirán un retorno con los resultados ya en febrero. “La idea es que todo lo que se pueda se trabaje desde el aula, pero los casos más graves se derivarán a Salud, porque se están preparando cambios en atención primaria para incorporar servicios como logopedas y psicólogos”, avanza Tarapiella.

Educación quiere ampliar su radio de acción a otros trastornos como la discalculia o la discapacidad intelectual y ya el curso que viene se introducirán otras pruebas en 5º de primaria y 1º de ESO, aunque todavía queda por definir qué se quiere detectar. Paralelamente, la directora general asegura que se ha encargado a la Universitat de Girona para que actualice la guía de detección de altas capacidades –“la documentación es de 2013”, apunta-. Tarapiella también afirma que se evaluará la experiencia de este curso para decidir si el año que vienen pasan a ser obligatorias.

En marzo, el Departamento anunció que todas las pruebas arrancarían este curso, y que serían obligatorias. Pero las direcciones, a través de la junta central, pidieron que fueran voluntarias. Al final se han inscrito unos 450 centros, una cifra que Educación valora positivamente, ya que se esperaba que fueran menos, unos 350. “No puedes hacer universal una medida nueva sin haberla probado antes. Tiene que haber una evaluación y corregir las cosas a mejorar antes de hacerlas obligatorias”, defiende Arturo Ramírez, miembro de la junta de directores, quien ve necesaria la existencia de estas pruebas. “En 30 años no había visto una situación tan preocupante, cuantitativa y cualitativamente, como la de ahora. La detección precoz nos debe dar pistas para atender a los alumnos antes, que no se cronifiquen los problemas y después sea más difícil corregir la situación”, añade el director.

Desde la concertada también ven bien que sean voluntarias, para aquellos centros donde no hay tanta detección por parte de los maestros. “Las pruebas son para hacer estadística o para ayudar en el aula, lo que necesitamos somos más recursos”, tercia Eva Aguiló, de la escuela Verge de la Salut de Sant Feliu de Llobregat, quien también destaca el aumento de las necesidades. “En algunas escuelas se ha doblado el número de alumnos con trastornos, que pueden llegar al 10 o 20% del total del aula”, añade.

Otras voces reclaman que las pruebas sean censales, para no crear desigualdad entre alumnos. Mireia Sala, miembro del Colegio de Logopedas que formó parte en la elaboración de la guía enviada a las escuelas, considera que si las pruebas son voluntarias “habrá infradetección” y además cree que se deberían pasar antes. “En infantil ya se ve si hay algún problema y en 1º de primaria ya es tarde, porque es cuando ya debes intervenir; y en 3º ya ha pasado la etapa más importante para poder intervenir”, lamenta

Un 77% de aumento

La percepción que tienen en las aulas se corrobora con las estadísticas: el curso pasado había 42.266 alumnos de edades de 3 a 16 años (un 4% del total de matriculados) con algún trastorno o discapacidad, los calificados como NESE A, en centros ordinarios, lo que supone un incremento del 77% respecto a los 23.857 escolarizados en el curso 2017-18, según datos del Departamento de Educación. Los diferentes expertos consultados justifican este aumento por la mejora en los procesos de detección, aunque también añaden otros elementos.

Rosa Bosch, psicóloga del área de salud mental del hospital Althaia espera que este porcentaje aumente hasta el 10 y 20%, y se corresponda con el nivel de prevalencia de estos trastornos. Bosch explica que ahora se tienen en cuenta otros elementos a la hora de diagnosticar y defiende la investigación sobre las causas, incluyendo factores ambientales como la contaminación, que un estudio reciente de Vall d’Hebron y Sant Joan de Déu asoció a los problemas de conducta de los menores. “También habría que estudiar otras cosas, como la edad de los padres, la alimentación, las pantallas, las condiciones sociales…”, añade Bosch. Mireia Sala también apunta a las nuevas metodologías. “La lectoescripura requiere de intensidad, constancia y de práctica sistemática. Cada día hay que leer y hacer ejercicios de escritura. Pero en los últimos años se ha bajado la intensidad”.