La bronca política bloquea la Comisión que se encarga de las demandas ciudadanas en el Parlament de Cataluña

En su primer año de legislatura, la Comisión de Peticiones del Parlament de Cataluña trató apenas cinco demandas ciudadanas registradas en la Cámara catalana. Embarrada entre la aplicación del cordón sanitario y los reproches cruzados por la gestión de la única presidenta de Vox (Mónica Lora) al frente de una comisión parlamentaria, la utilidad del órgano que debe recoger las peticiones populares fue más bien escasa. El problema es que no se avistan mejoras: de las 19 comisiones (legislativas o de reglamento) funcionales de la Cámara, la de Peticiones y la de Deportes (presidida por Comuns) son las dos únicas que no han empezado el curso político ni tienen convocada una fecha de regreso, a pesar de que fuentes de Vox aseguran que volverán a ponerla en marcha “en octubre”, aunque no concretan cuándo.

La Comisión de Peticiones tramita las demandas que los ciudadanos hacen al Parlament. Desde cuestiones referidas al precio del pellet; ayudas económicas para celíacos; o a la creación de una línea de buses entre Barcelona y Torredembarra. Una vez analizadas, las peticiones se derivan a otras comisiones, a los grupos políticos para que promuevan iniciativas legislativas; o directamente al Govern, entre otras vías. Pero nada de ello ocurre porque en una especie de bloqueo permanente, las peticiones ciudadanas (algunas registradas hace tres años) se acumulan en el cajón a la espera de ser despachadas.

El último capítulo se vivió en la última sesión del curso pasado, celebrada en junio. Duró apenas 15 minutos y a nadie le extrañó porque fue la tónica de todo el año. La presidenta Lora no habilitó un canal telemático para que el diputado Lluís Puig (Junts), residente en Bélgica a la espera de la aplicación de la amnistía, pudiera participar; y tras mantener su decisión a pesar de las demandas del resto de grupos (solo el PP la respaldó), la sesión se levantó sin tratar ninguno de los temas del orden del día. Ahora los letrados del Parlament estudian si la diputada de Vox incumplió el reglamento de la Cámara modificado el año pasado para permitir precisamente, entre otras cosas, que Puig y Puigdemont puedan intervenir telemáticamente.

La inacción de la comisión viene de lejos. A pesar de que inicialmente la diputada Ennatu Domingo (Junts) obtuvo en junio de 2024 la presidencia de la mesa en la sesión constitutiva, la Junta de Portavoces (el órgano integrado por los portavoces de todos los grupos y presidido por el presidente del Parlament, Josep Rull) dictaminó en septiembre de 2024 que era Vox a quien le correspondía asumir la presidencia por razones de representación parlamentaria. Con 11 diputados, el partido de ultraderecha reivindicó su presencia al mando y el Parlament accedió por cuestiones reglamentarias.

Domingo dimitió y, al no tener presidenta, la Comisión suspendió la segunda sesión. Para evitar ratificar a Mónica Lora como nueva presidenta, los grupos que firmaron el pacto antifascista no se presentaron a la tercera sesión, que también fue suspendida. Y ya en la cuarta, en marzo de 2025, estos asistieron, pero no participaron de la votación que dio, con el apoyo del PP, la primera presidencia de Vox en una comisión del Parlamento catalán.

El pacto antifascista (como se denomina el cordón sanitario en Cataluña) en el Parlament es la propuesta que todos los grupos, a excepción del PP, asumieron para aislar a Vox y Aliança Catalana de la actividad parlamentaria. El presidente, Josep Rull, ya advirtió en su llegada al cargo de que la Cámara catalana debía erigirse como “bastión democrático”, y Cataluña ha conseguido de forma casi inédita en todo el Estado (el Tribunal Constitucional anuló en 2022 el cordón sanitario en el Parlamento vasco) un consenso amplio para evitar el impacto de la extrema derecha en el día a día político.

En esta línea, la Junta de Portavoces ya situó a Vox en la anterior legislatura al frente de una comisión de un perfil tan bajo (Comisión de Consolidación de Textos Normativos) que la propia ultraderecha rechazó la presidencia. En esta ocasión, sin embargo, Vox sí asumió la de Peticiones, aunque con un resultado de escasa continuidad.

Tras media legislatura con la Comisión parada por el choque entre Vox y el resto de formaciones, el órgano debatió en abril (ocho meses después de su composición) en la quinta sesión las cinco primeras peticiones del curso. Pero cuando la sesión estaba ya acabando, Lora advirtió de que el diputado Puig había seguido la sesión desde Bruselas. “La Mesa no ha autorizado que se pueda conectar nadie por videoconferencia y lo traslado a los letrados”, avisó a modo de preludio de lo que ocurriría en la siguiente sesión, el pasado 22 de julio.

Al poco de empezar la sexta y última sesión, la portavoz de Junts, Sònia Martínez, reclamó la participación de Puig, pero Lora la rechazó de nuevo al entender que Junts no había realizado una petición “formal”, sino una “comunicación”. La presidenta de la Comisión defendió, además, que la presencialidad es “una obligación y no un derecho”, a lo que Junts denunció una “vulneración” del reglamento. Vox entiende que la decisión del Tribunal Constitucional de anular el voto no presencial de Puigdemont y Puig, el pasado mes de marzo, avala su posición.

Tras un año con más reproches que trabajo, el diputado Mario Garcia (PSC) advirtió en la última sesión del riesgo de seguir por la misma línea: “Estamos en una comisión que recoge las peticiones de los ciudadanos. No sé si estos espectáculos, que son más internos del Parlament, deben estar por encima de las necesidades de los catalanes”, planteó.

El caso ha llegado hasta los letrados del Parlament, a petición de Junts, que reclama un expediente sancionador a Lora “por extralimitarse de funciones”, “vulnerar” el derecho de participación de Puig y “abuso de poder”, según trasladó el grupo a la mesa del Parlament. Los servicios jurídicos deberán elaborar un informe para dictaminar si la diputada de Vox contraviene los postulados de la Cámara.